Querellas y verdades: el caso de Marcel Claude

En marzo de 2004 el ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid encontró que no había razones para procesar a Marcel Claude y cerró la causa incoada por el senador Andrés Zaldívar -existe otra, iniciada por su hermano Adolfo- por considerar que aquel no había incurrido en delito alguno. Una Sala de jueces, la sétima, de la referida Corte, sin embargo, nueve meses después parió la determinación de que sí hubo injurias graves del economista en contra de la indefensa honra de los cristianos patricios.

 
Todo comenzó con el trámite de la llamada «ley corta de pesca», un esfuerzo -fallido, asegura Claude como veremos- del «stabilshment» para controlar la depredación de los recursos marinos. Cabe señalar que los Zaldívar eran entusiastas y firmes impulsores de la ley, que entregaba -con el afán de ordenar la actividad- cuotas de pesca a las grandes empresas del ramo.

En un programa de televisión ¡emitido hace más de dos años! Claude -director de Océana, una fundación internacional para la defensa de los mares- denunció -cierto, con palabras duras- que los Zaldívar mantenían vínculos con un grupo económico ligado a la pesca industrial, el grupo Angelini. Dijo que los senadores, al haber promovido y votado esa ley, de hecho habían cometido un acto de corrupción puesto que, entre otras, se favorecía a la empresa Eperva, de la que son accionistas.

De hecho las empresas que Claude vinculó de una u otra forma a los Zaldívar lograron el 80 por ciento de las cuotas de pesca en dos regiones del país.

 
En forma unánime los jueces de Corte de Apelaciones chilena estimaron -revocando la actuación de su colega- que Claude, de manera «deliberada y consciente (tuvo el) propósito de atribuirle a los senadores Andrés y Adolfo Zaldívar actos de corrupción en el trámite legislativo». Causándoles «deshonra y descrédito».

Declaración de Claude

 
Lo que está en juego en Chile no es, en realidad, la mucha o poca honra o crédito de los hermanos Zaldívar; lo que convierte al acuerdo de los jueces superiores en información que salta las fronteras del país austral es un asunto que atañe a la libertad de expresión -seriamente amenazada- y a la viabilidad de la industria pesquera. El director de Océana emitió una declaración pública en la tarde del 29 de diciembre, puntualizando: «El tiempo ha demostrado la veracidad de nuestras denuncias sobre el impacto que la nueva legislación tendría en los recursos marítimos, para ello, baste mirar los últimos informes oficiales que indican una dramática disminución de las principales especies pesqueras, entre ellas la merluza y el jurel».

Agregó que se «ha confirmado que la Ley Corta de Pesca, ha beneficiado sólo a los grandes industriales del rubro, y que la moción presentada por Andrés Zaldívar, para incluir a las I y II regiones en esa ley, benefició directamente a Corpesca, pesquera del Grupo Angelini en la que el senador y varios familiares suyos poseían acciones, al otorgarle el 80 por ciento de las cuotas de pesca para esa zona».

Dispuesto a «enfrentar todas las instancias judiciales que corresponda» el director de Océana y presidente de Corporación Representa afirmó que la «pérdida patrimonial para todos los chilenos durante al 2003, por el agotamiento del capital natural marino, fue de más de 22 millones de dólares, mientras que las utilidades de las empresas pesqueras de la familia Angelini, alcanzaron aproximadamente los 60,7 millones de dólares en el mismo período. Es decir, casi un tercio de las utilidades de las empresas de Angelini se explica por el uso de recursos de propiedad de todos los chilenos.

«Por lo anterior es que comparto el agrio diagnóstico que el renunciado ex presidente de la Comisión de Pesca del Senado, José Ruiz de Giorgio, expuso al alejarse del cargo, al decir que «aquí se ha legislado al ritmo que marcan las empresas pesqueras» y que no existen las condiciones para seguir legislando de manera adecuada frente a este tema».