REPRESION EN CHILE, MATANZA EN ECUADOR

A contrapelo de las declaraciones y la intención de la presidenta Michelle Bachelet, en orden a facilitar y reconstituir el diálogo entre autoridades y ciudadanía,la policía chilena cargó con todo al repirmir a grupos de personas que intentaron expresar su opinión en las calles del puerto patrimonio de la humanidad.

Aunque la fuerte represión policial no es novedad en el país –de lo que pueden dar fe los mapuche, estudiantes, ecologistas y trabajadores cuando se movilizan– sorprendió la violencia desatada contra un grupo de alumnos del Liceo Industrial de Valparaíso, que el 12 de abril recién pasado se manifestaban por la libertad de los presos políticos mapuche frente al establecimiento. Las Fuerzas Especiales –grupo operativo de elite– detuvieron a algunos manifestantes.

Minutos después, en otra zona del puerto principal de Chile –en las inmediaciones de los cerros Barón y De los Placeres carabineros detuvo a otros 15 jóvenes, que no estaban realizando actividad alguna, por alterar el orden público. Entre los detenidos había una decena de mujeres. Todos denuncioaron haber sido maltratados y golpeados luego de la revisión médica de rigor.

Una semana después, el 19 de abril antes de llegar a la Plaza Victoria, en el centro de la ciudad, una marcha pacífica fue disuelta con abuso de violencia. Los detenidos fueron siete. Y el día 24 una protesta de la Comisión de Derechos Humanos frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue reprimida con gases, agua y palos. En esta oportunidad fue apaleado un reportero gráfico del diario El Mercurio.

Finalmente el 28 de abril unos 17 jóvenes que realizaban una caminata en silencio en solidaridad con los cuatro presos mapuche –que cumplían 48 días en huelga de hambre– fueron brutalmente golpeados con puños y bastones antes de ser llevado a una comisaría. Y cuando frente a ésta familiares y conocidos pretendieron inquirir qué pasaba con ellos, fueron reprimidos por un carro lanza-agua.

Nelson Agustín Aramburu, secretario ejecutivo de la Comision Ética contra la tortura de la región dijo que ésta ha decidido interponer un recurso de protección en los tribunales, para intentar frenar los desmanes policiales, ya que desde que asumieron las nuevas autoridades políticas «es evidente el poco respeto a
estas o, lo que sería mas grave, la permisividad o apoyo que brindan a los abusos de la fuerza publica.

Nueva masacre en Ecuador

El 27 de abril una incursión de hombres armados –presumiblemente de madereros furtivos– ingresó al territorio de los pueblos indígenas aislados de Yasuní, provincia de Orellana y habría masacrado a unas 30 personas, hombres y mujeres, en respuesta a la muerte hace pocos días de un trabajador ilegal de la madera por lanceamiento y como una medida para facilitar su ilícita labor.

Un dirigente huaorani de Tiguino l informó que personas de su comunidad transportaron desde el interior de la selva dos cadáveres de mujeres aparentemente del pueblo taromenane con huellas de muerte por disparos de escopeta.

En el río Shiripuno, cerca de la comunidad huorani de Ñoneno, fue localizada una bodega ilegal con gran cantidad de madera cortada.

Alex Rivas Toledo, de la La Veeduría para la Protección de los Pueblos Aislados de Yasuní dio a conocer a la opinión pública que desde 2004 viene llamado la atención nacional para concretar medidas que protejan los derechos, la vida y los territorios de los frágiles y últimos pueblos aislados del Amazonas ecuatoriano. En el contexto de los confusos incidentes que aquí se informan, la Veeduría hace conocer las siguientes demandas al Estado nacional:

1. Que se proceda a ejecutar una investigación exhaustiva de los eventos ocurridos en Yasuní a fin de determinar autores, cómplices y encubridores de esta nueva masacre a un pueblo indígena aislado.

2. Que se proceda al inmediato cierre de todas las vías de ingreso a la región de la Zona Intangible de Yasuní, hogar de los pueblos aislados, (carreteras y ríos) a fin de evitar nuevas hostilidades y masacres.

3. Que se proceda a la inmediata expulsión de los maderos asentados en la región sur de Yasuní, al decomiso de todo implemento utilizado para las labores forestales y a la implementación de un programa de vigilancia permanente.

4. Que la información sobre este caso circule libremente y se tome en cuenta los procesos de contraloría social y seguimiento que organizaciones de la sociedad civil realizan sobre este urgente tema.

La Veeduría solicita también que el relator especial de Naciones Unidas para pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, que actualmente visita oficialmente Ecuador, recoja esta información e inste a las autoridades nacionales a una solución integral que proteja permanentemente a los pueblos ocultos de Yasuní.

La Veeduría para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario de la región de Yasuní, Amazonía Ecuatoriana, es una iniciativa de acción colectiva ciudadana conformada por organizaciones y personas comprometidas con la continuidad de las sociedades amazónicas,la conservación de la biodiversidiad, los derechos colectivos, la equidad y la justicia social.

Presos mapuche en huelga de hambre seca

El 30 de Abril de 2006 familiares y dirigentes mapuche informaron en el sur de Chile que los prisioneros sufren graves efectos como consecuencia de la huelga de hambre que realizan desde hace 49 días en la cárcel de la localidad de Angol y fueron trasladados a la ciudad de Temuco para recibir atención médica.

Los presos, que habrían perdido alrededor de 20 kilos cada uno, adoptaron la dramática decisión de no ingerir alimentos sólidos tras un fallo judicial que los condenó a diez años de cárcel bajo la ley antiterrorista, promulgada por la dictadura de 1973/90.

En tanto, el Gobierno declaró no volver a aplicar la ley antiterrorista en procesos a integrantes de los pueblos originarios. Además, prometió transferirlos a un centro de estudio y trabajo. Las primeras informaciones conocidas luego de su llegada al hospital de Temuco señalaban que tras la decisión gubernamental tres de ellos aceptaron que se les inyectara suero. Patricia Troncoso habría decidido continuar la huelga de hambre por cuanto no se la consideró en esa medida.

Otras informaciones, sin embargo, señalan que los presos no depusieron su actitud en solidaridad con Troncoso. Los hermanos Marileo y Juan Carlos Huenulao exigieron que los cuatro sean trasladados permanentemente a un centro agrícola de Angol y no sólo los varones.

Lo que se busca, en el terreno procesal, es que el gobienro no se oponga al recurso de revisión presentado por la defensa de los mapuche ante la Corte Suprema, contra el fallo que condenó a los cuatro manifestantes a 10 años de cárcel y el pago de 423 millones de pesos a Forestal Mininco por la quema de un centenar de hectáreas de pinos ocurrida en 2001.

Mientras tanto, el estado de salud de los cuatro manifestantes continúa empeorando, no obstante –pese a su precario estado de salud– los cuatro dirigentes mapuche que cumplían el 30 de abril 49 días sin ingerir alimentos sólidos anunciaron el inicio de una huelga de hambre seca (sin la ingestión de agua) y están determinados a rechazar los controles médicos.

La decisión fue adoptada por Patricia Troncoso, Juan Marileo, Juan Carlos Huenulao y Florencio Marileo luego que fuerzas antimotines los trasladaran por la fuerza desde la cárcel de Angol hasta la de Temuco, capital de la Novena Región. Marcelo Sandoval, presidente regional del Partido Humanista advirtió que los detenidos presentan un evidente deterioro físico y pérdidas momentáneas de conciencia.

Sandoval calificó como una burla la propuesta del ministro del Interior, Andrés Zaldívar, de trasladar durante el día a los tres detenidos varones a un Centro Agrícola, para que trabajen, y no aplicar la ley antiterrorista en futuros juicios a comuneros mapuche. «Esta solución a las demandas es una burla, ya que lo exigido por los cuatro hermanos mapuches es terminar con esa normativa y revertir la injusticia y las irregularidades cometidas en el proceso judicial».

De continuar la huelga de hambre en su modalidad seca, se teme que en pocas horas el deterioro de los presos, que se consideran a sí mismos, y con ellos buena parte de los organismos de derechos humanos, presos políticos, entrará en una fase irrecuperable.