Rosita de Nicaragua. – 14 AÑOS. OTRA VEZ VIOLADA Y MADRE
En julio de este año, María Esquivel, la madre de Rosita, denunció ante la Comisaría de la Mujer de Masaya que su marido, Francisco Fletes, abusaba hacía varios años de su hija, y era el padre de la criatura.
La denuncia, que saltó este mes a la prensa, levantó consternación y dudas entre la población. Tanto el gobierno, como los grupos opuestos a la existencia de derechos reproductivos de niñas y mujeres, desataron nuevos ataques contra las feministas nicaragüenses que luchan por la restitución de ese derecho, eliminado por la Asamblea Nacional en octubre de 2007.
Las acusaciones se centraron particularmente en la Red de Mujeres Contra la Violencia, que aglutina a casi 200 organizaciones femeninas. En 2002, esta, junto a agrupaciones que trabajan con la niñez y la representación del movimiento de mujeres en la gubernamental Comisión de Muerte Materna, acompañó la interrupción del embarazo de Rosita.
El aborto fue realizado en condiciones seguras, pero clandestinas, bajo el amparo de lo establecido en la legislación nacional, que permitía efectuar este procedimiento con la anuencia de tres facultativos y la autorización del pariente más cercano para fines legales.
Hace cinco años, cuando ocurrió la primera violación y embarazo, la niña vivía con su madre y padrastro en Costa Rica. A partir de peritajes sicológicos, y de la declaración de la menor, un vecino costarricense fue enjuiciado por ese abuso y posteriormente fue absuelto, quedando entre la población nicaragüense el sentimiento de impunidad.
Por esta razón, al confesar Fletes haber sido el autor de este nuevo embarazo de su hija adoptiva, mucha gente se empezó a preguntar si el anterior también fue producto del incesto.
Según declaraciones de María Esquivel, la madre de Rosita, ella había asumido que el nuevo embarazo de la muchacha era producto de una relación con un compañero de clases, quien entonces cursaba sexto grado.
No obstante, a medida que su nieta empezó a crecer y a mostrar parecido con su marido, ella empezó a sospechar. Confirmó sus sospechas cuando lo confrontó a él y a Rosita, y procedió a interponer la denuncia.
A pesar de haber sido ella, con el auxilio de la Red de Mujeres, quien interpuso la denuncia de abuso contra Fletes, las autoridades nicaragüenses anunciaron que indagarían a María como posible cómplice por los abusos.
Mientras se encontraba prófugo, Fletes llamó a varios medios nacionales para defenderse, alegando -como hacen la mayoría de pedófilos– que se había “enamorado” de la niña. Más aún, dijo tener “derecho” a sostener relaciones con Rosita, aunque fuera menor de edad, porque tiene un cuerpo «como de 18».
La maternidad de Rosita nuevamente pone sobre el tapete la impunidad del incesto en los hogares nicaragüenses y su prevalencia como el sitio más peligroso para mujeres y niñas, así como la ausencia de políticas públicas y programas de Estado que garanticen los derechos más básicos, la integridad y la vida.
Según reportes de la Policía Nacional, en 2003, en Nicaragua, ocurría un delito sexual cada dos horas. La mayor parte eran cometidos contra niños, niñas y adolescentes, el lugar de ocurrencia el hogar, y los perpetradores familiares, vecinos o novios.
Desgraciadamente, ahora Rosita suma su corta y triste historia a la de las muchas niñas que dan a luz niñas. El Ministerio de Salud ha reconocido que los embarazos infantiles aumentan cada año, de manera que en 2002 el 3,1 por ciento de todos los embarazos fueron de adolescentes, mientras en 2003 tal índice representó el 3.6 por ciento y en 2004 alcanzaron el 4.1.
Mientras sectores conservadores intentan echar por tierra los esfuerzos para salvar la vida de Rosita, la Red de Mujeres contra la violencia ha vuelto sobre sus fueros para establecer que ellas “de forma continua y persistente” siguieron los procedimientos establecidos en el Protocolo de Actuación para los delitos sexuales y el Código de la Niñez y la Adolescencia, para la denuncia y captura del violador.
El pronunciamiento de la Red remarca que el abuso sexual “es una expresión de violencia sustentada en relaciones de poder y subordinación que involucra manipulación emocional y genital”, y demanda a las autoridades del Ministerio de la Familia reconocimiento a la experiencia de las organizaciones de la Red en materia de atención y protección a los sobrevivientes de la violencia.
Al cierre de esta nota, y tras un forcejeo entre el Estado y los Centros de Refugios de Mujeres, Rosita se encuentra bajo la tutela del Ministerio de la Familia, pero con seguimiento de una sicóloga del movimiento de mujeres. El agresor, quien huía tras ser puesto en libertad por un juez que no encontró méritos en la acusación de la madre, fue finalmente apresado el viernes 16.
Por su parte, la feminista Martha María Blandón, del Foro Sexualidad, Maternidad y Derechos, expresó su consternación y repudio por el delito cometido y remarcó que, independientemente de la nueva situación de Rosita, la realización de un aborto terapéutico en 2002 se realizó en correspondencia con el interés superior de la niña.
Asimismo, destacó que el Estado nicaragüense tiene deudas pendientes en la lucha contra el abuso sexual y la violencia, como el financiamiento del plan nacional contra la violencia, y las comisarías de la mujer.
Por su parte, Patricio Welch, coordinador de la Red de Hombres contra la Violencia, se solidarizó a nombre de su organización con su par femenina, de la cual señaló que, gracias a trabajo de esta última, se ha logrado en poco tiempo que la violencia de género y el abuso sexual no sean tratados como asunto privado, ni vistos como temas tabúes, sino como delitos que merecen ser castigados por la ley.
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* EN Artemisa Noticias.