Silencio sesgado: ONU y Acnur miran hacia otro lado

Leopoldo Puchi - El Universal

Lo que no se dice públicamente, pero que los mismos funcionarios admiten en privado, según los medios de comunicación, es que la Casa Blanca ha impuesto directrices para acelerar expulsiones sin revisar casos individuales. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, su estrategia migratoria ha tomado un giro cada vez más draconiano, con los venezolanos en el centro de la embestida. La combinación de retórica incendiaria y medidas punitivas ha convertido la migración en un arma política contra Venezuela, al tiempo que se busca dar una imagen de poder y complacer a una base electoral de mentalidad xenófoba.

Lo que no se dice públicamente, y que los mismos funcionarios admiten en privado, según los medios de comunicación, es que la Casa Blanca ha impuesto directrices para acelerar expulsiones sin revisar casos individuales. Se presiona a jueces de inmigración para ignorar solicitudes de asilo y se captura a los venezolanos en redadas como si fueran delincuentes. Venezuela se ha convertido en el blanco de una política de intimidación y propaganda.

“Black site”

El caso más alarmante hasta ahora es el traslado realizado de 237 venezolanos a una prisión en El Salvador, acordado extrajudicialmente entre Washington y Nayib Bukele. Este centro, un símbolo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, funciona como un «black site» fuera del territorio estadounidense, diseñado para infligir tortura psicológica y humillación.

Es un sistema de detención offshore, similar a Guantánamo, pero aplicado a migrantes de nacionalidad venezolana. Allí permanecen sin cargos formales, atrapados en una condena indefinida, sin derecho a la defensa y sin acusaciones de delitos. Las imágenes de hombres rapados, encadenados y exhibidos como trofeos es la expresión de una ideología supremacista que no oculta su rostro.

Este episodio no es un hecho aislado, sino un mensaje deliberado: la persecución y el abuso contra los migrantes sirve para reforzar y recordar la condición subordinada de los latinoamericanos en la esfera geopolítica estadounidense.

Trump ha resucitado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma arcaica que, por su propio título, convierte en enemigos de guerra a los venezolanos, como ocurrió con los japoneses durante la segunda guerra mundial. A esto se suma la Ley Laken Riley, que equipara la migración irregular con un crimen grave y facilita encarcelamientos indefinidos y deportaciones masivas.

A pesar del reciente dictamen del juez federal de California, Edward Chen, que bloquea temporalmente la decisión de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 venezolanos, la amenaza de cacería humana no ha desaparecido. No importa si un migrante lleva años contribuyendo a la economía o si tiene sus hijos estadounidenses: la incertidumbre persiste.

Muchos venezolanos viven con el temor de ser detenidos en sus hogares o en un control de tráfico. Su destino puede ser un centro de detención o un vuelo forzado a El Salvador.

Tatuajes

Para determinar quién es enviado a El Salvador, se utiliza un sistema viciado: un método de puntuación que reduce vidas humanas a casillas en una lista, donde la subjetividad impera. La llamada «Guía de Validación de Enemigos Extranjeros» equipara símbolos culturales o tatuajes con supuestas afiliaciones pandilleras. Con ocho puntos, sin discusión ni juicio alguno, se etiqueta a cualquier persona de forma discrecional como miembro del Tren de Aragua. Basta una publicación en las redes sociales, la interpretación subjetiva de la vestimenta o el prejuicio sobre el aspecto para destruir el futuro de un migrante.

En pleno siglo XXI, Estados Unidos está aplicando políticas migratorias que recuerdan los peores capítulos de la historia reciente. La deportación masiva de venezolanos, la detención arbitraria en centros con fines de lucro y la colaboración con gobiernos como el de Bukele no responden a una estrategia de seguridad, sino a una política de persecución sistemática y confrontación política con Venezuela. La narrativa oficial, que asocia al migrante con el crimen organizado, sirve para justificar un trato inhumano que viola principios fundamentales del derecho internacional.

Silencio

Ahora bien, frente a este panorama, la pregunta no es solo hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Estados Unidos, sino hasta cuándo el resto del mundo permitirá que estas tácticas se normalicen como parte de la disputa política entre dos países y de la dinámica interna estadounidense.

Instancias como la ONU han vuelto a demostrar su tendencia a actuar con rapidez y contundencia solo cuando las violaciones de derechos humanos no involucran a Estados Unidos o a sus aliados estratégicos. En crisis de menor escala en otros países, han emitido declaraciones urgentes y han convocado sesiones extraordinarias. Pero ahora nada, solo el silencio.

Indolencia

La indolencia de organismos como la OEA, de la que Estados Unidos es miembro y que debería velar por la conducta de sus integrantes, y de la OIM o Acnur, cuyo mandato exige proteger a los migrantes y refugiados y garantizar el principio de no devolución, es evidente. Acnur, que considera inaceptables las deportaciones masivas, no ha emitido una sola declaración condenatoria ni ha movido un dedo. A pesar de la magnitud del problema migratorio, nunca ha instalado oficinas de atención en Estados Unidos.

Esta pasividad debilita la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos y deja claro que estos organismos están más preocupados por no incomodar a Washington que por defender los principios que dicen representar.