Sin ánimo de ofender a nadie. – COLOMBIA, VENEZUELA Y LA GUERRILLA

La noticia me la envió un amigo por correo electrónico: La convocatoria para realizar manifestaciones en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el próximo cuatro de febrero, en todas las plazas dedicadas al Libertador Simón Bolívar en el planeta. No sé cuántas plazas de ese tipo hay en el mundo, pero debe ser una cantidad apreciable.

Mi amigo recibió la información, que ya ha aparecido en medios de prensa de América Latina y Europa, de un conocido suyo en Venezuela miembro de la oposición a la Revolución Bolivariana.

La fuente hace pensar en otras cosas, todas vinculadas, pero distintas. ¿Las manifestaciones son en contra de las FARC o en contra de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana? ¿O son en contra de los intentos de Chávez para lograr la liberación de las personas que están en poder de las organizaciones guerrilleras?, lo que no es del agrado del imperio.

Ojo, porque el origen de la convocatoria es muy extraño. Al parecer un elemento imparcial. Pero todos sabemos que la imparcialidad en política no es algo que abunde, y a veces hacemos el papel de «tontos útiles» sin darnos cuenta.

¿Es correcto o justo manifestarse en contra de las FARC? ¿No sería mejor una gran manifestación en todas las plazas bolivarianas del planeta llamando a la paz y la reconciliación en Colombia que es, en definitiva, lo mejor para su pueblo y el objetivo principal de la gestión de Chávez cuando pide el intercambio de prisioneros y el reconocimiento de beligerancia para los movimientos guerrilleros?

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) existen hace más de 40 años. Controlan amplias zonas del país. En conjunto se calcula que tienen más de 30 mil hombres sobre las armas, lo que significa que tienen una amplia base popular de apoyo.

Es la única forma de haber sobrevivido durante tanto tiempo a las grandes campañas militares del ejército, desde hace años financiadas y asesoradas por Estados Unidos. Ambas organizaciones tienen programas políticos y económicos para resolver los acuciantes problemas que afectan al pueblo colombiano, cuyo nivel de pobreza es alto.

Las acusaciones de terrorismo que se hacen a la guerrilla pudieran, en mi opinión, aplicarse también a algunos procedimientos militares y represivos de los distintos gobiernos colombianos. Lo único que en este caso habría que llamarlos, con toda razón, terrorismo de Estado. Y al margen de sus conocidos vínculos con el narcotráfico, ¿a qué intereses responden las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos crímenes horrendos son conocidos de la opinión pública internacional?

Según testimonios de Clara Rojas y Consuelo González, durante el proceso que condujo a su liberación, el ejército incrementó los bombardeos y las operaciones en la zona donde ellas se encontraban, lo que puso en peligro sus vidas. Por esa razón fue necesario postergar su entrega a la comisión internacional del 31 de diciembre al 10 de enero.

¿El objetivo del gobierno colombiano era facilitar la liberación de las secuestradas o entorpecerlo? Después se conoció que desde hacía meses tenía en su poder al niño Enmanuel, hijo de Clara Rojas, pues había descubierto a la familia encargada de cuidarlo. Sin embargo, no lo dio a conocer hasta último hora. ¿Por qué?

Con todo el respeto: no creo que semejante posición pueda ampararse en el derecho y la soberanía que tiene el gobierno. Y lo mismo ocurre con las FARC. Decían que iban a liberar a un niño de 4 años, nacido en cautiverio –lo que motivó que Chávez le pusiera Enmanuel a la operación–, y luego resultó que no estaba en su poder. ¿Por qué?

Al margen de la desconfianza mutua, que tiene raíces históricas, la participación de varios gobiernos latinoamericanos y europeos en la operación mereció un mayor cumplimiento por ambas partes, especialmente por parte del gobierno colombiano.

Incluso, antes de que las dos mujeres fueran liberadas, el presidente Álvaro Uribe decidió dar por terminada la gestión de todos los gobiernos involucrados. ¿Por qué? Después –no tenía otra alternativa–, accedió a que fueran liberadas por las FARC, en territorio colombiano, ante una comisión integrada por la Cruz Roja Internacional, el gobierno venezolano y el de Cuba.

En todo ese proceso hay muchos puntos oscuros de los que sería simple especulación hablar, y no es ese el objetivo de este artículo. Un elemento que algunos cuestionan y otros alaban, es la insistencia de Chávez en pedir que el gobierno colombiano le otorgue la condición de organización beligerante a los movimientos guerrilleros y les retire el calificativo de terroristas.

No fue el gobierno de Uribe el que le dio el calificativo de «terrorista» a las FARC y el ELN. Fue el de Andrés Pastrana, a finales del año 2001, luego de los atentados del 11 de septiembre y de que el presidente W. Bush anunciara su «guerra total» contra el terrorismo, que tantos crímenes ha provocado y tanto daño ha hecho al prestigio de los Estados Unidos.

Si tienen buena memoria recordarán que hace pocos años tuvieron lugar conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno en el municipio de San Miguel del Caguán. La razón esgrimida por Pastrana para romper las conversaciones fueron algunas acciones unilaterales realizadas por las FARC, en las que hubo un considerable número de muertos civiles.

Sin embargo, algunas informaciones señalan que la guerrilla se vio obligada a defenderse de ataques de las AUC, instrumento de la oligarquía colombiana, de altos mandos militares, y del propio gobierno norteamericano, empeñados en acabar por la fuerza con el movimiento guerrillero. Algunas fuentes señalan que fue una forma de acabar con las conversaciones y justificar el calificativo de terrorista a la guerrilla.

Resulta difícil pensar, por tanto, que el llamado de Chávez va a tener oídos receptivos en los principales ejecutivos del gobierno y en los mandos militares colombianos. Mucho menos en el gobierno norteamericano que hasta se negó a reconocer el papel de Chávez en la liberación de las dos mujeres.

Varios medios de prensa colombianos, vinculados en su mayoría a la oligarquía, han acusado a Chávez de «injerencia en los asuntos internos de Colombia» y que ha violado «el principio de no injerencia». Otros, con mejores intenciones, han calificado la propuesta de Chávez de «intromisión indebida» en los asuntos internos de Colombia. Hasta donde sé, lo único que ha hecho es una propuesta con su habitual vehemencia.

Chávez incluso pidió a la Asamblea Nacional de su país que apoye esa solicitud y exhortó al resto de los gobiernos del mundo a hacer la misma petición. De inmediato, el gobierno colombiano respondió que por «ningún motivo» acepta que se le otorgue a los grupos guerrilleros el «estatus de beligerancia».

En realidad, para establecer negociaciones con los movimientos guerrilleros no es necesario, según la ley colombiana, otorgarle ese estatus. Desde hace varios años, el gobierno y el ELN mantienen conversaciones de paz en Cuba; hasta el presente con muy pocos resultados, como era de esperarse.

Es difícil suponer que, en las circunstancias actuales, la gestión de Chávez pueda tener éxito. Cabría pensar que ni siquiera la liberación de los más de 700 secuestrados por las FARC y de los que están en manos del gobierno, que suman más de mil, pueda llevarse a cabo. Mucho menos, conversaciones de paz.

Pero hay algo que resulta todavía más preocupante. Las relaciones entre Venezuela y Colombia se han deteriorado sustancialmente. Son países vecinos con cientos de kilómetros de frontera. El primero, el impulsor de un proceso de integración en América Latina y un crítico acerbo de la política de la Casa Blanca.

El segundo, un aliado de Estados Unidos, del cual tiene una gran dependencia para mantener la lucha contra el movimiento guerrillero. De otra parte, la oligarquía colombiana, representada en todas las estructuras del gobierno, ha dado muestras de su total rechazo a la Revolución Bolivariana, como se desprende de las campañas mediáticas que se llevan a cabo en los medios de prensa de su propiedad.

Desde hace años se tienen noticias de acciones de grupos paramilitares colombianos en el lado venezolano de la frontera, con el objetivo de crear problemas en las relaciones y desestabilizar a la Revolución Bolivariana. Recordemos que hace algún tiempo fueron detenidos cerca de cien elementos paramilitares colombianos en Venezuela, que iban a participar en uno de los tantos intentos de la oposición por derrocar o matar a Chávez.

¿Se intensificarán estas acciones o el gobierno colombiano hará todo lo posible por evitarlas? Tengo en cuenta al hacer esta pregunta que una parte de la oposición golpista, recibió asilo en Colombia –la otra está en Estados Unidos–, las estrechas relaciones con el gobierno de W. Bush y las campañas antichavistas y antivenezolanas que llevan a cabo algunos medios de prensa de la oligarquía en ese país.

Creo que se ha creado una situación complicada que, por el bien de los dos pueblos y gobiernos, debe resolverse. Un conflicto entre las dos naciones sería lo peor que podría suceder para el proceso de integración latinoamericana. ¿Será eso lo que desean la Casa Blanca y la oligarquía colombiana?

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* Periodista
Publicado en http://progreso-semanal.com, donde es posible leer el artículo traducido al inglés.

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