Soberanía popular: Qué los candidatos también salgan de las urnas
APM/Diego Ghersi*
Una de las características sobresalientes del escenario político sudamericano de los últimos años es, sin dudas y pese a los esfuerzos en contrario de los sectores reaccionarios y conservadores, el avance de propuestas republicanas que aspiran a mayor transparencia, y sobre todo a más y mejor participación ciudadana.
La revalorización del principio de soberanía popular a través de Asambleas Constituyentes, como las registradas en Bolivia, Ecuador y Venezuela, significó un aporte decisivo en la calidad del sistema democrático de esos países y de la región.
En ese marco se inscribe la reciente sanción de una nueva ley de medios audiovisuales en Argentina, con su clara vocación por recortar el poder de los grupos mediáticos monopólicos, vértices de todas las acciones políticas conservadoras y defensoras de los intereses más concentrados de la economía y las finanzas, muchas veces al borde de prácticas destituyentes de las autoridades legal y legítimamente establecidas.
Más allá de su implicancias específicas, el valor político general de esa ley debe ubicarse en un su proceso de gestación. Son pocos los ejemplos regionales de un trámite legislativo con tanta discusión social como la que se dio en Argentina en torno al futuro del espacio radioeléctrico: cientos de foros ciudadanos, académicos y sociales durante casi seis meses; cientos de opiniones e iniciativas populares tenidas en cuenta a la hora de la redacción final de la norma.
Por una vez los ciudadanos pudieron hacer uso y darle contenido a las instituciones republicanas, por encima de los tejes y manejes corporativos.
El fin de semana pasado, en el acto partidario del 17 de octubre (fecha fundacional del movimiento peronista), en esta ciudad, la presidente Cristina Fernández de Kirchner dijo “tenemos que lograr una reforma política, donde los partidos se democraticen en serio, para que la sociedad se comprometa y participe”.
Planteó así la iniciativa en una acción política que debería desembocar en la aprobación, antes del 10 de diciembre, fecha en que se modificará la composición de la Cámaras legislativas en detrimento del oficialismo, de una ley que establezca un sistema de elección de candidatos a cargos ejecutivos por elecciones internas de cada partido, abiertas al conjunto de la ciudadanía, obligatorias y simultáneas.
La derecha en todas su expresiones, las corporaciones mediáticas e incluso algunos sectores con discursos a la izquierda del gobierno (como es el caso del cineasta y diputado electo Pino Solanas) se encuentran en una especie de cruzada opositora.
Fue en ese contexto que Solanas dijo “los Kirchner (la presidenta y su marido y ex presidente) son travestis infiltrados en el movimiento nacional", conforme lo consignó el ultra opositor diario Clarín el día 18 de octubre; palabras llamativas en boca de un dirigente que se califica a si mismo como legítima referencia de lo nacional y popular, sobre todo por su altísimo contenido discriminatorio.
Pareciera que, después del insistente pedido de sexo oral que Diego Armando Maradona les pidiera a los periodistas que se oponen a su gestión al frente de la selección nacional de fútbol, ciertos discursos políticos argentinos se deslizan hacia el desenfreno sexista.
La oposición encuentra especial caja de resonancia en los medios de comunicación hegemónicos.
Una nota de análisis publicada por el diario La Nación traza el siguiente contexto:”tras la derrota electoral del 28 de junio, la operación de Kirchner (se refiere al ex presidente) para reconstruir el poder comenzó con la anulación del contrato para la televisación del fútbol entre la AFA y el grupo Clarín, continuó con la sanción en el Congreso de la ley de medios, sigue ahora con el proyecto de reforma política y continuaría seguidamente con la modificación de la ley de entidades financieras, más allá de recientes desmentidas”.
Y continúa el mismo matutino: “hay un punto en común entre los pasos que se han dado en el deporte y los medios y los que se darían en el manejo de la política y la actividad financiera: en los cuatro casos se trata de avances del Estado sobre estas actividades (…). Es decir, la imposición de la voluntad oficial a través del manejo de los recursos públicos”.
Por su parte, el diario Clarín, del Grupo homónimo, buque insignia de la corporación mediática oligopólica, sostuvo: “el laboratorio de Olivos (residencia presidencia) nunca descansa si se trata de idear alquimias para conservar el poder. La última ocurrencia electoral gira en torno a promover comicios internos en los partidos políticos, con la modalidad de que los candidatos presidenciales serían elegidos por los afiliados e independientes, pero por voto indirecto”.
En el párrafo siguiente continúa: “el esquema imaginado replica, dicen, el de las primarias estadounidenses, donde se eligen delegados o electores encargados de ungir al candidato en una convención (…)”.
La derecha y los medios hegemónicos siempre tuvieron como Norte al sistema político estadounidense, pero parece que esas instituciones tan admiradas ahora son antidemocráticas, tan sólo herramientas para la “alquimias” del poder de la presidenta y de Néstor Kirchner.
En tanto, el rotativo Página 12, quizá el único medio gráfico de alcance nacional que no se enroló en la oposición al gobierno, aseguró que éste “presentará un proyecto para crear un sistema único de internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos”, y resaltó los dichos de la Jefa de Estado: “tenemos que lograr la participación popular en las decisiones de los partidos políticos. Es la única solución para los intentos de desprestigiar la política”.
“El cambio sustantivo en la definición de candidaturas de todos los partidos –cuyo eje será una combinación de las primarias estadounidenses con la interna abierta y simultánea que impera en Uruguay– sería el paso siguiente en el mismo sentido (se refiere a la iniciativa gubernamental que se transformo en nueva ley de medios)”, destacó Página 12.
“La sociedad debe decidir si será gobernada por las corporaciones y sus intereses, o si va a ser gobernada en democracia por los partidos políticos”, había dicho la presidenta en el acto partidario del 17 de octubre.
“Cuando sea grande quiero ser Presidente”
Diego Ghersi
El mito democrático incluye, dentro de su rosario de preceptos, que cualquier ciudadano puede acceder a un cargo electivo. En la práctica, la cuestión no parece ser ni tan sencilla ni tan directa. La percepción –bastante generalizada- es que para acceder a un cargo político gubernamental en América Latina hay que poseer una gran fortuna y probada habilidad en los manejos “non sanctos” del poder.
Se dice también que estos atributos deben complementarse con una retórica “de forma” inapelable, apoyada en una “ética flexible” que borre con una mano lo que con la otra se firma.
Estas creencias se comprueban empíricamente cada vez que se estudia la trayectoria de un político cualquiera. Pocos pasan felizmente por el tamiz de un revisionismo serio.
Lo cierto es que la elección de un candidato debería ser la decisión más importante que la “gente” –el pueblo – debe tomar. Los candidatos que resulten nominados serán quienes representen a un partido frente al electorado, y sobre ellos recaerá no sólo el éxito o el fracaso del proceso electoral sino también el buen gobierno de todos en caso de ganar, o el liderazgo de una oposición responsable en caso de perder.
Por otra parte, los procesos de selección de un candidato permiten comprender la manera en que funciona el sistema democrático dado que, interiormente en los partidos, se espera un funcionamiento electivo acorde a las reglas de la democracia.
¿Quién elige y cómo se eligen los candidatos en América Latina?
El territorio abordado por la pregunta anterior abunda en variadas respuestas. Sin embargo, puede concluirse que están habilitados aquellos ciudadanos que cumplan los requisitos de las leyes electorales nacionales y las restricciones partidistas.
En general es verdad que las leyes nacionales permiten a todos los ciudadanos elegir y que todos los ciudadanos puedan ser elegidos, en tanto y en cuanto sean nacionales, no tengan causas judiciales pendientes y sean mayores de edad.
En algunos países –como Chile- debe agregarse la necesaria afiliación del candidato a un partido político y, por tanto, existe de hecho un monopolio de la representación política a las organizaciones partidistas. Contraejemplos de esa situación se daban hasta 1996 en El Salvador y en Ecuador.
Hay países dónde el sistema electoral permite competir a quienes no pertenecen a partido político alguno pero cuentan con el apoyo de determinada agrupación para una contienda en particular
Un ejemplo emblemático es el de Bolivia, dónde Evo Morales intenta extender el mecanismo electivo a la revalidación de cargos representativos y a todas las acciones de gobierno.
En Venezuela, el Partido Socialista Unido (PSUV) discute en asamblea general de delegadas y delegados qué metodología asumirá el partido para la selección de sus candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados a los consejos legislativos estaduales.
En Nicaragua, los mecanismos implementados en 2008 para seleccionar los candidatos a ocupar cargos en las alcaldías de 153 municipios fueron aprobados por Asamblea Sandinista Nacional, máximo órgano de dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Los mecanismos se aprobaron de acuerdo con la realidad de cada localidad.
Se decidió que -en 81 municipios- sean asambleas integradas por los Consejos Municipales Sandinistas (órgano partidario local), los Comités de Liderazgo Sandinista y asociaciones afines, quienes decidieran sobre los candidatos.
En otros 43 municipios se optó por consultas abiertas, donde todos los ciudadanos pudieran votar. Los restantes 29 municipios constituyeron asambleas locales de ratificación, sobre la base de propuestas elaboradas por comisiones al efecto.
La Asamblea aprobó también una resolución de cuatro puntos, entre ellos seleccionar en base a encuestas a los diferentes candidatos del FSLN y la Convergencia Nacional.
Todos los candidatos debieron suscribir un compromiso individual de obligaciones políticas y éticas: reconocer el papel rector de los Consejos del Poder Ciudadano, luchar contra la corrupción, renunciar a grandes salarios y a gastos no establecidos por ley.
Hasta aquí se han explorado algunas modalidades que sirven para definir candidaturas políticas en América Latina y, si bien el análisis podría seguir en la búsqueda de un mayor detalle, queda la sensación de que son mecanismos en permanente evolución.
Un análisis más político y empírico pareciera indicar que los sistemas electivos latinoamericanos propenden a posibilitar el acceso al poder de gobiernos populares más representativos que sus predecesores, pese a que la democracia regional aun se debate contra el modelo de “democracia controlada o vigilada”, impuesto por el bloque hegemónico tras la salida de las dictaduras militares que se registraron hasta los años ’80, bajo el imperio de la doctrina de Seguridad Nacional.
Que un tornero sea presidente de Brasil o que un representante aymará lo sea de Bolivia habla de un avance concreto hacia el ideal democrático. También son resaltables los mecanismos que permiten la posibilidad de ver presidenciable a José “Pepe” Mujica (Frente Amplio) en Uruguay. En este lote de procesos electorales y políticos saludables debe incluirse el caso del presidente ecuatoriano Rafael Correa.
Aún así el camino que asegure la llegada de los líderes más representativos aparenta ser largo y lleno de tropiezos, y seguramente es Honduras el que representa el mayor retroceso.
*Periodistas de la Agencia de Prensa del Mercosur, Universidad de La Plata, Argentina