Sociedad interamericana de prensa. – SOBRE SUS AMOS Y OTRAS ANDANZAS
La acción de la SIP, en ese sentido, está debidamente documentada y se ha basado en el empleo de esquemas de desestabilización que, al resultar exitosos, han sido repetidos y son repetidos todavía hoy, en toda la región latinoamericana. En estas páginas reunimos algunos ejemplos, estudiados por periodistas latinoamericanos, de cómo este grupo de propietarios de los medios ha implementado una tradición de presión contra gobiernos democráticos, con resultados nefastos.
Presentamos aquí los orígenes de la organización empresarial y su vinculación temprana con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como casos puntuales de desarrollo de propaganda negra por parte de la SIP contra los gobiernos que han promovido la libertad y progreso de sus pueblos, en contraste con el silencio y la complicidad mostrados con regímenes dictatoriales de la región, disimulando incluso el encarcelamiento y asesinato de periodistas.
En la última parte, intentamos exponer las manipulaciones que han permitido a la SIP no sólo continuar usurpando la representación del periodismo en la región, sino también abrogarse derechos que corresponden a las organizaciones sociales y no sólo a un puñado de poderosos propietarios de los medios. Para ello, hemos contado con la guía de dignos periodistas latinoamericanos que han luchado por rasgar las máscaras del poder mediático y han denunciado las perversiones de la actuación de la SIP, que han colocado a la gran prensa a espaldas de los pueblos.
Esperamos que este sea un aporte, entre muchos otros, al desarrollo de la necesaria conciencia crítica en contra de las manipulaciones y desinformaciones de los amos de la prensa.
La SIP y el panamericanismo imperial
El germen de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hay que buscarlo en el concepto del panamericanismo. Pero no en el panamericanismo bolivariano del Congreso Anfictiónico de Panamá, sino en el panamericanismo imperial.
En la primera conferencia panamericana, celebrada en Estados Unidos, en 1889, se moldeó un aparataje orientado a organizar reuniones de gobiernos, con la intención, según sus creadores, de incentivar la comunicación y la colaboración entre los países, en condiciones de igualdad. Sin embargo, estas reuniones respondían en realidad a la preocupación de Estados Unidos por delinear las manifestaciones de control imperial, en vinculación con las oligarquías locales.
Este panamericanismo, de hecho, es entendido como una continuación de la famosa Doctrina Monroe de 1823, impuesta bajo el lema «América para los americanos», a través de la cual Estados Unidos declaraba que no permitiría a ninguna potencia no americana intervenir en el continente.
Bajo tal signo ideológico, fueron celebradas estas conferencias en distintos países de la región y en 1923, en la Quinta Conferencia Panamericana, en Santiago de Chile, se planteó la necesidad de organizar una reunión sobre la prensa.
Esa primera conferencia sobre la prensa se realizó finalmente en Washington, tres años después, y aun cuando los historiadores oficiales de la SIP insisten en señalar que se trataba de un congreso de periodistas, era esencialmente una reunión de empresarios. Así lo resalta el investigador Juan Gargurevich, en su libro
«No está de más recordar que los temas tratados por las diferentes mesas (de la conferencia) no incluyeron los problemas de los periodistas mismos. A los norteamericanos les interesaban los dueños, no los empleados», escribe Gargurevich.
Luego de esta conferencia inicial, se continúa efectuando reuniones en varios países, sin concretarse la creación de la organización, hasta que en 1943, en La Habana, tiene lugar la conferencia que funda la SIP. En ese momento gobierna en Cuba el famoso tirano Fulgencio Batista. El planeta estaba estremecido por la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética hacían sociedad para derrotar el fascismo.
Este clima histórico, permeado por la existencia de un frente antifascista, permite que al fundarse la SIP se incluyan entre sus miembros, aunque de manera minoritaria, algunas publicaciones progresistas y de izquierda, entre ellas, el órgano de prensa del Partido Comunista cubano, el diario Noticias de Hoy, fundado en 1938.
Desde esa primera reunión de la SIP, las voces minoritarias progresistas intentan impulsar la unidad de los trabajadores de la prensa en la región y asumen el papel de denunciantes, en contra del papel jugado en América Latina por las grandes agencias de noticias, que actúan como reproductoras del mensaje imperial.
Sin embargo, la historia cambia al finalizar la guerra. Ya en 1947, ha comenzado la Guerra Fría que enfrenta a los antiguos aliados -EEUU y Unión Soviética- se perfila el maccartismo en Estados Unidos y se crea en ese año la Agencia Central de Inteligencia (CIA), hecho que tendría un papel fundamental en lo que el periodista cubano Ernesto Vera llama el golpe CIA-SIP[1].
Este golpe se consuma en el año 1950 y fue promovido un año antes en Quito, en el V Congreso Interamericano de Prensa, por la delegación estadounidense, integrada por tres personajes claves: un representante del Departamento de Estado, Tom Wallace, y dos altos oficiales de la CIA, Joshua Powers y Jules Dubois. El trío era encabezado aparentemente por Wallace, pero en realidad el personaje central, como se demostraría luego, fue siempre Dubois, quien coordinó durante 15 años después la labor de la CIA-SIP en América Latina.
Este trío plantea en Quito que la próxima reunión de la SIP tenga lugar en Estados Unidos, ya que los anteriores encuentros habían tenido como sede capitales latinoamericanas: México, La Habana, Caracas, Bogotá y Quito. Un grupo de latinoamericanos, entre ellos el periodista peruano Genaro Carnero Checa, se levantó contra la idea de escoger a Estados Unidos como país sede, asegurando que la discriminación racial y política en ese país no permitía que existieran las garantías necesarias para celebrar allí un Congreso.
La delegación norteamericana, luego de aceptar que la discriminación en su país era bochornosa, se comprometió a brindar las seguridades para la participación de todos los delegados, con independencia de sus ideas políticas. Finalmente, la propuesta se impuso y se aprobó que la reunión del año siguiente se realizara en Nueva York.
Al regresar a Estados Unidos, Wallace entregó un informe al Departamento de Estado, titulado «Background of previous Interamerican Press Meeting», en el cual queda al descubierto la maniobra. En ese documento, Wallace resaltaba que en la reunión de Quito habían alcanzado el éxito en los dos objetivos planteados por la delegación norteamericana: trabajar por una nueva constitución de la organización original y procurar que la próxima reunión se hiciera en suelo estadounidense bajo los auspicios privados de las publicaciones de Estados Unidos:
«Tuvimos éxito en ambos propósitos sin tener que provocar la creación cismática de otra organización y dejar de esa manera en descubierto que la prensa de Estados Unidos había tenido que provocarla por no poder controlar la organización», explicaba Wallace a sus jefes, en el informe citado por Gargurevich. De esta manera, había comenzado a gestarse el secuestro de la organización.
Las historias del tesorero
Según la historia oficial de la SIP, 1950 fue el año «más importante para la organización». Fue precisamente en ese año cuando se refundó la SIP y quedó conformada tal y como la conocemos ahora, sin la participación de las pocas publicaciones progresistas que inicialmente habían sido incluidas en la Sociedad. A partir de ese año, se hacen claros los objetivos que la CIA conferirá al funcionamiento de la SIP en América Latina.
Pese a las garantías ofrecidas en Quito, los representantes de los órganos de prensa progresistas no fueron invitados a la reunión de ese VI Congreso Interamericano de Prensa. A algunos se les negó la visa de entrada a Estados Unidos bajo la acusación de ser comunistas. Cuando se quejaron ante los organizadores, Wallace les ignoró, indicándoles que la visa había sido negada por el gobierno y por lo tanto debían quejarse ante el gobierno.
Hubo incluso quienes llegaron hasta el aeropuerto de Idlewild, sólo para ser detenidos y devueltos por las autoridades de Estados Unidos, previo interrogatorio del FBI. Tal fue el caso del cubano Carlos Rafael Rodríguez, quien representaba al periódico Noticias de Hoy, pero era además el tesorero de la SIP, reelecto por tercera vez consecutiva, y por esta misma condición viajaba con pasaporte especial.
En una narración sobre este suceso, titulada
¿Por qué se me excluyó del Congreso?
Se sabía muy bien que yo iba a New York a denunciar todos los casos de violación de la libertad de prensa en América. Los organizadores norteamericanos obrando al dictado de Washington, querían condenar sólo a un grupo, cargando la mano a aquellos gobiernos que no tienen el beneplácito del State Departament. Para mí Videla es igual a Perón, y la Junta Militar Venezolana no es menos culpable que Prío.
En segundo término se temía –y hacían bien en temerlo– que yo utilizara la tribuna del Congreso para protestar contra la vergonzosa intromisión del embajador de Estados Unidos en México, Mr. Thurton, en la libertad de prensa mexicana, a la que pretendió dictar una política de sometimiento a los intereses de Washington.
Estos hechos han sido denunciados por el ilustre periodista don Martín Luis Guzmán y por más de sesenta escritores mexicanos.
Por último no se quería que yo pusiera de nuevo en debate la tesis mantenida en Quito: la «libertad de prensa» en Estados Unidos no es más que formal. En el fondo la prensa norteamericana es un instrumento monopolista de las grandes empresas. Estas son las conclusiones a que arribó desde 1947 una comisión de expertos nombrada por la Universidad de Chicago, y pagada por el ultraconservador Henry R. Luce, de la revista Time, y por la Enciclopedia Británica.
Cuando dije estas cosas en Quito, Mr. Tom Wallace –que presidió el Congreso de New York– me contestó airado que quienes tal cosa decían eran «un manojo de tontos». De esa manera calificaba nada menos que a Robert Hutchins, canciller de la Universidad de Chicago; a Archibald Mc. Leish, subsecretario de Estado; al profesor de Economía en Columbia, John M. Clark; al profesor Arthur M. Schlesinger, de Harvard, y a otros conocidos intelectuales yanquis. Pero, como le repliqué a Mr. Wallace: puede pensarse que los investigadores universitarios son «tontos»; sin embargo, aunque sabemos que en el Senado de Estados Unidos hay una buena dosis de tontos, no son tantos como para formar mayoría.
Y fue la mayoría la que en el informe de la Small Plants Comité, corroboró las ideas de que son verdaderos monopolios los que rigen la prensa americana.
Para impedir que se plantearan estas cosas se me retuvo en Ellis Island. Pero además, los organizadores yanquis tenían un propósito adicional. Pensaban dar –y dieron√ un golpe de Estado. Reformaron los Estatutos de la SIP de modo ilegal. Establecieron arbitrariamente el voto por publicaciones dando una artificial mayoría norteamericana. Arrebataron a Cuba la sede permanente de la Sociedad para radicarla en New York. Han destruido, en resumen, la Sociedad Interamericana de Prensa como entidad independiente, transformándola en un simple aparato político al servicio de los objetivos internacionales de Estados Unidos. Para hacer esto les estorbaba la presencia de algunos delegados. Yo les resultaba especialmente indeseable. (Rodríguez, 1950).
En efecto, antes de la conferencia del año 50, los estatutos de la SIP estipulaban que cada país tenía un voto dentro de la Sociedad, independientemente de la cantidad de órganos de prensa afiliados. El cambio de estatutos permitió tumbar el esquema «un país, un voto» y sustituirlo por «cada publicación, un voto».
En un intento por maquillar este golpe, la historia oficial de la SIP señala que hasta ese año, las conferencias de la organización se celebraban bajo los auspicios del gobierno del país anfitrión, con lo cual «las delegaciones se limitaban a sentarse y a votar por países, y los miembros no siempre eran periodistas». De acuerdo al lenguaje oficial, fue entonces para evitar estos «patrocinios» y hacerse «independiente» que se tomó la decisión de modificar los estatutos. Sin embargo, lo cierto es que en términos prácticos Estados Unidos pasó de un voto a 424 y se alzó con la mayoría[2]. Es de suponer que estos 424 votos componen «el pequeño grupo de editores y directores de periódicos» estadounidenses que se habían sumado a la SIP en 1946, de acuerdo con los historiadores oficiales de la patronal.
Es por ello que Vera, en una entrevista ofrecida recientemente insiste en que, desde 1950 hasta nuestros días, hay una libertad de prensa secuestrada por el poder del dinero, de los recursos, y lógicamente sobre la base de una estrategia imperial: «Por eso digo que hay una mentira organizada y hay una verdad dispersa. Hay una mentira organizada, porque hay una estrategia imperialista y no hay una verdad organizada porque no tenemos todavía una estrategia antiimperialista. Eso funciona milimétricamente».
Voces dignas contra la SIP
El golpe CIA-SIP generó malestar en Latinoamérica. Mientras la SIP repetía que representaba a los periodistas, cada vez se hacía más evidente el perfil de la organización, integrada por los grandes medios impresos conservadores de la región –marcadamente proestadounidenses– y guiada por intereses imperialistas y empresariales, pero no periodísticos.
Este malestar incubado en América Latina se puso de manifiesto en la conferencia siguiente, celebrada en 1951 en Montevideo, Uruguay, donde representaciones del país anfitrión, Brasil, Chile, Perú y Argentina proclamaron su abandono de la SIP y suscribieron el Acta de Montevideo, en la que denunciaban que los propietarios de los medios se habían abrogado la función de determinar donde había o no libertad de prensa, cuando los que tienen derecho a ello, además de la sociedad, son los periodistas.
Tras manifestarse en contra de este secuestro, el Acta de Montevideo indicaba que era preciso el nacimiento de una organización que agrupara verdaderamente a las asociaciones de periodistas, a fin de evitar que sus funciones siguieran siendo usurpadas por los dueños de los grandes medios[3].
En su libro Breve historia de la SIP[4], el periodista Gregorio Selser registra entre las voces que se alzaron contra la SIP en 1951 al escritor y periodista venezolano Miguel Otero Silva, propietario de El Nacional de Caracas. En esa ocasión, Otero Silva reclamó que el cambio de estatutos aprobado en Nueva York violaba las normas más fundamentales de la organización, «dándole el carácter que ahora tiene: una entidad exclusivamente patronal de intercambio comercial, estrictamente controlada por los vendedores de papel, las agencias noticiosas y los buscadores de avisos que residen en Estados Unidos. Nada más inoportuno en ese ambiente que un periodista».
Otero Silva denunció además como tendencioso un informe de la SIP en el cual «mientras se le dedicaba 80 o 90 por ciento de su contenido a relatar minuciosamente los atropellos cometidos por Perón contra la libertad de expresión, se tendía un piadoso y cómplice manto sobre las dictaduras latinoamericanas».
En ese mismo informe, continuaba Otero Silva, aparecía el tirano nicaragüense Anastasio Somoza «como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento» y se colocaban como arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos. Mientras tanto, «daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar», afirmaba indignado el escritor venezolano.
En este libro de Selser, citado por el periodista José Steinsleger, aparece otro testimonio de denuncia contra la SIP, proveniente de sus propias filas. De acuerdo con Selser, en 1958 uno de los ex presidentes de la SIP, el mexicano Miguel Lanz Duret (1909-1959), director de El Universal, renunció a la organización cuando supo que la SIP había solicitado su inscripción como corporación, dando como sede la ciudad de Dover, en Estados Unidos. Con esta acción, para Lanz Duret, «la SIP iría a depender, a todos los efectos jurídicos y legales, de las leyes norteamericanas, desmintiendo así su supuesta independencia y desvirtuando en los hechos la recomendable extraterritorialidad que le confería, por ejemplo, una sede anual móvil, distinto de la norteamericana».
Más recientemente, en el año 2000, una posición similar tuvo que ser adoptada por el diario uruguayo La República y la revista Posdata, los cuales hicieron pública su renuncia a la organización empresarial, al enterarse que el antiguo director de prensa de la dictadura militar en ese país (1973-1985), Danilo Arbilla, había sido nombrado presidente de la SIP.
La carta de renuncia a la SIP, firmada por el director de La República, Federico Fasano Mertens, y fechada el 24 de octubre de 2000, reprochaba que la designación de Arbilla como presidente de una entidad que tenía entre sus principales objetivos declarados «defender la libertad de prensa», constituía un insulto a la conciencia democrática de los pueblos americanos.
«Su designación al frente del organismo que pretende velar por la libertad de prensa equivale a poner al zorro a cuidar el gallinero. Por todo lo antes dicho, el diario La República tiene el alto honor de renunciar, formal y públicamente, como miembro de esta Sociedad mientras el impostor continúe a su frente», concluía.
Mis amigos, los dictadores
Como dice el periodista cubano Ernesto Vera, el terrorismo mediático tiene muchas manifestaciones. Aunque la mayoría de las veces se manifiesta en la acción de la SIP y sus afiliados, en no pocas ocasiones se manifiesta en la omisión. Los silencios de la SIP son igual de elocuentes, sobre todo cuando cubren sus alianzas con regímenes dictatoriales.
En el año 2005, este denunciado ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, cargó contra el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, a quien acusó de «manejar la publicidad de manera selectiva» y «tratar con desconsideración» a los medios de comunicación. Kirchner refrescó entonces el historial de Arbilla y recordó además al subdirector del diario argentino La Nación, Claudio Escribano, su complacencia con las atrocidades cometidas en Argentina durante la dictadura militar en ese país.
Esta vinculación de los dueños de la gran prensa con los regímenes dictatoriales latinoamericanos ha sido suficientemente documentada y citada en numerosas ocasiones, para demostrar que las preocupaciones de la SIP no se dirigen a la defensa de las libertades, sino a la preservación de intereses empresariales y oligárquicos.
En el caso Arbilla, éste había sido jefe de prensa de la última dictadura militar en Uruguay, que torturó y asesinó a ciudadanos uruguayos. De acuerdo al diario uruguayo La República, Arbilla fue designado en el cargo por el presidente Juan María Bordaberry y continuó desempeñando esas funciones luego de que el mandatario eliminara las instituciones republicanas contando con el respaldo militar, e incluso después de instaurada plenamente la dictadura.
Así, el diario recuerda que Arbilla fue cómplice del decreto presidencial del 27 de junio de 1973 que prohibía expresamente la divulgación por la prensa de todo tipo de información que «directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y el orden públicos»; durante su gestión entre 1973 y 1976, se clausuraron 173 medios de comunicación -14 de estas clausuras fueron definitivas- y se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la organización sindical de los periodistas. También fue desaparecido el subdirector del semanario Marcha, Julio Castro, y fueron encarcelados y torturados decenas de periodistas.
Un personaje parecido, el dominicano Germán Ornés, era el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP que dirigía cartas preocupadas al presidente chileno Salvador Allende por falsas violaciones a la libertad de prensa. Este mismo Ornés fue señalado por investigadores de distintas nacionalidades de haber actuado como adulador del dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo.
Otro ejemplo de la actuación de la SIP frente a las dictaduras lo encontramos en sus denuncias en el año 1974, cuando de acuerdo con la organización empresarial el peor enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado, debido a las medidas de expropiación de la gran prensa. Mientras tanto, la brutal represión y el amordazamiento en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay eran prácticamente ignorados por los amos de la prensa.
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* La segunda parte de este ensayo se publicará el martes dos de abril de 2008.
Tomado de www.aporrea.org.