Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, saludamos la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular, y nos solidarizamos con las acciones de reivindicación del movimiento indígena que hoy se encuentra congregado en los departamentos de Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá.
Esta movilización se inscribe en el marco de las acciones definidas desde el año 2001 por las organizaciones de los pueblos indígenas de Colombia, dirigidas a expresar su rechazo frente al genocidio físico y cultural, y las diversas modalidades de atropello y violación de que son sujetos. En defensa del territorio, la autonomía y la cultura.
La colonización europea, que significó el genocidio de la mayoría de los pueblos sigue hoy en curso, destruyendo el territorio y la vida de 102 etnias que habitan en Colombia, lo que se traduce en prácticas de discriminación y exclusión, al punto que actualmente 18 pueblos indígenas están en riesgo inminente de extinción. A pesar de ello, los indígenas han resistido en sus territorios y hoy día están marchando en la legítima reivindicación de sus derechos y de los derechos de la madre tierra.
En los territorios de los pueblos indígenas confluyen dinámicas de explotación de recursos naturales que los convierten en escenarios de disputa por los grupos armados, y espacios estratégicos para la implementación de proyectos económicos y de infraestructura. Esto lesiona la autonomía, integridad territorial y derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo la violación de espacios sagrados, la pérdida de culturas, y el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
A pesar de que la Constitución Política de Colombia reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación , e incorpora ciertos derechos de los Pueblos Indígenas, la traducción de éstos en medidas concretas no ha sido plena, y se observa por el contrario que el Estado Colombiano ha impulsado una contrarreforma legislativa que retrocede los derechos ya conquistados. Para citar solo unos ejemplos, el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal , la Ley de Aguas, y el Código Minero, optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial.
De suma preocupación resulta la abstención del Gobierno Colombiano a firmar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT , así como de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas.
Las sistemáticas y reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, se evidencian en el asesinato de 1.253 indígenas y el desplazamiento de por lo menos 53.885 indígenas en los últimos 6 años, período que coincide con el mandato del Presidente Álvaro Uribe y la aplicación de la política de seguridad democrática. Por lo anterior, la gran movilización indígena se produce en uno de los momentos de más riesgo para la pervivencia de los pueblos indígenas de Colombia.
Nos sumamos a las razones que motivaron al movimiento indígena a movilizarse, y denunciamos con indignación los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en su contra. En primer lugar, nos preocupa la declaratoria del estado de Conmoción Interior sin que existan motivos constitucionales para ello, lo que podría ser utilizado para restringir derechos y libertades fundamentales, y judicializar a los participantes en la movilización pacífica, sin las garantías plenas para ello. En segundo lugar, rechazamos el asesinato de 27 compañeros indígenas durante los últimos 15 días en los Departamentos del Cauca, Nariño y Caldas, la restricción de libre circulación ordenada por el Batallón Energético y Vial No. 1, en contra de la marcha pacífica del Pueblo U´wa en el departamento de Boyacá, las agresiones que tienen heridos a 28 personas hasta este momento, las desapariciones forzadas y las acciones de amenaza e intimidación que se han desarrollado en contra de los manifestantes en diferentes puntos.
Dada la gravedad de la situación de los Pueblos Indígenas de Colombia, manifestamos nuestro respaldo a la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular, e instamos al Gobierno Colombiano a garantizar las condiciones para el desarrollo de la libre protesta en las diferentes regiones, y a emprender acciones para dar respuesta a las demandas planteadas.
Instamos a los organismos de control, en particular a la Defensoría del Pueblo, para que asuma la responsabilidad de garante de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y para que acompañe la movilización que se desarrolla actualmente en diferentes regiones del país.
Convocamos a las organizaciones sociales, sindicales y sectores populares, a nivel nacional e internacional, a sumarse a este pronunciamiento, a rodear la movilización indígena, y las movilizaciones de otros sectores para la reivindicación de sus derechos.
Invitamos al Sistema de las Naciones Unidas y a los organismos internacionales con presencia en Colombia a hacer seguimiento a la movilización, y a contribuir a que se garantice la vida, la integridad física, cultural y territorial de los pueblos indígenas de Colombia.
Firman, en Bogotá, el 14 de octubre de 2008, la Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Censat-Agua Viva , Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), Conap Colombia
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