Tensión en Ecuador. – DAYUMA: ¿MALEANTES O LUCHADORES?
En Chimborazo, donde está de visita, Rafael Correa fue claro y enfático: “No caigamos en ingenuidades ni en romanticismos de que son comunidades indígenas defendiendo su selva, su territorio ancestral. Hay mafias organizadas al mando de politiqueras de la región que viven del conflicto y la corrupción, que se acostumbraron a que Orellana sea tierra de nadie”. Todos entendieron que el presidente se refería a Guadalupe Llori –presa acusada de sabotaje y terrorismo (abajo der.)– y Ana Rivas.
En la madrugada del domingo no se sabía si Llori –apresada después de las 16 del sábado– sería trasladada a la cárcel de mujeres de Quito se la enviaría al Centro de Detención Provisional. Rivas manifestó que nadie la había informado que existiera orden de detención en su contra. Una concentración espontánea de pobladores frente a la casa de la prefecta fue dispersada con gas lacrimógeno por los militares.
Rivas y Llori militan en el movimiento indígena Pachakutik, crítico de Correa y su gobierno.
La intervención de la Asamblea Constituyente se produce luego de que, el viernes siete de diciembre, un grupo de esposas y familiares de los 22 detenidos llegara a la sede de la Constituyente para pedir que el organismo levante la emergencia (estado de sitio) en Orellana y libere a los presos. El presidente Rafael Correa advirtió entonces que renunciaría a su cargo si la Asamblea Constituyente otorga el perdón a los detenidos por el paro de Dayuma, quienes enfrentan un proceso de investigación bajo los cargos de terrorismo y sabotaje, que Correa el primer mandatario calificó como sedición.
En Chimborazo el presidente puntualizó: “Yo siempre he estado del lado de las comunidades, no puedo ser injusto y no puedo ser ingenuo (…) En Orellana hay sedición por parte de mafias criminales, politiqueras que utilizan a ciertas comunidades y no vamos a permitir esa sedición. Seguiremos actuando con firmeza con estricto apego a la ley”.
Correa incluso cuestionó a los grupos de Derechos Humanos que apoyan a los familiares. “No se han dado cuenta de que no han sacado las fotos de los puentes dinamitados. No han preguntado a los trabajadores de Petroecuador, a donde llegaron encapuchados para obligarles a cerrar los pozos, con lo cual la producción bajó en 36.000 barriles diarios”. Luego defendió al ejército, que actuó, dijo, “con total profesionalismo”.
La agrupación de DDHH de Dayuma, por su parte, señala –según el diario El Universo de Guayaquil, que la «orden presidencial de detener y enjuiciar a líderes sociales y pobladores de Orellana ha desatado un operativo militar sin precedentes en la zona; además, se han elaborado informes en los que se anotan hechos que no existen y responsabilidades sobre presuntos actos terroristas que tampoco existen.
«El Estado de Emergencia ha dado la razón a una visión militar que no tiene fundamentos firmes y les ha dado un poder omnímodo en la zona, pues ha sometido a la autoridad militar a todos los poderes civiles, incluyendo el sistema judicial.
El Estado de Emergencia carece de legitimidad y ha dado pie a una serie de acciones ilegales y arbitrarias de los militares y las autoridades judiciales locales, como el fiscal, que acusó sin pruebas; el juez que no permitió los alegatos de la defensa; y la policía nacional que no acató la resolución de habeas corpus.
«El Presidente Correa ha reiterado su voluntad de construir un país de paz, sin embargo los hechos dados en Orellana desdicen estas afirmaciones y criminalizan a una población pobre a la que dice servir y lo hace sin tener una información veraz; por tanto, exigimos la realización de una investigación independiente que dé cuenta real de los hechos y las acciones militares. Consideramos que los informes militares elaborados carecen de veracidad e independencia».
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Fuentes
– www.eluniverso.com
– Movimiento por la salud de los pueblos, Equipo comunicándonos.
– www.eldiario.com.ec
– www.indymedia.org