Trabajadores o corporaciones. Una lectura del Paro General del 24E en Argentina

Emilia Trabucco - CLAE

Este 24 de enero, a 45 días de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, se llevó adelante el primer paro general contra las políticas de gobierno, convocado por la CGT, la central de trabajadores más grande de Argentina, a la que se plegaron la CTA-T, la CTA-A, los movimientos sociales y  organizaciones políticas, feministas, de inquilinos, culturales, quienes confluyeron en múltiples movilizaciones en todo el país, y a las que asistieron más de un millón y medio de manifestantes bajo la consigna “La Patria No Se Vende”.

Hay que resaltar la amplia participación en el interior del país, incluso en ciudades en donde el voto masivamente había favorecido la victoria de Milei.

Fue una movilización que logró un amplio marco de unidad y contó con amplio apoyo e impacto internacional, que molestó al establishment y que desbordó ampliamente la posibilidad de aplicación del “protocolo antipiquetes” de la ministra Patricia Bullrich. El epicentro fue el Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un escenario que mostró a los líderes sindicales y contó con tres oradores: Pablo Moyano (sindicato de Camioneros), Héctor Dáer (sindicato de Sanidad) y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).

Es importante poder analizar el contexto económico y político en el que se gesta este nuevo enfrentamiento de calle, que fue posicionando a actores y profundizando los conflictos entre y al interior de los proyectos políticos que se disputan los destinos de Argentina, en un escenario donde los tiempos se aceleran, la crisis se agudiza y el bombardeo mediático alimenta la construcción de antinomias en la lectura de los acontecimientos.

La convocatoria a la medida de fuerza sienta un precedente histórico, ya que fue la más rápida de la central obrera frente a un nuevo gobierno desde la recuperación democrática, un punto que el sector oficialista aprovechó para cuestionar la ausencia de convocatoria a paro en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. El factor que no incluyen en sus análisis es la celeridad con la cual el actual gobierno implementó, desde su asunción el 10 de diciembre de 2023, su “política de shock”.

Esa política fue materializada principalmente en las diez medidas del ministro de economía Luis Caputo, un megadecreto presidencial y el envío de la llamada Ley ómnibus al Congreso, que impactaron rápidamente en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, con un 120% de devaluación y la liberación de los precios de alimentos, servicios y combustibles.

Las medidas despertaron el rechazo inmediato de los distintos sectores, motivando los “cacerolazos” masivos en todo el país, protagonizados principalmente por la clase media. Estas iniciativas aceleraron el posicionamiento de las dirigencias sindicales y es así como el 28 de diciembre, la CGT encabezó una movilización al Palacio de Tribunales, luego de la presentación del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), donde la Central presentó un amparo a la Corte Suprema de Justicia contra la pretendida reforma laboral presente en el decreto.

Ese mismo día, el gobierno anunció la presentación al Congreso del proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” (Ley “ómnibus”), a ser tratada en sesiones extraordinarias en el mes de enero. Éste es el contexto en el que surge la convocatoria al paro, que fue ordenando a partir de allí la rearticulación de amplios sectores del campo nacional y popular en todo el país.

El gobierno encabezado por Javier Milei logró en dos meses torcer la puja distributiva, con una transferencia de ingresos brutal del bolsillo de los trabajadores a la renta empresarial, al nivel de lo que logró el gobierno neoliberal de Mauricio Macri en el transcurso de cuatro años.

Este proyecto de brutal empobrecimiento debe necesariamente acompañarse de una estrategia de construcción de sentido común que apunte a la desarticulación de quien considera su enemigo, alimentando la disputa “trabajador-trabajador”. Quien concibe el conflicto, conduce: el proyecto político y económico de los grupos concentrados viene imponiendo, desde la campaña presidencial de Milei, el discurso de “las dos Argentinas”.

El propio presidente declaró un día antes del paro: «hay dos Argentinas, una que se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia, en la que no se crean empleos privados desde 2011 y tenes clavada la cifra en seis millones, y otra que es la que votó las ideas de la libertad”.

En esta clave se construyó una estrategia en redes sociales con el objetivo de “partir aguas”, bajo la tendencia #YoNoParo. Se activaron sus ejércitos de trolls “libertarios” y se sumaron los funcionarios de alto rango del gobierno, como Patricia Bullrich (ministra de Seguridad ), Luis Petri (ministro de Defensa), entre otros referentes políticos. La tendencia se posicionó en primer lugar en la red X, en horas de la tarde del 24.

El eje discursivo fue que quienes paraban eran parte de la casta sindical que pretende sostener sus privilegios y los militantes “ñoquis”, en contraposición a “los argentinos de bien”, a quienes la ministra Bullrich puso a disposición una línea telefónica para denunciar “aprietes de los sindicatos”, para obligarlos a adherirse al paro. Igualmente, si no lo lograban por consenso, también estaban dispuestos a usar la violencia de las fuerzas de seguridad: la represión como mecanismo de disciplinamiento social, la otra cara necesaria de un programa de ajuste.

Por debajo de las antinomias que se intentan instalar, la contradicción que efectivamente ordena los proyectos políticos en Argentina fue expresada con claridad por uno de los oradores de la movilización del 24E, Pablo Moyano, en un mensaje dirigido a los diputados que tienen en sus manos la aprobación de la Ley ómnibus: «Están ante una decisión histórica (…) si están con los trabajadores o con las corporaciones monopólicas que están con este modelo económico que lleva el presidente Milei».

Hay una sola Argentina, la Patria trabajadora, y esta es la verdadera grieta: millones de trabajadores versus un puñado de grandes empresarios locales, aliados al poder internacional, los únicos beneficiados del rumbo que ha tomado el gobierno.

El detrás de escena del debate parlamentario lo demuestra. Reuniones y negociaciones en el Hotel Savoy a espaldas de los argentinos, sobre una Ley y un DNU que fueron escritos por los estudios jurídicos de las grandes corporaciones del llamado “Círculo Rojo” argentino, los “dueños del chancho”, el poder económico detrás del proyecto de dependencia nacional y saqueo histórico, que ha sabido instrumentar al Partido Militar, al Partido Judicial, al poder político y mediático a favor de sus intereses. La culpa no es solo del chancho (cerdo), sino de quien le da de comer.

Los nombres son los mismos. Estos empresarios se organizan principalmente en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), cuyos vicepresidentes son, entre otros, Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Alfredo Coto (Supermercados COTO); la Unión Industrial Argentina (UIA), presidida por Daniel Funes de Rioja (representante de la dictadura de  Videla en la OIT), cuyo estudio jurídico redactó el capítulo sobre legislación del trabajo del DNU; la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), cuyo presidente es Carlos Ormachea (nombrado por Techint, Vista y Pampa Energía) y la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham), cuyo presidente es Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan en Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay (banca entre cuyos inversores está el fondo BlackRock, principal tenedor de deuda privada en nuestro país)

Obviamente el empresariado del Círculo Rojo se posicionó en contra del paro general. Funes de Rioja expresó: «Creemos en el diálogo social como el principal medio para abordar democráticamente las cuestiones socioeconómicas y laborales. En este contexto económico, un paro de esta índole perjudica seriamente a los trabajadores y a la producción». El pretendido consenso solo incluye a los poderosos, quienes son conscientes de que la iniciativa de calle de las organizaciones sindicales y políticas complican su plan de rápida aprobación de la Ley ómnibus en el Congreso, así como el avance de las políticas de liberación de la economía que ya los benefician, en una sed de lucro que no parece tener límites.

Frente a la ofensiva de un proyecto de patria financiera para unos pocos, el campo nacional y popular busca rearticularse para llevar adelante las iniciativas que permitan construir el poder necesario para oponer un proyecto de las mayorías. En este contexto de profunda crisis de representación política, aparecen las discusiones en torno a la conducción del peronismo como identidad popular histórica en Argentina, y se exigen nuevas tareas a las dirigencias, que hoy -además- son blanco del ataque sistemático de los sectores políticos y económicos que detentan el control del Estado.

Los hechos demuestran que las batallas en los escenarios institucionales son necesarias pero no suficientes. En este marco de agudización de la conflictividad social, en el Congreso nacional el oficialismo logró un dictamen de mayoría favorable para que la Ley ómnibus pase a debatirse en la Cámara de Diputados, con la firma de 55 diputados, de los cuales 34 fueron en disidencia, ya que no se incorporaron todas las modificaciones que exigieron los bloques llamados “dialoguistas” y algunos gobernadores.

La tensión es tal, que luego de que el gobierno logrará el dictamen de mayoría, el ministro de Economía Luis Caputo, amenazó públicamente a los representantes de las provincias en el Congreso:  “si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”.

Paradójicamente y de manera simultánea, el gobierno denunció judicialmente por “amenazas e incitación a la violencia” a Pablo Moyano, quien en su discurso apuntó contra el ministro como uno de los principales responsables del ajuste a los trabajadores. La agenda mediática por supuesto se encargó de invertir la fórmula “amenazado-amenazador”.

Pablo Moyano viene construyendo un liderazgo al interior del campo popular, con mucha claridad en la identificación del enemigo del proyecto popular. Eso explica el ensañamiento contra su persona y la demonización que intentan construir, en el plan sistemático de persecución a los referentes políticos. Milei, luego de la movilización, volvió a instalar la antinomia de las “dos Argentinas”: compartió una foto de Moyano en la red social X y escribió: “nunca fue tan clara la elección. Hacemos los cambios o seguimos presos de estos extorsionadores”.

Este escenario parece demostrar que la posibilidad de las mayorías de torcer el rumbo de la política se debate centralmente en el escenario del enfrentamiento de calle.  Esto también lo demostró la construcción del paro y movilización del 24 con federalidad. En lo que respecta a la Ley ómnibus, se postergó el tratamiento y no está confirmado aún que se trate la semana que viene, ante la demostración de fuerzas que hizo el pueblo en las calles.

La posibilidad de avanzar en la construcción de un proyecto nacional y popular dependerá de las iniciativas que se construyan hacia adelante, en el desafío de construir máximos niveles de organización, la configuración de una conducción que responda a los intereses de quienes representa, en la confluencia de la heterogeneidad de los múltiples espacios políticos que hoy organizan a los trabajadores y en el desafío de construir otro sentido común, incorporando a la estrategia común las nuevas claves que definen la configuración de la política en este siglo XXI.

* Psicóloga, magíster, militante sindical y feminista, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)