Jun 1 2007
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Economía

Triste y vergonzoso. – SER INDÍGENA EN LA TIERRA PROPIA ES COMO NO EXISTIR

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Ser mujer, pobre e indígena en Perú es una peligrosa combinación que puede acarrear la muerte, afirma la organización Amnistía Internacional. En Iquitos, por ejemplo: «Cuando vas mal arreglada te hacen esperar más y entran antes los que llegan después pero van bien vestidos […] y si reclamas te tratan peor».

La negación del derecho a la salud materno-infantil se produce de forma dramática en los sectores más desfavorecidos. Los indices de mortalidad materna e infantil son uno de los más altos de América. El pago de multas, la no entrega de certificados de nacimiento y a veces los gritos, insultos y desprecio en las consultas de algunas regiones remotas del país no pueden seguir. Dice AI: «Debeemos hacer algo y tenemos que hacerlo ahora».

Cuando la madera mata. No sólo la salud, empero es más bien un riesgo que un estado. El gobierno entrega concesiones madereras en zonas reservadas donde habitan indígenas aislados. Los grupos –naciones, en verdad– que se aíslan voluntariamente de la «civilización» no tienen derechos en el Perú. Por ello, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Defensoría del Pueblo han exigido al gobierno que respete el territorio donde habitan.

El 22 de marzo la CIDH exigió al Estado peruano que cumpla de inmediato con adoptar medidas cautelares urgentes a favor de los pueblos indígenas de la Reserva Territorial Madre de Dios, en el sureste de la Amazonia peruana, que viven amenazados de muerte y contagio de enfermedades por la tala indiscriminada de caoba, un negocio en el que participan, sólo en dicha reserva, más de 2.000 madereros.

E Estado no garantiza su seguridad, su vida, ni su territorio, pues por un lado se reconocen con resolución ministerial varias reservas territoriales a favor de pueblos aislados, pero por el otro se conceden estas mismas reservas a lotes petroleros y empresas madereras. Según el abogado Hernán Cuba Chávez, de la Defensoría del Pueblo, los pueblos aislados “no aparecen en las estadísticas, no resultan ciudadanos, no tienen documentos”.

Además, las concesiones forestales otorgadas por el Instituto Nacional de Recursos Naturales son adyacentes a zonas no autorizadas para la extracción de madera. Esto equivale a una invitación a la tala ilegal, en particular porque las zonas reservadas carecen de puestos de control, personal de Policía Ecológica capacitado para la protección de los recursos naturales y de los pueblos indígenas que las habitan.

El dirigente Pizango Chota señaló: “Para el Estado los recursos naturales son de la Nación, pero cuando regula la ley establece que ‘El Estado dispone’. ¿Y dónde están los pueblos?”

TORTURA EN CARCEL DE TEMUCO

En el diario Azkintuwe la periodista Lucía Sepúlveda formula relata la constatación de un hecho en la cárxcel de Temuco, al sur de Chile, que es –a la vez– una seria denuncia. Se trata del caso del preso político mapuche Waikilaf Cadin.

Cadin fue entrevistado por Sepúlveda.

Waikilaf Cadin ha crecido en la defensa de la tierra de la comunidad Juan Paillalef de Cunco, IX región, donde viven treinta miembros de su familia. Cuando el 17 de octubre de 2006 fue trasladado como castigo a la Cárcel de Alta Seguridad desde Temuco, fue torturado y estuvo setenta días en huelga de hambre. Formalizado por cinco cargos, arriesga penas de 11 años de presidio.

Luego de dos meses de trámites, conseguimos ingresar a la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago. Denegado el permiso para tomar fotografías del trayecto al locutorio subterráneo y despojados de toda pertenencia excepto grabadora, cámara y papel, esperamos la llegada de Waikilaf Cadin Calfunao –26 años, mapuche, estudiante universitario– que lleva diez meses recluido en la CAS. De más de 1.70 de estatura, contextura delgada, tez clara, pelo largo y ondulado, cursaba segundo año de derecho en la Universidad Autónoma de Temuko.

La familia en el banquillo. Cuando el 17 de octubre de 2006 fue trasladado como castigo a la CAS, estuvo setenta días en huelga de hambre. Formalizado por cinco cargos, arriesga penas de 11 años de presidio.

En el juicio oral no sólo comparecerá él, defendido por el abogado Lorenzo Morales. También se juzgara a la dirigenta Juana Calfunao, madre de Waikilaf; a su padre, el werken Antonio Cadin Huentelao; a su tía Luisa Calfunao; a su hermano Jorge Landero y a Ernesto Lincopán. La comunidad ha denunciado que Rocío, Relmutray, Camilo y Cristóbal, de 15, 8, 13 y 3 años, respectivamente, están dañados sicológicamente por esta situación. La abuela, Mercedes, de 75 años, y Carolina, hija de Juana Calfunao, están impedidas de visitar a sus familiares.

Waikilaf y otros comuneros bloquearon el 31 de julio de 2006 el camino que une Los Laureles con el lago Colico, enfrentándose –en defensa de su territorio– con técnicos de postación eléctrica y fuerzas policiales. El Ministerio de Obras Públicas y la empresa de electricidad FRONTEL (de Saesa, filial de la norteamericana PSEG Global) operan como dueños de las tierras. FRONTEL ha instalado postes y talado peumos y laureles en la comunidad Juan Paillalef, denuncian sus miembros.

–¿Qué lo motiva a librar esta lucha?

–Hay gente que considera la tierra como un bien material. Para mí, es parte del tuwun, mi lugar de origen, y también mi kupalme, el tronco familiar. Mi comunidad está en la precordillera, entre Villarrica y Pucón. Son 120 hectáreas, según el título de merced, pero en la práctica no podemos ocupar mas de 40. Criamos animales, hay vertientes y un río. Estamos a la entrada de la boca del lago Colico, un centro turístico.

La gente gana tres mil pesos diarios trabajando doce horas en los fundos del sector. Los grupos paramilitares patronales han incendiado tres veces nuestra casa, nos han baleado y torturado. Por eso nos organizamos, no estamos dispuestos a morir quemados en nuestras casas. En el último nguillatun que tuvimos con autoridades tradicionales de otras seis comunidades de Cunco, Traiguén y Temuko, decidimos poner en práctica nuestro derecho a la autodeterminación. Hemos dicho basta.

–¿Su familia es muy diferente a otras familias mapuche?

–Quizás, pero mucho del descontento mapuche es similar al nuestro, solo que nosotros hemos dado la cara para luchar por la tierra. Comenzamos a actuar después de la segunda quema de nuestra casa, el 26 de junio de 2004. Murió calcinado mi tío Juan Pinchulaf que alojaba en la casa. A Pascual Namuncura, un peñi mayor que vive con nosotros como un tío abuelo, en sus sueños el espíritu le dijo: ‘Arráncate chacha’ y el arrancó por la ruta de escape que habíamos trazado.

Pusimos la denuncia en el Ministerio Público y nombraron un fiscal, Cristian Crisosto Riffo, pero cuando muere un mapuche no pasa nada. Fuimos a declarar pero no se investigó el caso. Como los sospechosos son ricos de la zona, ni siquiera los llamaron a declarar.

–¿A quiénes responsabilizan ustedes?

–A los latifundistas. Ellos formaron un grupo paramilitar financiado por Alejandro Seco, del Fundo Santa Adela, que proveía las armas. Participaba además Leonardo García Sabugal, empresario forestal, esposo de la concejala UDI de Los Laureles, Patricia Vargas. Ambos son usurpadores de tierras mapuches. También los hermanos Álvaro y Aliro Taladriz, dueños del hotel-resort Trailanqui, cerca del lago Colico. A su gente le daban 17 mil pesos semanales para que nos atacaran. Hemos registrado en vídeo ocho allanamientos y cortes de camino, se pueden ver en la pagina web www.mapundial.org.

–¿Cómo es la vida en esta prisión?

–Es muy difícil. Al principio el juez desestimó la acusación de secuestro que pesaba en mi contra –no así la Corte de Apelaciones– por la que me fui a entregar voluntariamente. Se me llevó a un mundo donde estuve rodeado de narcotraficantes y ladrones.

En la CAS no tengo contacto con la naturaleza. He tenido problemas por la posición de la cama, mi cabeza tiene que estar en el tripan antu, por donde sale el sol, por los sueños. Al alejarme de mi tierra se me ha alejado también de los sueños. Paso encerrado en esta cárcel, hay una hora al día de salida a un espacio donde llega el sol. Pero yo me siento mejor encerrado en mis cinco metros cuadrados. En cierta forma, me siento libre, la cárcel no me ha vencido.

Lucho por ideales, por una forma de vida, por lo que he aprendido desde chico. En la cárcel de Temuko se me torturó, física y sicológicamente, no me quieren allí porque en cinco semanas fui capaz de organizar a los demás presos. En la CAS aplican seis meses de castigo a un reo, yo llevo más de ocho.

CHIAPAS: 17 CONFLICTOS

La Secretaría de Pueblos Indios (Sepi) tiene identificados 17 conflictos por motivos políticos, religiosos, agrarios y penales, que requieren »especial atención» en municipios donde hay grupos étnicos, informó el titular de la dependencia, Fernando López: »Son focos amarrillos a los que debemos dar atención especial», dijo.

Información del periodista Elio Henríquez aparecida en el diario mexicano La Jornada.

Destacó el funcionario la disputa agraria que mantienen desde hace varios años en El Carrizal, municipio de Ocosingo, indígenas de las organizaciones Campesina Emiliano Zapata y Regional de Cafeticultores de Ocosingo, y el de límites entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.

También se refirió al problema entre indígenas católicos y evangélicos en la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula, donde los primeros han amenazado con destruir el templo protestante, suspender los servicios de agua y energía eléctrica e impedir que los hijos de los evangélicos ingresen a la escuela si continúan con sus cultos religiosos.

López afirmó que en la Sepi y otras dependencias intervienen en estos conflictos en busca de soluciones definitivas. Explicó que en El Carrizal se reiniciaron hace poco las pláticas con ambos grupos y que él fue comisionado para coordinar la mesa de diálogo.

Aseguró que, gracias a la intervención de la dependencia, hace unos días se firmó el acuerdo de libertad religiosa y convivencia pacífica entre la asociación religiosa Alas de Aguila y la asamblea ejidal de Los Pozos, municipio de Huixtán, donde católicos y evangélicos estaban confrontados.

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* Todas las informaciones tomadas de los medios u organizaciones que se indican.

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