La operación militar de los Estados Unidos que secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo llevó a un tribunal de Nueva York marca una encrucijada que algunos resuelven simplemente apelando a afinidades ideológicas.
Por un lado, el hecho de que el presidente estadounidense Donald Trump decida unilateralmente violar el territorio de un país soberano y retirar a quien ejercía como líder político implica una violación total de los principios pacifistas bajo los cuales se ha regido Sudamérica justamente desde el fin de las múltiples dictaduras militares impulsadas en gran medida por Estados Unidos hacía fines del siglo XX. Y es en EU donde se ha ido extendiendo el consumo de drogas, desde la cocaína, la heroína y la marihuana, hasta los opioides y las sustancias sintéticas como el fentanilo.
Es más: en una notificación confidencial enviada al Congreso, el presidente Donald Trump ha decidido que su país está inmerso en un “conflicto armado” formal con los carteles del narcotráfico, designados por su equipo como organizaciones terroristas y que los presuntos narcotraficantes de estos grupos son “combatientes ilegales”.
El comunicado añade nuevos detalles a la justificación jurídica poco articulada del gobierno de la razón por la que deben considerarse lícitos y no asesinatos los ataques militares estadounidenses que el presidente ordenó el mes pasado contra embarcaciones en el mar Caribe, en los que murieron pescadores, que iban a bordo.
El consumo de drogas en Estados Unidos es un problema de salud pública significativo. Desde 1999, más de 1,15 millones de estadounidenses han muerto por sobredosis, y el 51,2% de la población mayor de 12 años ha consumido drogas al menos una vez en su vida. El presupuesto anual para combatir el problema sumó 44,5 mil millones de dólares en 2024. Se trata, sin duda, de un problema social que no puede ser confrontado solo bombardeando lanchas en el Mar Caribe (nunca se comprobó que llevaran drogas).
La decisión de Trump de calificar su campaña contra los cárteles como un conflicto armado activo significa que está consolidando su reclamo de poderes extraordinarios en tiempos de guerra y para ello encontró una buena excusa. En un conflicto armado, tal como lo define el derecho internacional, un país puede matar combatientes enemigos aunque no supongan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares.
Y así lo hizo: atacó Venezuela, secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, asesinó a cerca de un centenar de personas, con el mero fin de apoderarse de una de las mayores reservas petroleras del mundo. Todo un demócrata que ahora amenaza anexarse Groenlandia, territorio ártico de Dinamarca.
Argumentar que Estados Unidos es solo un país consumidor de drogas, como sistemáticamente define su gobierno la crisis interna de narcóticos al considerar que son víctimas de las organizaciones del narcotráfico internacional, es ver toda esa compleja realidad con anteojeras. El tráfico de drogas en Estados Unidos no responde a un modelo de control territorial o violencia extrema, sino a una estructura fragmentada, sigilosa y altamente funcional, capaz de moverse con rapidez por una geografía tan extensa como diversa.
Se trata de un negocio multimillonario que deja sólidas ganancias, próspero en su país, con una población demandante de drogas que lo convierte en principal mercado.
Según un informe del FBI, en 2024 en Estados Unidos había unas 33.000 pandillas violentas que tenían un aproximado de 1,4 millones de miembros. Ese año se interceptaron más de 17.000 kilogramos de cocaína solo en el suroeste del país: se detectó un aumento en el uso de túneles subterráneos, embarcaciones semisumergibles, drones y vehículos comerciales. La innovación tecnológica responde al intento constante de evitar la vigilancia aduanera y maximizar el margen de ganancia.
Estados Unidos no es solo uno de los países más afectados por el consumo de drogas; es también el punto final de
una cadena global que empieza a miles de kilómetros, en laboratorios clandestinos, campos de cultivo y puertos del hemisferio sur, pero que cuenta con el poder financiero de los grupos estadounidenses. Los responsables de la producción y distribución de estupefacientes ilegales no son solamente los ya conocidos carteles del narcotráfico que operan en México, Ecuador, Colombia, Perú, o desde países europeos, sino los propios, los que el presidente Donald Trump simula desconocer.
Trump ha admitido el peligro, la violencia y los altos niveles de inseguridad generados por la delincuencia interna en ciudades clave como Washington D.C., Chicago, Baltimore, Nueva York, Los Ángeles, entre muchas otras, pero prefiere decir que se debe a inmigrantes. No se le ocurrió bombardear esas ciudades como sí lo hizo en Caracas.
Según las autoridades, existen varias bandas criminales vinculadas al narcotráfico que operan como consagrados carteles estadounidenses y cuentan con sofisticados procedimientos financieros. Solo en Watts, un vecindario ubicado al sur de Los Ángeles, California, operan cuatro poderosas organizaciones: la ‘Grape Street Crips’; la ‘PJ Watts Crips’, los ‘Bounty Hunter Bloods’ y ‘Hacienda Village Bloods’, culpables de poseer, distribuir y conspirar para la venta ilícita de drogas como fentanilo, heroína y cocaína,
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los dos grandes carteles de Los Ángeles, con influencia y extensiones en gran parte de EU son los ‘Crips’ y los ‘Bloods’, que operan a través de escisiones de pandillas más locales que se encargan del microtráfico y otros delitos vinculados para hacerse del control de zonas de influencia.
Otro de los carteles narcos que surgió como pandilla en Boston es el ‘H Block Street’, grupo criminal que ha logrado tener fuerte influencia en esa región estadounidense y que además genera terror en la comunidad.
Las organizaciones criminales de América Latina se convirtieron en las principales proveedoras de estupefacientes a partir de la segunda mitad del Siglo XX, que es cuando surge la primera referencia a los «carteles» de las drogas. Se los identificaba así porque cabían en el concepto alemán de «kartell», que es la confabulación entre comerciantes para eliminar la competencia y controlar los precios y distribución de un producto cualquiera.
Steven Dudley, codirector del centro de investigación y análisis Insight Crime, advierte que «cartel» es una «designación inventada» que hizo Estados Unidos para referirse a los grandes grupos criminales transnacionales. Sostiene que “no tiene validez académica, se utiliza tan ampliamente que ha dejado de significar algo».
Lejos de perder la guerra lanzada por el entonces presidente Richard Nixon, carteles como el de Medellín y el del Cali, en Colombia, o el de Guadalajara (luego llamado del Pacífico o de Sinaloa), el de Juárez, el de Tijuana o el del Golfo, en México, se convirtieron desde los años 80 en lucrativas organizaciones criminales que obtenían miles de millones de dólares en EU, el mayor mercado de drogas del mundo, contando con la vista gorda de los gobernantes estadounidenses y del sistema financiero, lavador del dinero generado.
Los carteles estadounidenses pactan el envío a las fronteras de cargamentos de drogas y a partir de ahí se encargan de la logística de transportarla, distribuirla y venderla para después repartir las ganancias y pagar a través del lavado de dinero en el sistema financiero de EU y el transporte oculto de efectivo por la frontera sur de EU.
El exjefe interino de la DEA, Jack Riley, habló públicamente de la presencia de carteles estadounidenses en mayo 2016 en una audiencia ante el Congreso de EU la «Iniciativa de Carteles Domésticos» (ICD, Domestic Carteles Initiative). A los funcionarios de la DEA y de otras agencias gubernamentales no se les permite hablar de «carteles estadounidenses», no porque el gobierno de Trump esté actuando en contra de ellos, sino porque les quitaría ese tono imperialista de querer imponer las reglas a nivel internacional en la lucha contra el trasiego de drogas.
Es el juego de la narrativa, de un doble sentido del gobierno de EU. Si el presidente dijera ‘nuestros carteles’, les daría argumentos a otros países para decir ‘Si tú estás admitiendo que tienes carteles, cómo me estás acusando a mí'».
El primer eslabón del tráfico de drogas está fuera del país. Los cargamentos (sobre todo cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína) se producen o se ensamblan en países como México, Colombia y China, según el FBI. En el caso del fentanilo, los precursores químicos llegan desde Asia, se procesan en laboratorios mexicanos y se introducen al mercado estadounidense a través de múltiples vías. Al menos eso es lo que sostiene el gobierno.
Estados Unidos alberga el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo. Aunque el consumo ha crecido significativamente en otras regiones como Europa Occidental, América del Sur y Oceanía, la magnitud del mercado estadounidense no tiene todavía parangón, tanto por cantidad de consumidores como por índices de prevalencia: los estadounidenses gastan aproximadamente 150 mil millones de dólares al año en drogas ilícitas y difícilmente la culpa de eso la tenga Venezuela o Nicolás Maduro.
Si bien la mayoría de los consumidores de drogas ilícitas no desarrolla patrones de comportamiento problemático, Estados Unidos ha enfrentado al menos cuatro grandes epidemias en su historia reciente: la heroína a fines de los años sesenta, la cocaína en polvo a mediados de los setenta en las grandes ciudades, el crack en los ochenta y las metanfetaminas durante los noventa y principios del nuevo siglo. Sin embargo, el desafío más letal ha surgido en los últimos años: el fentanilo.
La producción de cocaína se encuentra en niveles históricos y las sobredosis asociadas a esta sustancia han crecido en Estados Unidos, pero la atención de Trump se había centrado en México y el fentanilo (sustancia 50 veces más
adictiva que la heroína), presionando al gobierno de Claudia Sheinbaum para que profundice su control sobre la migración irregular y combata con mayor rigor la manufactura y tráfico de fentanilo hacia EU.
Trump no solo designó a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas, sino que también propuso desplegar sus fuerzas armadas en territorio mexicano, amenazando además con imponer aranceles comerciales en caso de inacción por parte del gobierno de Sheinbaum.
* Colectivo del Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican) , Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.