En la madrugada del domingo 28 de setiembre, dos personas ingresaron al hogar de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Según relatan fuentes policiales, los dos delincuentes dispararon dos veces y rompieron varios objetos. Además, realizaron un pozo en el patio de la casa, por lo que por estas horas se está intentando descartar si dejaron un artefacto explosivo.
Ferrero se encontraba dentro de la casa al momento del hecho y se presume que los disparos fueron con intención de matarla. De hecho, la Policía investiga el caso como atentado. Uruguay cada vez más parecido al continente que habita. Del que no se puede ir, del que siempre fue parte, pero parece que nosotros no somos o no queremos ver que somos latinos.
Reacciones o es reacción
Inmediatamente el presidente Yamandú Orsi convocó a Mónica Ferrero a una reunión en Torre Ejecutiva por el atentado contra su vida. Además integrarán la reunión el ministro del Interior, Carlos Negro, y la Ministra de Defensa, Sandra Lazo.
Negro citó al Comando de la Policía Nacional, es decir, las principales jerarquías nacionales en la sede del Ministerio del Interior. Tras esto, según informó la propia cartera, se brindará información a la prensa acerca de los avances de la investigación del caso. «Van a caer», sentenció Negro.
Esto es un parteaguas en la historia del crimen organizado en Uruguay. La alarma despertó (¿despertó?) al sistema político. Al menos reaccionaron de forma inmediata y se expresaron a través de la red social X.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz y ex fiscal de corte escribió en su red social X: «Defender el estado de derecho es lo que reclama la hora. Todo el respaldo a la policía y la fiscalía que están trabajando para detener a los autores materiales e intelectuales del atentado y les caiga todo el peso de la ley. Mi solidaridad con Mónica y su familia en esta hora tan difícil.“
El senador oficialista del centroizquierdista Frente Amplio Daniel Caggiani apuntó: «Todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación y resolución y toda nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Sobre estos solo corresponde una mirada común y nacional del sistema político».
El expresidente Luis Lacalle Pou escribió en X: «Me comuniqué con el presidente Yamandú Orsi a raíz del atentado contra Mónica Ferrero. En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia»
En tanto, el senador del opositor Partido Nacional Javier García indicó que el hecho tiene una «gravedad institucional incalculable», al tiempo que el presidente de dicha fuerza política, Álvaro Delgado, calificó lo ocurrido como «un ataque directo a la institucionalidad democrática del país».
El también senador nacionalista publicó: “Lo que le pasó a la Fiscal de Corte es igual de grave que si hubiese pasado algo al Presidente , a la Vice Presidenta o al Presidente de la Suprema Corte. Es un antes y un después. Es la frontera. Es el límite. Todo el poder policial y hasta militar de ser necesario para encontrar a los responsables”
El consultor político del presidente Orsi y doctor en Ciencias Políticas Luis Costa Bonino, posteó: “Dada la conmoción política que han generado los hechos ocurridos en la casa de la Fiscal Mónica Ferrero: tiros en las paredes, un pozo donde se especuló que podría haber un explosivo. Me parece de interés informarles que el recurso más utilizado por los consultores políticos mexicanos, venezolanos, etcétera, de los cuales más de uno de ellos ha sido contratado en Uruguay en 2019 y en 2024, es el de los autoatentados«
«Éstos permiten diversas utilizaciones, de desestabilización institucional, victimización y ataques políticos en contextos de campañas electorales de largo plazo. La ofensiva feroz que han hecho justamente esta semana contra el Ministro del Interior Carlos Negro, es un contexto favorizador. A quienes están tratando de esclarecer este hecho, les digo que, además de las obvias hipótesis de narcotraficantes, etc, estudien la que refiero, que en los países donde trabajan más tiempo los consultores políticos que nos visitan, es la hipótesis más verosímil y probable”, añadió.
Quien avisa…
A menos de un mes antes del atentado, Ferrero acudió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para hablar sobre el Presupuesto y, en este marco, según consta en la versión taquigráfica, hizo referencia a las amenazas que seguía recibiendo.
Cuando habló de la importancia de la creación de la Escuela de Fiscales dijo que había que ayudar a los integrantes 
del Ministerio Público a “vencer el miedo de enfrentar ciertas causas que pueden amedrentar a los fiscales” y agregó : “Yo siempre digo que no es solo serlo, sino parecerlo; eso hay que inculcarlo”, reforzó, y habló de inculcar a los fiscales “las normas, la dignidad, el honor, etcétera”.
“Yo he sufrido mucho estando en el tema de drogas, viendo cómo se generó toda una discusión pública de todos los actores, exponiendo las debilidades que tiene la institución. Tengo a los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y sin embargo sigo adelante. En una falsa rapiña me sacaron un brazo, en otra me amenazaron de muerte; ya saben más o menos por dónde viene, y seguimos peleando”.
Antecedentes e hipótesis
El atentado a la fiscal Ferrero no es el primero en la historia reciente uruguaya. En mayo del 2020 un aparato explosivo fue detonado a metros de la puerta de la Brigada Antidrogas, ubicada en la calle Delmira Agustini, en el residencial barrio montevideano del Prado. Según las filmaciones, los atacantes llegaron al lugar sobre las 2.00 en un auto que aminoró la marcha y lanzaron el elemento explosivo, provocando sólo daños materiales.
A las horas de este ataque, la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, fue amenazada a través de un mensaje de texto:“Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted”. En su momento, el fiscal Diego Pérez que investigó los hechos, comentó que “efectivamente, miembros de esa organización (la del prófugo narcotraficante Sebastián Marset) fueron quienes realizaron dichas acciones”.
¿Tiene que ver este atentado nuevamente con Sebastián Marset y sus aliados? Según el periodista de La Diaria Lucas Silva: “La pista más firme de los investigadores: Sebastián Marset, los Albin y otras personas involucradas en los 2.000 kilos que se incautaron en agosto en Punta Espinillo”.
El suceso en Punta Espinillo tiene que ver con que la Policía realizó un operativo en una chacra en Punta Espinillo y dos establecimientos más en Montevideo y Canelones, e incautó más de 2.000 kilos de cocaína. Los paquetes de cocaína en la chacra estaban preparados para ser trasladados a un barco en altamar, incluso algunos estaban sellados al vacío.
En la oportunidad, se detuvo a seis personas que estarían vinculadas al grupo criminal Los Albín, que operan en los barrios montevideanos de Villa Española, Cerro y Cerro Norte. La droga había ingresado al país en noviembre del año pasado por avioneta. Primero estuvo ubicada en un establecimiento en Playa Pascual y, posteriormente, fue derivada a la chacra en Punta Espinillo, según supo La diaria.
El barrio
Según Fernando Vaccotti, Capitán de Navío (R) Armada Nacional Uruguaya; ex Consejero de Seguridad de ONU (UNSECOORD – UNDSS – WFP) para región Mercosur, “En los últimos 35 años, América Latina ha sido escenario de múltiples atentados contra líderes políticos, candidatos presidenciales, activistas y exmandatarios. Lejos de ser hechos aislados, estas acciones violentas responden a una lógica geopolítica interna y regional: son expresiones de poder, mecanismos de control, y herramientas de disuasión o eliminación selectiva en escenarios donde el crimen, la política y el Estado convergen”.
En «Bandas criminales en Latinoamérica, Tomo II» podemos leer: “Un signo preocupante de la evolución del crimen organizado en Uruguay es el surgimiento de la violencia extrema al estilo sicariato (asesinatos por encargo) y hechos antes inusuales como secuestros, ajustes de cuentas entre criminales y balaceras en plena vía pública. En los últimos años, especialmente desde 2017 en adelante, el país ha vivido episodios de ejecuciones casi mafiosas y tiroteos que recuerdan escenas de países con criminalidad mucho más violenta. Ello evidencia que ciertos círculos criminales en Uruguay han adoptado métodos brutales para dirimir sus disputas o eliminar competidores”.
Según el Ministerio del Interior, en 2022 aproximadamente el 50% de los homicidios tuvieron móviles criminales (ajustes de cuentas, disputas entre delincuentes) y una gran parte de esos involucró sicariato. Uruguay se ha acostumbrado a escuchar términos como “sicario”, “gatilleros”, “ajuste de cuentas” en las noticias policiales, algo impensable una década atrás.
A la vez que Marset y sus secuaces locales estaban siendo investigados por el atentado a la Brigada Antinarcóticos en 2020, en 2022 Marset era acusado de ser el autor intelectual del asesinato en Cartagena, Colombia, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que desarticuló una importante organización delictiva en su país a través del operativo “A Ultranza”.
Luego nos preguntamos y nos quejamos ¡cómo pudo pasar esto!, sin poder hilvanar causas y procesos que sobrevolaban a la sociedad uruguaya como buitres a la carroña.
El Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil entró a comandar las cárceles de Paraguay -baño de sangre por medio-, pero en Uruguay no nos asustamos. Mucho se habla de Rosario en Argentina sobre su proximidad, sus características y similitudes con Uruguay, pero la novedad, el disgusto y el susto duran hasta la próxima noticia. Nos asustamos un poco con el magnicidio al candidato Fernando Villavicencio en Ecuador en 2023, pero la indignación duró lo que dura una ráfaga de balas por parte de un sicario en moto.
Entre 2022 y 2023 en Ecuador, cuatro fiscales fueron asesinados y varios funcionarios judiciales fueron objeto de intimidaciones y amenazas. Varias instalaciones judiciales recibieron amenazas de bomba. Solo en Manabí se registraron trece ataques y amenazas contra funcionarios judiciales. Además, varios jueces penales sobrevivieron a ataques físicos e intentos de asesinato, según Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, por el Consejo de Derechos Humanos.
¿Y ustedes?
¿Es un atentado al sistema judicial y por traslación a la democracia? Si. Sin dudas. Ahora bien, hay otros atentados día a día. El acceso a la vivienda digna, al agua, a la educación, a la salud. Vapuleadas y vilipendiadas las personas y sus derechos en los barrios más carenciados. Entonces el razonamiento no debe ser, cuál duele más, cuál duele menos o cuál afecta más o menos a la democracia.
La cuestión pasa por espabilar y empezar a atender a todos los atentados a la democracia porque uno tiene que ver con el otro y todo está conectado. Porque este tipo de atentados son el primer acto de una obra de terror que está por estrenar y a la que vamos a asistir atónitos, abombados y estupefactos.
En su libro “Matar al mormón” el periodista Gabriel Pereyra da cuenta de un diálogo cuasi profético: ¿Cómo llegaron a esa situación tan violenta con policías y gobernantes asesinados?, le preguntó una vez (Julio) Guarteche a su par jefe de la Policía colombiana, quien a su vez le respondió con una pregunta: “¿Y cómo es acá?”
– «Bueno -respondió Guarteche, quien lideró la lucha antidrogas y luego fue nombrado, en 2010, Director Nacional de Policía-, no es aún tan grave: algunos alijos quedan, otros siguen, hay algún que otro enfrentamiento entre bandas, en fin, complicado pero manejable”; concluyó.
– «Bueno -le respondió el colombiano-, precisamente así comenzamos nosotros”.
“No somos latinos” cantaba El Cuarteto de Nos y agregaba, “yo me crié en la Suiza del sur”. No somos latinos. Era cuestión de tiempo un atentado. No somos latinos. Nos auto vendimos ese discurso más el de la excepcionalidad uruguaya. No somo latinos, pero Uruguay está bien metido en el continente aunque le porfiemos a la geografía.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.