Nov 13 2005
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Política

VENEZUELA: DE LO APARENTE A LO VERDADERO

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

(Altercom). En el per√≠odo de transici√≥n de la Revoluci√≥n Bolivariana se observan dos posiciones. En tanto las autoridades regionales y municipales del Distrito Metropolitano de Caracas asumen la creaci√≥n formal de Consejos Parroquiales y Comunales, sobre la base y con la metodolog√≠a contenida en el Acuerdo suscrito el 9 de octubre del 2005, en el Municipio Pedro Le√≥n Torres (Carora). Estado Lara, se opta por la Asamblea Constituyente Municipal, posiciones aparentemente similares en el prop√≥sito de constituir una democracia participativa, pero ‚Äďen t√©rminos objetivos‚Äď totalmente distintas: jerarquizada y burocr√°tica, la primera, horizontal y participativa, la segunda.

Veamos las razones para esta afirmaci√≥n. En la metodolog√≠a adoptada por las autoridades regionales y municipales del Distrito Metropolitano de Caracas, se establece que las decisiones de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas de la comunidad deben ser vinculantes para el Consejo Comunal. Aseveraci√≥n que inmediatamente luego se ve mediatizada y limitada puesto que, en el mismo documento, se afirma que: ¬ęlas decisiones (…) ser√°n vinculantes cuando (sic) establezcan los reglamentos correspondientes¬Ľ. A lo que agrega: ¬ęMientras no se elaboren dichos reglamentos ninguna de estas asambleas de ciudadanos tendr√°n car√°cter vinculante, tendr√°n s√≥lo car√°cter consultivo¬Ľ.

Martha Harnecker y el taller

La limitaci√≥n a la participaci√≥n democr√°tica antes mencionada depender√°, entonces, del tiempo que requiera la Asamblea Nacional para aprobar las normas pertinentes, como lo corrobor√≥ ante una consulta sobre el tema, en forma expl√≠cita y terminante, Martha Harnecker en el Taller Metropolitano para el Impulso a los Consejos Comunales, realizado en la Universidad Bolivariana de Caracas, entre el 29 y el 30 de octubre del a√Īo en curso.

La razones que explican la contundente afirmaci√≥n de Martha Harnecker, es bastante simple: en la Ley Org√°nica del Poder P√ļblico Municipal, aprobada por la Asamblea Nacional el ocho de junio del 2005, y publicada en la Gaceta Oficial N¬ļ 38.204 el mismo mes y a√Īo, no incluye en su articulado ninguna disposici√≥n relacionada con la comunidad como jurisdicci√≥n, como lo pretende la propuesta en an√°lisis. Efectivamente, s√≥lo contempla en su Cap√≠tulo II, De las Parroquias y otras entidades, las normas que regulan a las parroquias, las Juntas Parroquiales, funciones y atribuciones, presupuesto.

La √ļnica referencia que se hace en la mencionada Ley respecto a los Consejos Comunales, es en el Cap√≠tulo V ¬ęDel Consejo Local de Planificaci√≥n P√ļblica¬Ľ. Referencia vinculada con el contenido de los Art√≠culos 30, 31 y 32. La Ley de Consejos Locales de Planificaci√≥n, aprobada el 12 de junio del 2002, y publicada en la Gaceta Oficial N¬ļ 37.463 en la misma fecha; por su parte, en sus art√≠culos 3 y 4, en forma expl√≠cita se refiere a las comunidades, obvio es, como organizaciones a nivel de la jurisdicci√≥n de las parroquias.

En consecuencia, en tanto no se aprueben las reformas a la Ley Org√°nica del Poder P√ļblico Municipal, la participaci√≥n ciudadana se restringe a lo puramente organizativo, a lo burocr√°tico, con un elemento adicional a considerar: la eventualidad de que no se adopten los reglamentos pertinentes, lo que terminar√≠a por invalidar toda la participaci√≥n ciudadana, circunstancia que incluso podr√≠a generar problemas pol√≠ticos por el enga√Īo en que se constituir√≠a todo el camino recorrido bajo esta metodolog√≠a.

Adicionalmente, y lo que es m√°s grave, como la jurisdicci√≥n parroquial consta en el Constituci√≥n Bolivariana de la Rep√ļblica de Venezuela, tambi√©n deber√≠a modificarse reemplaz√°ndola con la de Comunidad. No basta, de manera alguna, la pretensi√≥n de que: ¬ęCompartimos la idea de que el espacio geogr√°fico en el que se debe constituir el Consejo Comunal es el territorio de la parroquia que hemos denominado comunidad¬Ľ, como se expresa en el acuerdo antes referido, para que se modifiquen los cuerpos legales conexos. Esta posici√≥n, solamente demuestra un absurdo af√°n de ¬ęoriginalidad¬Ľ que desestima y afecta al trabajo desarrollado, a m√°s de abonar a crear confusiones innecesarias.

Desde otra perspectiva, la propuesta en an√°lisis incluye un viejo procedimiento jerarquizado, vertical, en el cual la participaci√≥n ciudadana depende de acuerdos en la c√ļpula del Estado (Asamblea Nacional) y no de su propia acci√≥n y decisi√≥n. Procedimiento igualmente ajeno a la horizontalidad inherente a la participaci√≥n democr√°tica. Este supuesto, por cierto, entra en contradicci√≥n con los contenidos del propio acuerdo, puesto que √©ste elimina la representatividad, la elecci√≥n de representantes, al reemplazarlos por voceros, en pr√°ctica que transfiere el poder a los ciudadanos y ciudadanas.

La contradicción es evidente. Por una parte se transfiere el poder a la base, pero por otra se limita ese poder, en espera de que otros niveles, en este caso de la jerarquía burocrática del Estado, autorice el ejercicio del poder transferido.

Carora y su constituyente

A diferencia de la posici√≥n anterior, la concepci√≥n y la correspondiente metodolog√≠a puesta en vigencia en el Municipio Pedro Le√≥n Torres (Carora) estado Lara, a saberse, la Asamblea Constituyente Municipal, permite la participaci√≥n democr√°tica desde la conformaci√≥n de la propia Asamblea Constituyente. Participaci√≥n que se mantiene y contin√ļa durante el proceso de aprobaci√≥n de la normatividad para las organizaciones parroquiales y comunales, eliminando con ello la relaci√≥n jer√°rquica antes objetada.

Ese procedimiento, al validar las decisiones de las organizaciones inmediatamente luego de que se adopten, puesto que es la Asamblea Constituyente Municipal la que aprueba las normas legales, elimina el interregno burocrático y jerarquizado que establece la propuesta de Caracas, creando, con ello, condiciones favorables para la movilización permanente de los ciudadanos y ciudadanas, elemento esencial de la democracia participativa.

En resumen, los ciudadanos y ciudadanas se empoderan, asumen el poder tanto para constituir asambleas, como para aprobar los cuerpos normativos, para decidir las formas de organización y para imponer las decisiones que adopten en conjunto, en real ejercicio de participación democrática.

Por todo lo antes expresado, las dos propuestas antes analizadas no son, en términos objetivos, similares.

Para que la propuesta formulada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Caracas (Alcald√≠a Mayor) se convierta en una pr√°ctica de real democracia participativa, deber√° avanzar, sin reparo alguno, hacia la transferencia del poder normativo a asambleas populares, para que sean √©stas las que elaboren y aprueben las normas que regir√°n su acci√≥n, o acudir a las experiencias adquiridas en su propio seno, las que se concretaron en la ¬ęOrdenanza de Funcionamiento de las Juntas Parroquiales¬Ľ, aprobada el 21 de noviembre de 1995, en la entonces Alcald√≠a del Municipio Libertador, Caracas, producto de todas las labores cumplidas durante la alcald√≠a del compa√Īero Arist√≥bulo Ist√ļriz, cuya mejor rese√Īa se contiene en el libro de entrevistas Caracas. La alcald√≠a donde se juega la esperanza, suscrito por Martha Harnecker.

La posibilidad de que se acepte el cambio propuesto no s√≥lo se sustenta en la necesidad de no desestimar experiencias revolucionarias anteriores, sino en una raz√≥n sustantiva: los objetivos de los Consejos Comunales, incluidos en el documento Consejos Comunales, distribuido en el taller antes citado, constituyen, palabras m√°s palabras menos, una r√©plica de los contenidos del T√≠tulo IV, De las atribuciones del Gobierno Parroquial, de la ordenanza antes mencionada. Circunstancia que permite afirmar que las falsas originalidades no son m√°s que armas utilizadas, por parte de quienes sugieren estos ¬ęoriginales¬Ľ cambios, un instrumento que no contribuye a otra cosa que a crear disensos en el bloque de la revoluci√≥n bolivariana. Discrepancias innecesarias, absurdas, en el marco de una Municipalidad en que todas las fuerzas revolucionarias persiguen un mismo objetivo.

Finalmente, la reivindicación de esa exitosa experiencia de participación ciudadana, determinaría que se elimine automáticamente la Ordenanza de Funcionamiento de las Juntas Parroquiales, vigente hasta la fecha en el Distrito Metropolitano de Caracas, a pesar de que fue aprobado por el alcalde Ledesma y su contenido termina con todos los avances que se habían logrado en apoyo a la participación democrática en la gestión municipal.

Entonces, sólo entonces, abonarán al objetivo revolucionario perseguido por las autoridades regionales y municipales del Distrito Metropolitano de Caracas: la instauración de la democracia participativa y la construcción de una nueva cultura democrática.

En conclusión, si lo que se requiere es, como en todo proceso de transición revolucionaria, construir una nueva cultura de participación democrática, será indispensable dejar de transitar por los mismos caminos que, bajo el mismo membrete y metodología, son ya lugares comunes en varios países de América Latina, por cierto sin recrear una cultura democrática diferente a la democracia representativa.

Será ineludible inaugurar nuevas rutas en las que la participación ciudadana decida, se auto imponga y apruebe nuevos marcos normativos y organizativos, para, sobre esa base, adquiera un nuevo conocimiento, una nueva cultura democrática.

Ser√° indispensable asumir, conscientemente, experiencias valiosas desarrolladas en el seno del propio proceso revolucionario.

Ser√° ineludible desterrar esa pr√°ctica nefasta de aceptar toda propuesta sin un an√°lisis exhaustivo, a la luz de las propias experiencias revolucionarias.

Será indispensable desechar propuestas que bajo aparentes originalidades, sólo sirven para crear disensos en el seno del movimiento revolucionario, cuando en él, lo que debe primar es la construcción de acuerdos, para, con ello, mejor enfrentar al enemigo del proceso que no descansa.

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* Investigador y economista ecuatoriano, autor de varios libros sobre el Plan Colombia y Economía.
(www.altercom.org).

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