Venezuela: estrategias para apoyar la expropiación de Agroisleña

Colectivo Tierra Nuestra.     

Pueblo y Gobierno Bolivariano deben movilizarse para obligar a este consorcio empresarial multinacional, a pagar por los pasivos ambientales y sociales que dejan en el país. Es decir, deben responder por los graves daños provocados a la salud de los venezolanos, sobre todo en las poblaciones campesinas, obligadas por el sistema de agricultura capitalista, a trabajar como peones de haciendas y a aplicar venenos extremadamente contaminantes, que generaron enfermedades crónicas e intoxicaciones agudas, en muchos casos letales.

Los pueblos del interior del país están llenos de niños con hidrocefalia, con espina bífida, con labios leporinos y otras malformaciones congénitas, provocadas por el uso de los venenos que Agroisleña vendió durante muchos años, violando el principio universal de precaución, que impide liberar en las comunidades, productos cuya inocuidad en los humanos y en animales de sangre caliente, aun cumpliendo con todas las normas de seguridad inherentes, no haya sido comprobada fehacientemente.

Productos comerciales expendidos por dicho consorcio: Parathion, Methion, Amidor, Thamaron, Carboruran, Thionil, Gramoxone, Roundup, son venenos que ocasionan las mencionadas malformaciones congénitas, distintos tipos de cáncer, abortos en mujeres, impotencia en el hombre y además provocan graves daños ambientales, al esterilizar los suelos afectando su fertilidad natural, al contaminar aguas subterráneas, ríos y lagos, al provocar disminución de la biodiversidad y desertificación de ecosistemas naturales.

Agroisleña debe ser obligada por las leyes laborales del Estado venezolano a indemnizar a miles de trabajadores, a los cuales les han precarizado sus derechos laborales, entre los que se encuentran: remuneraciones por debajo del salario mínimo establecido, violación de las normas de higiene y seguridad industrial, despidos injustificados, contrataciones a destajos bajo la figura de caleteros en condiciones extremas de trabajo, incumplimiento de la empresa ante los accidentes laborales y las intoxicaciones crónicas de muchos trabajadores que tienen que gastar su salario precario en los tratamientos médicos de enfermedades adquiridas por la manipulación de venenos.

Este oligopolio multinacional debe pasar a manos del control social y del Estado revolucionario para desmantelar una perversa cadena de comercialización y distribución de insumos agrícolas, basada en la especulación mercantilista.

El control social de dicha empresa permitiría formular y aplicar los planes de siembra de acuerdo a las necesidades de cada región del país y no bajo el enfoque de obtener la máxima ganancia económica. El uso de productos riesgosos, mientras se buscan alternativas que los suplanten, se haría bajo normativas técnicas muy estrictas para disminuir su impacto ambiental y no como lo ha venido haciendo la empresa, al recomendar mezclas de productos contaminantes que provocan severos daños a la salud y al ambiente, pero les genera una muy alta rentabilidad económica.

La coyuntura extraordinaria que genera la expropiación de Agroisleña, debe servir para que a través del ejercicio de la democracia participativa, los campesinos y las instituciones agrícolas del gobierno bolivariano, revisen y rediseñen el actual modelo de agricultura convencional, que deja grandes beneficios económicos a las transnacionales y amplios costos sociales y ambientales al país.

Deben plantearse estrategias de transición hacia la agroecología, disminuyendo paulatina y aceleradamente el uso de insumos contaminantes, sustituyéndolos por insumos biológicos provenientes de la gran red de laboratorios de bioinsumos y biofertilizantes que la revolución ha creado a través del INSAI. Así mismo avanzar en la aplicación de los principios universales de la Agroecología (diversificación de cultivos, valoración de las cosmovisiones de las comunidades locales, reciclaje de nutrientes, etc.) para garantizar una producción sana, independiente, soberana  y sustentable de alimentos; como vía para superar las relaciones sociales de dominación en el campo venezolano y alcanzar el socialismo agrario.

Romper el control casi absoluto que tiene dicha empresa sobre la importación, distribución y comercialización de semillas de hortalizas de consumo masivo en nuestro país y de otros rubros alimenticios. Aprovechar de una vez por todas para consolidar el Centro Nacional de Semillas, que sería el encargado de producir nacionalmente este insumo vital para la agricultura venezolana.
Sincerar los registros nacionales de plaguicidas y evitar que se expendan productos contaminantes prohibidos por las legislaciones de Europa y Estados unidos, pero de uso común en Latinoamérica.

Dejar, por ahora, en el país sólo productos que tengan un mínimo impacto ambiental. Países como Dinamarca, Holanda y Alemania, poseen grandes industrias químicas que generan plaguicidas (venenos) muy contaminantes, prohibidos en sus respectivos territorios, pero exportados sin restricciones hacia países tropicales.

El Frente Nacional de campesinos y pescadores Simón Bolívar junto a los consumidores organizados y al movimiento obrero revolucionario debe tomar las calles y los medios de comunicación en una avanzada de paz contra los oligopolios y a favor de la soberanía alimentaria del pueblo venezolano.