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El director para América Latina de la organización Human Right Watch, José Miguel Vivanco, y el subdirector, Daniel Wilkinson, abandonaron Venezuela el jueves a la noche, luego de que fueran expulsados por las declaraciones que dieron respecto a las instituciones de la democracia venezolana.
Un comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Interiores, Tarek El Aissami, y Exteriores, Nicolás Maduro, explicó que Vivanco actuó "inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos" del país suramericano.
Asimismo, el texto sostiene que la decisión se tomó "con base en los valores constitucionales de defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano".
El director de HRW había presentado el jueves en Caracas el informe "Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela", donde se aseguraba que los "importantes logros" de la Consititución de 1999 se convirtieron en una "oportunidad perdida".
El informe añadía que en una década de gobierno revolucionario en Venezuela hubo un "debilitamiento sistemático y deliberado de las instituciones democráticas". "Nos preocupa que el debate político se dé en un contexto donde hay instituciones políticas tan débiles", insistió Vivanco, quien también puso en duda el compromiso del presidente, Hugo Chávez, con la democracia.
Desde los ministerios se aseguró que el Gobierno,"habiendo conocido y evaluado" estas declaraciones, concluyó que violan las leyes y la Constitución y agreden a las instituciones democráticas venezolanas.
Luego de que se conociera el comunicado, Maduro confirmó que Vivanco ya se encontraba fuera de territorio venezolano. "En este momento se encuentra ya fuera de espacio aéreo venezolano", dijo el canciller. "Se le notificó y, de manera inmediata, se le condujo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (y) se le ingresó a un vuelo internacional, el más inmediato que se tenía".
Reiteró su repudio a la forma "abusiva y grosera" como "el señor Vivanco vilipendió a las instituciones de la democracia venezolana, hirió la dignidad de nuestras instituciones, de nuestro pueblo". Y agregó que "El Gobierno de la República tomo una decisión ajustada a la Constitución y obligada por la Constitución".
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