Venezuela: Extralimitación y parcialización de actores externos

El nuevo canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, expresó en días recientes que su país busca garantizar que Venezuela tenga una “transición tranquila” con las elecciones presidenciales. Por otra parte, voceros de la Unión Europea (Ue) informaban que enviarían una misión electoral a Venezuela con el fin de “fiscalizar” el proceso, “evitar excesos de las autoridades venezolanas” y en atención a las solicitudes de los partidos de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria.

Poco antes, la Ue había decidido prorrogar las sanciones a Venezuela hasta 2025.

Tanto las declaraciones de Murillo como los anuncios de la Unión Europea son ejemplos de las múltiples formas en que actores externos se involucran en la política interna de Venezuela. Estas intervenciones, dependiendo de la perspectiva, pueden verse como esfuerzos por influir de forma positiva en la política del país o como intentos de promover determinados intereses y estrategias.

La presencia de actores externos, cuando estos actúan con imparcialidad, puede ser una herramienta útil para resolver conflictos internos que se encuentran en un punto muerto, porque proporciona un canal de comunicación entre las partes y contribuye a la búsqueda de soluciones mutuamente aceptadas. Pero también el involucramiento de factores externos puede convertirse en una intrusión negativa, que exacerba las tensiones internas. La pregunta es: ¿cuándo la presencia extranjera es un acto positivo y cuándo se extralimita en sus competencias?

El pronunciamiento inicial de Murillo, aunque posteriormente corregido, ilustra claramente cómo los actores externos pueden tener agendas parcializadas. A primera vista, la promoción de una «transición» parece reflejar un compromiso con la estabilidad política y la paz en el país. Sin embargo, en realidad implica una toma de posición que favorece a ciertos sectores dentro de la política venezolana, al sugerir un cambio de presidente y un reemplazo del sistema político actual. El planteamiento, lejos de ser neutral, está cargado de connotaciones que pesan en la balanza de un proceso electoral ya de por sí tenso.

La alternancia en el poder no debe confundirse con la noción de transición, ya que representan procesos políticos distintos. La transición implica una transformación mucho más profunda y estructural. La transición no es simplemente el cambio de un presidente o gobierno, sino un proceso de cambio radical que puede redefinir el sistema político, económico y social de un país. Un ejemplo paradigmático es la transición de España, en la que se instauró una nueva institucionalidad y un sistema político distinto al que existía previamente.

A diferencia de la transición, que conlleva una ruptura drástica, la alternancia en las posiciones de gobierno no supone la destrucción del sistema político y constitucional existente. La alternancia se refiere a la capacidad de diversos partidos o coaliciones para turnarse en el gobierno sin necesidad de modificar el sistema. En este marco, estos actores políticos pueden ocupar el poder durante periodos cortos o prolongados, lo que depende del respaldo electoral que reciban. Así, la alternancia asegura que, aunque haya cambios en los líderes y algunas políticas, las coordenadas fundamentales del sistema permanecen intactas.

Al plantear una “transición”, Murillo estimuló un pulso político de fondo, lo que desborda los límites legítimos de la colaboración con un país vecino. Asimismo, la Unión Europea, al mantener las acciones hostiles sobre Venezuela por medio de sanciones y aspirar a ejercer simultáneamente como observador electoral, actúa desde la perspectiva de su propia agenda.

La Ue ha sido alidada de la política estadounidense de cambio de gobierno con el mismo fin de Washington: el realineamiento geopolítico de Venezuela. Esto explica por qué la Ue ha concebido la observación electoral como una “fiscalización”.

La intervención externa parcializada es un recordatorio de que, en el escenario global actual, las actuaciones diplomáticas de actores internacionales obedecen a sus propios intereses. Para que una participación extranjera sea efectiva, tiene que ser respetuosa de la soberanía, imparcial y con un enfoque basado en el consenso y la cooperación. La propuesta de “transición”, la prórroga de sanciones y la observación convertida en “fiscalización” representan lo contrario de una mediación o intervención positiva en la política venezolana.