Sep 19 2006
787 lecturas

Opini贸n

Violencia Dom茅stica VIII. – LEYES, COSTUMBRE, ESFUERZOS PARA ERRADICARLA

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

br>
El fen贸meno universal de la violencia contra la mujer constituye 鈥渦na manifestaci贸n de relaciones de poder hist贸ricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominaci贸n de la mujer y a la discriminaci贸n en su contra por parte del var贸n e impedido su adelanto鈥, advierte el pr贸logo de la Declaraci贸n sobre la eliminaci贸n de la violencia contra la mujer. Sin embargo, en la pr谩ctica, la respuesta a la materia de la violencia se ha fragmentado y su tratamiento se ha aislado de la cuesti贸n m谩s amplia de sus derechos e igualdad, se帽ala la relatora especial de las Naciones Unidas Yakin Erturk, en su tercer informe sobre La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminaci贸n de la violencia contra la mujer, indicando:

鈥淓l hecho de que los principios internacionales de derechos humanos no reflejen ni respondan adecuadamente a las experiencias y a las necesidades de la mujer ha estimulado el debate sobre la plena aplicaci贸n de las mismas. Esto ha transformado la manera en que tradicionalmente se entend铆an los derechos humanos y la doctrina de responsabilidad del Estado鈥.

En la Declaraci贸n sobre la eliminaci贸n de la violencia contra la mujer, de 1993, y en otros instrumentos internacionales se admiti贸 el concepto de debida diligencia, en relaci贸n con la violencia sexista, como criterio para evaluar si un Estado ha cumplido o no sus obligaciones. De acuerdo con la necesidad de actuar los pa铆ses deben adoptar medidas positivas para impedir la crueldad y proteger a la mujer, castigar a los autores de atropellos e indemnizar a las v铆ctimas de la barbarie. Sin embargo, hasta la fecha, la aplicaci贸n de esta norma ha tendido a centrarse en el Estado y se ha limitado a responder a la violencia cuando se produce, desatendiendo en gran medida la exigencia de prevenir, e indemnizar, y la responsabilidad de los agentes no estatales.

El desaf铆o actual consiste en aplicar las normas existentes de derechos humanos para hacer frente en todos los niveles, desde el dom茅stico al transnacional, a las causas profundas y sus consecuencias. Sus m煤ltiples formas y el hecho de que esa violencia se produzca frecuentemente en la intersecci贸n de diferentes tipos de discriminaci贸n hacen necesaria la adopci贸n de estrategias polifac茅ticas para prevenirla y combatirla efectivamente.

En el documento, sostiene Yakin Erturk, se examina el potencial de la debida diligencia en diferentes niveles de intervenci贸n: las mujeres individualmente, la comunidad, el Estado y el nivel transnacional. En cada uno de ellos se destacan las recomendaciones formuladas a los agentes pertinentes, lleg谩ndose a la conclusi贸n de que si seguimos ampliando el campo de aplicaci贸n y exigiendo a los Estados que cumplan plenamente las normas del derecho internacional, en particular que hagan frente a las causas profundas de la violencia contra la mujer, y obliguen a los agentes no estatales a rendir cuentas de los actos de violencia de los que sean responsables, habremos avanzado hacia una concepci贸n de los derechos humanos que cumpla nuestras aspiraciones de un mundo justo y libre de amenazas.

Las organizaciones financieras internacionales tambi茅n tienen el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir la crueldad y otras formas de discriminaci贸n contra la mujer y reaccionar ante ellas. Las consecuencias negativas de las pol铆ticas macroecon贸micas que promueven esos organismos est谩n bien documentadas. En los 煤ltimos a帽os, el Banco Mundial ha respondido a esas preocupaciones y ha se帽alado que la violencia contra la mujer es una trampa de desigualdad que deb铆a de examinar en su marco de desarrollo. A este respecto, el Banco Mundial realiza estimaciones de cuestiones de g茅nero en los pa铆ses, a petici贸n de 茅stos. En las naciones en que los derechos de la mujer no son una prioridad hay pocas posibilidades de que se formule esa solicitud. Al valorar las cuestiones de g茅nero es esencial que los resultados de la evaluaci贸n se integren en todas las fases de la elaboraci贸n del programa.

De la misma manera, el sistema de las Naciones Unidas est谩 comprometido a respetar y defender los principios de la Organizaci贸n. Aunque es evidente que las corporaciones internacionales tienen la obligaci贸n de no cometer ni contribuir a la comisi贸n de actos de violencia contra la mujer mediante sus decisiones sobre los programas o la financiaci贸n, tambi茅n tienen el deber adicional de cooperar y establecer estrategias interinstitucionales coherentes para colaborar estrechamente con las comunidades locales y los grupos pertinentes de la sociedad civil a fin de eliminar la violencia contra la mujer. A los deberes de esas corporaciones se a帽aden a las responsabilidades individuales de los Estados que sean miembros de ellas.

Si nos limitamos a la concepci贸n actual de la debida diligencia como elemento de la responsabilidad del Estado, los obst谩culos relativos a la capacidad ser谩n determinantes. Si, por el contrario, nos animamos a ampliar el campo de la aplicaci贸n exigiendo que los pa铆ses cumplan plenamente las normas del derecho internacional, en particular que hagan frente a las causas profundas de la agresi贸n contra la mujer y obliguen a los agentes no estatales a rendir cuentas por los actos de intimidaci贸n de los que sean responsables, habremos avanzado hacia una concepci贸n de los derechos humanos que colme nuestras aspiraciones de un mundo justo y libre de violencia.

El potencial de la norma de la debida diligencia reside en una nueva interpretaci贸n de las obligaciones de prevenir, proteger e indemnizar y traza par谩metros de la responsabilidad conjunta del Estado y los agentes no estatales para reaccionar ante el miedo. Las necesidades que deber谩n atenderse variar谩n necesariamente seg煤n el contexto nacional, la din谩mica interna, las caracter铆sticas de los agentes implicados y la coyuntura internacional.

Erradicar la violencia contra la mujer y lograr que los derechos humanos se ejerzan universalmente es un objetivo com煤n y una obligaci贸n compartida. Los progresos realizados hasta el momento para la consecuci贸n de ese prop贸sito, aunque desiguales, han reforzado nuestra convicci贸n de que los valores, las instituciones y las relaciones opresivas deben modificarse.

Llevar a cabo esa reforma no es tarea f谩cil, especialmente teniendo en cuenta el profundo arraigo del patriarcado. Adem谩s, esa alternativa perturba inherentemente la comodidad que ofrece la situaci贸n actual, por opresiva que pueda ser. Aunque esa transformaci贸n puede conllevar riesgos, tambi茅n entra帽a la esperanza de avanzar hacia una mayor emancipaci贸n para todos.

El art铆culo 4o de la Declaraci贸n sobre la eliminaci贸n de la violencia contra la mujer insta a los Estados a 鈥減roceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislaci贸n nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares鈥. As铆 pues, el concepto de la debida diligencia sirve de criterio para determinar si un estado ha cumplido o no su obligaci贸n de combatir la coacci贸n contra la mujer. Sin embargo, sigue faltando claridad en lo que respecta al alcance y el contenido de ese criterio.

Hasta la fecha, la aplicaci贸n de la norma de la debida diligencia se ha limitado a responder a la violencia contra la mujer una vez que se ha producido, y en este contexto se ha concentrado en las reformas legislativas, el acceso a la justicia y la provisi贸n de servicios. Se ha hecho poco en lo que se refiere al deber de transformar las estructuras y los valores patriarcales que perpet煤an y consolidan la violencia sexista. Por otra parte el car谩cter exclusivamente centrado en el Estado de la obligaci贸n de proceder con la debida diligencia no ha tenido en cuenta la evoluci贸n de la din谩mica de poder ni los problemas que ella plantea a la autoridad del Estado, ni las nuevas cuestiones que surgen en cuanto a la responsabilidad.

El informe de la relatora Yakin Erturk, advierte:

鈥淓l desaf铆o actual para combatir la violencia contra la mujer consiste en aplicar las normas existentes de derechos humanos para garantizar que se haga frente en todos los niveles, desde el dom茅stico al trasnacional, a las causas profundas y a las consecuencias de la violencia sexista. La multiplicidad de formas que adopta la intimidaci贸n contra la mujer, as铆 como el hecho de que se produzca frecuentemente en la intersecci贸n de diferentes tipos de discriminaci贸n, obliga a adoptar estrategias multifac茅ticas para prevenirla y combatirla.

Or铆genes

La norma de la debida diligencia tiene una larga historia en el derecho internacional, y se puede encontrar referencias a ella en la obra de Grotius y de otros autores del siglo XVII. En el Siglo XIX ese precepto se utilizo en el contexto de varias demandas de arbitraje internacionales. En 1988, se incorporo ese c贸digo en el sistema de derechos humanos.

El Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n contra la Mujer adopt贸 recientemente una decisi贸n con arreglo al Protocolo Facultativo en el caso A.T.c. Hungr铆a, 2005, referido a violencia dom茅stica, y estim贸 que el Estado Parte no hab铆a cumplido las exigencias que emanan de los art铆culos 2, 5 y 16 de la Convenci贸n.

Las disposiciones de proteger y aplicar los derechos humanos incluye la obligaci贸n de proceder con la debida diligencia. El Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n contra la Mujer pidi贸 a los Estados en su Recomendaci贸n general N. 19, en 1992, que actuaran para prevenir la violencia contra la mujer y responder a ella, a fin de prevenir, investigar y castigar todo hecho ya se trate de acciones perpetradas por el Estado o particulares. Esta disposici贸n se incluyo en 1995 en la Declaraci贸n de Beijing.

Generalmente los Estados han tratado de cumplir sus obligaciones en cuanto a la prevenci贸n de la violencia contra la mujer mediante la adopci贸n de leyes, la realizaci贸n de campa帽as de sensibilizaci贸n y el suministro de capacitaci贸n para grupos profesionales espec铆ficos. Las formas de agresi贸n que se incluyen en esas actividades son, por ejemplo, las siguientes: violencia dom茅stica, agresi贸n sexual, trata, 鈥渄elitos cometidos por cuestiones de honor鈥 y acoso sexual. Esos programas tienden a considerar la violencia sexista como una cuesti贸n independiente, y hay relativamente pocos ejemplos de los v铆nculos que se establecen entre la amenaza y otros sistemas de opresi贸n.

Algunos Estados han aprobado o elaboran disposiciones legislativas espec铆ficas sobre la violencia dom茅stica. La mayor铆a de esas leyes incluyen normas relativas no s贸lo a las sanciones penales sino tambi茅n a acuerdos civiles como ordenes de interdicci贸n o expulsi贸n. Es importante se帽alar el caso de Suiza, que, en cuestiones de violencia dom茅stica, ha pasado de un sistema que daba prioridad a la mediaci贸n, a un programa de prevenci贸n que promueve la investigaci贸n y la presentaci贸n de cargos penales. En algunas juridicciones se han aprobado tambi茅n estatutos detalladas sobre la trata de mujeres, el acoso sexual y los delitos por cuestiones de honor.

Se dispone de poca informaci贸n o seguimiento en relaci贸n con el cumplimiento de la ley o sus efectos en la reducci贸n de la violencia contra la mujer. En algunas jurisdicciones, las disposiciones aprobadas manifiestamente para prevenir y castigarla se han redactado o aplicado de manera que quebrantan a煤n m谩s los derechos de la mujer. Por ejemplo, la legislaci贸n de Ucrania incluye disposiciones que permiten detener a una mujer si incita a la violencia mediante un 鈥渃omportamiento de v铆ctima鈥.

En muchos pa铆ses se realizan amplias campa帽as de educaci贸n p煤blica sobre la intimidaci贸n contra la mujer para las que utilizan carteles, anuncios en revistas, sitios web y espacios publicitarios en la radio y la televisi贸n. Tambi茅n se han instaurado d铆as nacionales de acci贸n contra la violencia de g茅nero y algunos han se帽alado que organizan actividades de aumento de la sensibilizaci贸n durante los 16 d铆as de militancia contra la violencia de g茅nero o que han realizado campa帽as de 鈥渢olerancia cero鈥 y pedido a personalidades prominentes su participaci贸n para condenar la crueldad contra la mujer.

En varias naciones se ha procurado que tanto varones como j贸venes participen de actividades de prevenci贸n. Por ejemplo, En Austria, Dinamarca y la Rep煤blica de Corea existen programas de asesoramiento y control de los impulsos violentos dirigidos al sexo masculino. Desde 1995 los servicios correccionales del municipio sueco de Malmo ponen en pr谩ctica el programa denominado 鈥淔redman鈥 鈥揾ombre pacifico鈥, cuyo objetivo es cambiar las actitudes y comportamientos violentos en las relaciones de pareja. Asimismo en otros pa铆ses se han elaborado programas de capacitaci贸n y aumento de la sensibilizaci贸n dirigidos a diferentes grupos profesionales, por ejemplo materiales de capacitaci贸n para la polic铆a, los fiscales y los miembros del poder judicial.

Tambi茅n se han preparado cursos de capacitaci贸n sobre la prevenci贸n de la violencia contra la mujer para profesionales de la atenci贸n de salud, m茅dicos, enfermeros, y asistentes sociales. Pa铆ses, como El Salvador, han incluido en los programas escolares materias sobre la igualad de g茅nero y las estrategias de comunicaci贸n no violentas.

La Comisi贸n Nacional sobre la Funci贸n de la Mujer Filipina instaurado en colaboraci贸n con varios organismos p煤blicos, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, y empresas locales, un premio sobre 鈥渏usticia en cuestiones de g茅nero鈥. Los galardones se conceden a los jueces que en casos de violencia sexista dictan sentencias en las que se tienen en cuenta las cuestiones de g茅nero.

Sostiene el informe: 鈥渁unque los Estados han iniciado diversos programas preventivos, hay pocos datos que demuestren la participaci贸n activa de las naciones en la transformaci贸n general de la sociedad para desmitificar las tendencias imperantes en cuanto al g茅nero o para prestar apoyo a las iniciativas de la sociedad civil a ese respecto.鈥

Los pa铆ses han adoptado muchas medidas para cumplir su obligaci贸n de debida diligencia en cuanto a la protecci贸n, que consisten principalmente en la provisi贸n de servicios para la mujer, por ejemplo, l铆neas telef贸nicas directas, atenci贸n de salud, centros de asesoramiento, asistencia letrada, centros de acogida, 贸rdenes de interdicci贸n y ayuda financiera para las v铆ctimas de violencia. Seg煤n los informes de los gobiernos, los centros de acogida est谩n generalmente gestionados por organizaciones no gubernamentales, que cuentan con financiamiento p煤blico o externa.

En algunas naciones los servicios de protecci贸n se prestan con arreglo a una base jur铆dica, ya sean planes de acci贸n o estrategias sobre la violencia sexista oficialmente aprobados o leyes sobre la violencia dom茅stica. Sin embargo esos casos no parecen ser la norma, y la mayor铆a de los territorios incluyen mecanismos de protecci贸n en sus programas sobre la violencia contra la mujer sin establecer bases legales para esos servicios. Noruega y Dinamarca se帽alaron que han comenzado a distribuir alarmas de seguridad personal a mujeres que se encuentran en riesgo de agresi贸n.

Las principales deficiencias en la pr谩ctica de la obligaci贸n de socorrer incluyen la falta de aplicaci贸n adecuada por la polic铆a y el poder judicial de los recursos civiles y las sanciones penales para los casos de violencia contra la mujer, as铆 como la falta do la insuficiencia de servicios, tales como centros de acogida, lo que supone que a menudo las mujeres no tengan otra opci贸n que seguir viviendo con quien las maltrata Adem谩s, la protecci贸n se ha centrado con demasiada frecuencia en la prestaci贸n de asistencia de urgencia a corto plazo y no en proporcionar a las v铆ctimas de la violencia los medios para que no vuelvan a serlo.

La obligaci贸n de investigar y sancionar adecuadamente y con la debida diligencia los actos de violencia contra la mujer ha sido considerada generalmente por los Estados como la necesidad de aprobar o modificar leyes y reforzar la capacidad y las competencias de la polic铆a, los fiscales y los magistrados.

Varios pa铆ses indicaron que hab铆an reformado recientemente sus c贸digos penales para corregir o revocar disposiciones discriminatorias y garantizar que los actos violentos se castigaran adecuadamente. Otras naciones han aprobado leyes espec铆ficas sobre la violencia dom茅stica y la trata que tipifican nuevos delitos penales y prev茅n a menudo la creaci贸n de dependencias especializadas de investigaci贸n o acusaci贸n.

Sin embargo, hay muchos ejemplos de Estados que no cumplen su obligaci贸n de poner en claro y castigar adecuadamente los actos de violencia sexista. Muchas de las mujeres con las que habl贸 la relatora especial durante sus misiones le informaron de que a menudo las autoridades las desalentaban e intimidaban para que no presentaran una demanda. En muchos de los casos en que se presenta una acusaci贸n las autoridades encargadas de hace cumplir la ley y los servicios sociales dan prioridad a la mediaci贸n o a las 鈥渟oluciones sociales鈥 frente a la aplicaci贸n de sanciones en el marco del derecho penal o civil.

En algunas naciones como Uzbekist谩n, Samoa y Vanuatu las mujeres que denuncian ante la polic铆a actos de violencia son remitidas frecuentemente a estructuras de base comunitaria que promueven la reconciliaci贸n y la soluci贸n de conflictos en lugar de castigar a los autores. Al parecer, el incumplimiento por parte de las autoridades policiales al no investigar en detalle los delitos de violencia contra la mujer es un hecho frecuente.

Incluso en los casos que llegan al sistema judicial, existe todav铆a un n煤mero preocupante de jueces que dictan sentencias leves o insuficientes por esas infracciones. Por ejemplo, los c贸digos penales de muchos pa铆ses prev茅n que, en casos de violaci贸n en los que la agraviada acepta casarse con el violador, la pena de prisi贸n no se cumple si el condenado no es reincidente. Por consiguiente, si se contrae matrimonio y la pareja tiene un hijo se anula la sentencia. En muchas jurisdicciones no se proporciona a la mujer el mismo grado de protecci贸n, especialmente en casos de agresi贸n sexual y la violencia en el hogar. El resultado es que las mujeres o bien guardan silencio, o, si informan de la agresi贸n pueden ser victimas de nuevo.

Obst谩culos

Las asociaciones feministas han debatido ampliamente el hecho de que las normas internacionales de derechos humanos no reflejen ni respondan adecuadamente a las experiencias y las necesidades de la mujer. Las cr铆ticas efectuadas en los planos nacional e internacional al debate basado de los derechos han puesto de relieve el lenguaje fragmentado e individualista del entendimiento general de los derechos que se basa en un modelo masculino de lo que significa ser 鈥渉umano鈥. Ese debate ha permanecido insensible a las desigualdades estructurales y a las complejas y entrecruzadas relaciones de poder en las esferas p煤blicas y privadas de la vida que se encuentran en la base de la discriminaci贸n sexual.

La mayor铆a de los defensores de los derechos de la mujer est谩n de acuerdo en que ese debate, es una interpretaci贸n restringida en un orden jur铆dico internacional, en lugar de una verdadera discusi贸n sobre los derechos humanos. La formulaci贸n por las mujeres de reclamaciones basadas en las jurisprudencias sigue siendo un importante instrumento estrat茅gico de pol铆tica, ya que ese lenguaje ofrece un vocabulario reconocido para enmarcar los errores sociales. Desde 1980 los defensores de los derechos de la mujer han trabajado con arreglo al marco existente para ampliar el concepto a fin de responder a las violaciones inherentes en las experiencias de las mujeres y transformar as铆 la comprensi贸n de las normas internacionales y la doctrina de la responsabilidad del Estado. Esa labor allan贸 el camino para que la violencia contra la mujer se reconociera como una violaci贸n de los derechos humanos de la que se podr铆a responsabilizar a las naciones independientemente de que el autor fuera un agente p煤blico o particular.

La atenci贸n que se ha concedido a la violencia dom茅stica o conyugal ha puesto de manifiesto las incoherencias que existen en la constituci贸n y en la pr谩ctica de las normas de derechos humanos. Incluso en sociedades en las que aparentemente existe un alto grado de igualdad entre los sexos, la violencia que se produce en la esfera privada sigue consider谩ndose una cuesti贸n que no merece la atenci贸n de la pol铆tica p煤blica. En muchas partes del mundo la lucha a favor de los derechos humanos parece finalizar en el umbral del propio domicilio. Es incluso frecuente que las propias mujeres consideren que la violencia en el 谩mbito privado es algo normal.

Bibliograf铆a consultada para la realizaci贸n de estos art铆culos

Organizaci贸n de las Naciones Unidas: Informes sobre La Eliminaci贸n de la Violencia contra la mujer
Fondo de Poblaci贸n, Naciones Unidas.
Organizaci贸n Mundial de la Salud
Organizaci贸n Panamericana de Salud
Banco Mundial de Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
Nacional Domestic Violence Hotline
ONG, Casa Isabel, Sao Paulo, Brasil
Federaci贸n de Mujeres Cubanas

Centro de Derechos de Mujeres, Honduras
Fundaci贸n para la Promoci贸n de la Mujer. Republica de Panam谩
Blanca Morera. 鈥淰iolencia Dom茅stica: actitud del m茅dico鈥. Espa帽a
Federaci贸n de Mujeres Progresistas de Espa帽a
Servicio de Atenci贸n a la Mujer en Crisis, de Madrid, Espa帽a.
Ofelia 脕lvarez, La Violencia en el noviazgo: la invisibilidad del inicio del abuso emocional en la pareja. Caracas, Venezuela
Ana Mar铆a Sanju谩n, La criminalidad en Caracas Venezuela.
Fundaci贸n para la Prevenci贸n de la Violencia Dom茅stica contra la Mujer 鈥揊unda-Mujer鈥 Caracas, Venezuela
Asociaci贸n Venezolana por una Educaci贸n Sexual Alternativa 鈥揂vesa- Caracas Venezuela
Centro de Estudios de la Mujer, Universidad Central de Venezuela. Caracas-Venezuela.

————————————–
* Periodista.
El art铆culo anterior de esta serie se encuentra aqu铆

  • Compartir:
X

Env铆e a un amigo

No se guarda ninguna informaci贸n personal


A帽adir comentario

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende c贸mo se procesan los datos de tus comentarios.