Es un hecho social la violencia que se generaliza y publicita de tal modo que logra hacer pensar que se trata de un fenómeno nuevo. La violencia social. Tanto la ejercida por los estamentos judiciales y armados del sistema como aquella otra, la que invade los titulares de la prensa y atemoriza más de lo debido a las buenas dueñas de casa, burócratas, farmacéuticos o empleados de banco.
La enseñanza viene de lejos –de la historia– y su conclusión parece inapelable: la violencia es un mal y debe ser reprimida. La sociedad jurídicamente organizada –se dice– tiene derecho, y obligación, de impedir que los espacios –comunes o privados– sean cotos de caza donde la presa son inocentes. Será necesario delimitar aguas, entonces; describir a los inocentes, ubicar a los responsables y ponderar los medios que la eviten.
Leviatán camina entre nosotros y bueno será distinguir su sombra de las siluetas de los que huyen de su voracidad insaciable.
La violencia social –el daño hecho sobre grupos humanos o bienes comunitarios por medio de la fuerza– puede ser definida desde sus raíces. No se trata de la «herencia del mono» –ese violento primo que se mira en el espejo de nuestros genes–, se trata de algo más profundo y complejo ligado a la definición de humanidad y a los conceptos de vida y de muerte.
Un siglo antes del advenimiento del cristianismo Marco Tulio Cicerón justifica bajo ciertas condiciones el uso de la violencia defensiva por parte de los hombres libres: incluso matar al césar. Mucho antes los griegos aceptaron que se podía matar al tirano. Santo Tomás legitima, siempre bajo determinadas condiciones, el tiranicidio en el siglo XIII. Después de su tiempo y hasta la contemporaneidad otros pensadores siguen esa línea de razonamiento.
Hay diferencias. Cicerón concibe el tiranicidio cuando el césar llega al poder por malas artes –esto es: sin legitimidad (como Pinochet, por ejemplo)–; Tomás cuando el césar es un gobernante injusto, un mal gobernante. Frente a la injusticia, la violencia adquiere, pero sólo frente a ella, legitimidad para recuperar el equilibrio de la cosa pública.
El término justicia es clave. Ya no lo entendemos como un atributo de las obras de la divinidad cristiana que las personas deben procurar seguir. O imitar. La agonía de los dioses es un largo proceso de transición del pensamiento humano, que se inicia en un tiempo impreciso con el cuestionamiento de un orden impuesto al Cosmos –y por tanto a la estructura social– por fuerzas todopoderosas y continúa hasta nuestros días, en los que la tónica –diríamos filosófica– no es tanto negar a los dioses como simplemente suspender el juicio respecto de su existir –y más bien confiar en lo que determine el conocimiento guiado por la razón–. Lo que muere es la fe.
Que los dirigentes –o administradores– de la sociedad organizada no arbitren medidas para repartir con equidad el resultado del trabajo social es violencia, tanto más odiosa cuando se ejerce sobre los más débiles. La reacción de los grupos preteridos –la piedra, la vitrina quebrada, el automóvil dado vuelta, la calle o el camino restado al transitar de los demás, así, debe entenderse tanto una desesperada gestión de autodefensa como la imposibilidad de reprimir la ira causada por una situación que no se quiere remediar.
Cuando los grupos dominantes se apropian de bienes comunes: vr. gr.: el agua, bosques, senderos, litoral, en fin, o se niegan a reconocer en la práctica que existe la obligación de asegurar la igualdad como punto de inicio para la vida de todos, se hace acreedora de los resultados que genera el odio social. Cuando se discrimina por origen, «portación de rostro», «malos» modales, falta de conocimientos, etc… lo que se hace en rigor es perpetuar las diferencias creadas por la división del trabajo.
El daño causado por la destrucción de un escaño, de un semáforo o de otro bien público o privado, si a ver vamos, es un pago ridículamente bajo por el otro daño, mucho mayor, de haber seccionado la educación según a quién sirva, de haber aniquilado los servicios de de salud, de dividir las ciudades en sectores que ya no tienen comunicación –y que los grupos pudientes insisten en segregar más todavía–.
Sean «desórdenes» urbanos en París, en Budapest, en México, en Buenos Aires, en El Alto o en Santiago de Chile todos comparten la misma característica: son tal vez el último intento de entablar el diálogo social entre grupos, sectores, clases separados todos por el desarrollo y desenvolvimiento de la civilización.
Mientras haya una muchacha o un muchacho a los que se niegue el derecho a decidir sobre su vida –y su sexualidad–, y lo que es peor, a contribuir en las decisiones que afectarán su futuro, pero se insista en mostrarle a diario en los anuncios callejeros y la publicidad comercial que existe un mundo paralelo reservado a otros, mientras las autopistas dividan la ciudad para el uso obsceno de algunos, el juego de la violencia callejera será el único lenguaje disponible en aquellos a los que se ha amordazado, y que padecen cotidianamente una violencia mil veces peor, porque se ha institucionalizado y al institucionalizarse comienza a hacerse invisible.
Las sociedades –como las personas– resuelven con relativa armonía sus diferencias sólo y únicamente cuando los actores sociales pueden ver que existe un futuro común. El drama de nuestra época es que cada vez más personas no distinguen entre el derecho a la vida y la posibilidad de morir. Unos porque piensan que su vida, usos y costumbres son un derecho propio y excluyente; los otros porque ya no tienen más que perder.
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