Volvió Cristina, pero por ahora en silencio
En Argentina, el “hecho” de la semana es el regreso de la Presidenta. Por ahora es solo un ruidoso y notable silencio. Ya vendrán los tiempos de las palabras. Como no ocurría desde los lejanos tiempos del inicio de su internación médica el gobierno volvió a girar sobre sus decisiones.
Daba la impresión que todo el verano, hasta fines de marzo, la Presidenta ocuparía un rol decisorio pero distante respecto a las medidas coyunturales. La evolución de los acontecimientos: cuestión energética, salto inflacionario, problemas de Caja y las denuncias de la oposición sobre la ausencia de la figura presidencial, hicieron que Cristina volviera a sacudir el tablero interno.
Eso pasó en una semana que termina con dos buenas noticias: La Corte de los Estados Unidos decidió intervenir en uno de los juicios que mantenemos con los “fondos buitres”. La otra buena nueva es que el nuevo Ministro de Agricultura reveló que habría un incremento de nuestras exportaciones del sector. Ello se concretaría a partir de crear las condiciones para que la agricultura familiar se sume a esta perspectiva.
Volviendo a la cuestión de los “tiempos” del gobierno, se había instalado la idea que había un aceleramiento de los tiempos económicos y políticos y que ese tiempo coincidía con lo dicho anteriormente. De modo que el primer trimestre del año se constituiría en un período en el que se pondría en marcha un nuevo plan o Programa de gobierno. De la evaluación de ese tiempo surgiría el camino futuro.
En ese marco se puede inscribir el conjunto de propuestas que tomaron estado público días atrás a partir de las manifestaciones del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
En ese mismo sentido gremios y gobernadores procuran que los ajustes salariales y las deudas provinciales también se evalúen trimestralmente. Todos quieren observar la marcha de los acontecimientos para imaginar el futuro de los 23 meses finales del actual gobierno.
Los gremios saben que se acabaron los tiempos en los cuales las negociaciones salariales terminaban en cifras algo superiores a la inflación. Ahora las cosas no son así. Por eso no quieren que los incrementos de precios se coman los aumentos que acuerden, pretenden que las negociaciones prevean ajustes salariales trimestrales. El gobierno tiene una propuesta de democratización sindical como instrumento de presión para que la dirigencia sindical modere las pretensiones en el debate salarial.
Los gobernadores querían saber hasta dónde llegaría el apoyo nacional para solventar los incrementos que debían acordar con sus empleados, notoriamente elevados a partir del conflicto policial. De allí que 17 gobernadores, de las 18 provincias que tienen deudas con la Nación, firmaron días atrás un acuerdo para reprogramar el pago de 75 mil millones de pesos, previo descuento de 11 mil millones. Ese pago sería trimestral. Esa negociación mostró el nuevo poder de los gobernadores, negociando en conjunto.
Habrá que ver cómo sigue ese partido. Con esa negociación se estableció, como contrapartida, que las provincias deberán suministrar información de los manejos económicos de cada una de ellas. Esa información será evaluada también trimestralmente. Asimismo ello alejó el “riesgo” de que las provincias emitan cuasi monedas, posibilidad que había formulado el gobernador de Corrientes. Firmaron el acuerdo los gobernadores de Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego. De las provincias deudoras solo faltó la firma de José Manuel de la Sota, el gobernador cordobés.
La crisis energética 
El año pasado la demanda energética subió un poco más del 2%, bastante menos que el crecimiento del PBI. Sin embargo lo que está ocurriendo prueba que estos cortes son 3 veces más prolongados que los que teníamos una década atrás. ¿Qué está pasando? Tenemos problemas en la generación y en la distribución.
En materia de generación prácticamente no hay reservas. Cuando el consumo alcanza sus cifras pico el menor desperfecto en cualquier lugar de generación determina la aparición de problemas.
Mucho más severa es la situación en la distribución, particularmente en las grandes áreas urbanas, fundamentalmente en Capital y Gran Buenos Aires. Allí las prestatarias del servicio son Edenor y Edesur que aparecen como las responsables inmediatas por la falta de energía,
En Edenor el Estado tiene el 25% de las acciones y 5 de los 12 miembros del directorio de esa empresa. En Edesur el gobierno tiene designado un “veedor” con facultades de ordenar inversiones -por cuenta de la empresa- para asegurar el “buen mantenimiento del servicio”. Todos sabían que estaban operando en el límite de las posibilidades pero esperaban que las temperaturas no le jugaran una mala pasada. Pero diciembre ha sido el mes más cálido que tuvimos en muchas zonas del país desde hace muchísimo tiempo. Pasó lo que tenía que pasar… Con el calor los equipos pierden eficiencia y crecen las fallas.
De modo tal que el gobierno ya tiene una fuerte presencia en las dos empresas más importantes para la distribución energética. La actual crisis demuestra que con ello no logró evitarla, ni preverla. Una mejor gestión energética en diferentes provincias hizo que allí la crisis se sintiera con menor fuerza que en la Capital Federal y el área conurbana bonaerense. Es por ello que desde distintos sectores afines al gobierno proponen avanzar sobre la gestión de las empresas energéticas vinculadas a las recientes fallas. Por lo pronto, Edenor y Edesur perdieron el control del Fondo para obras de consolidación y expansión eléctrica (FOCEDFE). Esos fondos los aportan los usuarios en sus facturas y actualmente son más de 200 millones de pesos.
De ahora en adelante estarán en manos del Julio de Vido, Ministro de Planificación, quien tendrá a su cargo las inversiones a realizar, con esos y otros fondos estatales destinados a esos fines. Allí no termina la cuestión y hay propuestas para avanzar en la estatización de estas empresas. Algunos se inclinan por su expropiación. Otros descartan ese mecanismo recordando los dolores de cabeza que hay con idéntica medida tomada respecto a YPF, con la secuela de juicios y problemas internacionales. Mientras tanto se analiza la posibilidad que el Estado se quede con las empresas mediante algún mecanismo de incremento de capital, dejando en minoría a los actuales concesionarios.
Decisiones controvertidas e intervención presidencial
Ya hemos dicho que esta semana reapareció en el centro de la escena la figura presidencial. Una de las razones para tal presencia fue para hacer evidente que tiene la última palabra, sobre las medidas de gobierno. Para ello, además, puso en evidencia que el Ministro de Economía, Axel Kicillof, es quien expresa con mayor fidelidad y fuerza la voluntad presidencial. No es que lo digamos nosotros, lo afirmó el propio Jefe de Gabinete cuando sostuvo, en referencia al debate sobre un reajuste al impuesto a los bienes personales: “No tengo ningún comentario para formular, lo que ha manifestado el ministro Axel Kicillof es la palabra de la presidenta de la Nación, por lo tanto eso es lo que efectivamente se hará».
De esa manera se acabó una propuesta de Ricardo Echegaray, encargado de la recaudación estatal, que había asumido como propia el Jefe de Gabinete. De un modo semejante, ante algunos comentarios sobre un faltante de tomates, se anunció la importación de tomates brasileños. Cuando los productores locales demostraron que ello no era así, el Ministro de Economía ordenó dar marcha atrás, aunque ratificó que no se descarta tomar esa medida cuando se produzcan situaciones que la justifiquen.
Ha quedado en claro que, en materia económica, la opinión del Ministro refleja la decisión presidencial y de eso están tomando nota los demás integrantes del gabinete. Habrá que ver si los gobernadores insisten en su idea de acordar en grupo, junto al Jefe de Gabinete, como aconteciera con el tema de las deudas provinciales.