¿Y el gobierno? Colombia camina de masacre a masacres

Apolinar Díaz-Callejas*

El diario español El Tiempo, editado en Bogotá, actualiza en su edición del 25 del actual las informaciones sobre una de las masacres más criminales ejecutadas en Colombia hace unos 20 años, en la que fueron asesinadas más de 200 personas, cuando los paramilitares y los narcos sembraron el terror en Trujillo (Valle) y decenas de cadáveres fueron descuartizados y lanzados al Río Cauca.

Fue un crimen de lesa humanidad por lo cual el Estado colombiano tuvo que pedir disculpas en 1995 a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Varios de los más notables narcotraficantes colombianos se unieron a los paramilitares para esta masacre. Han sido identificados por los menos 60 personas involucradas en este crimen.

La Fiscalía acaba de librar 20 órdenes de capturas para personas sindicadas de participar en ese crimen. De ellos, 12 miembros de la fuerza pública, ya retirados, que en la época de los hechos tenían jurisdicción en el centro y norte del Valle entre los cuales hay capitanes, tenientes, agentes y soldados adscritos al Batallón Palacé y a la policía de Tuluá y Trujillo. Otras ocho órdenes de captura son contra paramilitares y sicarios que participaron en esos hechos.

Dice El Tiempo que “la masacre tuvo un sello macabro: el uso de motosierras para desmembrar, vivas, a las víctimas, cuyos cadáveres también fueron echados al Río Cauca”.

La reacción de los dos gobiernos de la época fue enérgica y notable: impulsar con gran energía y dinámica acuerdos de paz con los movimientos guerrilleros existentes, liderados por el M19, que acompañó con energía y entusiasmo ese propósito.

Fue firmada la paz y como un elemento fundamental de ella fue acordada la convocatoria de una Asamblea Constituyente Nacional de elección popular abierta, en que la mayoría de las guerrillas, con excepción de las FARCs, participaron en los acuerdos de paz y lograron la elección de varios de sus miembros en la Constituyente, que expidió la Constitución más progresista y avanzada de Colombia del siglo XX y que la derecha-liberal conservadora unida en torno al presidente Álvaro Uribe Vélez, pro-norteamericano de la más extrema derecha, han venido desmontando y privatizando las empresas económicas del Estado que habían cumplido una extraordinaria tarea de progreso social y económico en Colombia.

Pero ahora, en estos días, en su edición del 25 de septiembre el diario El Espectador informa que fueron capturados y asesinados en las cercanías de Bogotá 19 jóvenes, cuyos cadáveres, en la medida en que se producían las muertes, iban siendo trasladados a los municipios de Ocaña en el departamento de Norte de Santander y de Cimitarra en Santander entre enero y agosto de este año.

Lo inaudito es que según El Espectador, y declaraciones del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, hubo muy corto tiempo entre la desaparición de los jóvenes en Bogotá y el momento en que fueron “reportados como muertos en combates por el Ejército Nacional”. Entre los autores de este crimen, quedaron involucrados los militares al atribuir un combate con el ejército.

A su vez, el Defensor del Pueblo Vólmar Pérez denunció que las llamadas “Águilas Negras”, integradas por miembros de las autodefensas paramilitares y grupos de narcotraficantes se han dedicado a reclutar jóvenes en Bogotá, muchos de los cuales son asesinados como acaba de ocurrir con las víctimas de Bogotá cuyos cadáveres aparecieron al norte de Colombia.

Estos son crímenes y masacres de la nueva época en la violencia que vive Colombia donde se cometen asesinatos permanentemente en todas las regiones de país, sin que aparezca la fuerza del Estado para impedirlo. Por el contrario, solamente los medios de comunicación locales informan de estos crímenes. La prensa de circulación nacional los ignora.

Como estamos en movimientos electorales para una segunda reelección del presidente Uribe Vélez, los miembros de la coalición gobiernista del presidente tienen al Congreso como instrumento para aprobar con sus mayorías actuales la reforma constitucional y legal que permita la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, al puro estilo mexicano de la época de Porfirio Díaz o de los dictadores permanentes de América Central y del Caribe, que eran conducidos por los Estado Unidos de América y empresas como la United Fruit Company.

Entre tanto en departamentos como Atlántico y Córdoba sigue la oleada de crímenes y asesinatos.

Colombia lleva más de 50 años de violencia y crímenes de la fuerza pública, paramilitares, narcotraficantes y restos de guerrillas. Más de medio siglo de asesinatos que sobrepasan las 500.000 víctimas. Esto es un escándalo y una vergüenza, pues ese volumen de crímenes no se habría podido cometer ni siquiera participando Colombia en la Segunda Guerra Mundial.

Fueron víctimas de los asesinatos personas notables de la vida política y gubernamental de Colombia como: Jorge Eliecer Gaitán, cuando era candidato único liberal a la presidencia de la República; todos los precandidatos presidenciales de la Unión Patriótica: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa; el candidato presidencial del M19, Carlos Pizarro León Gómez, ya incorporado totalmente a la paz en el país y a la convocatoria de la constituyente que culminó con notable éxito estos esfuerzos de paz. También fue asesinado Carlos Mauro Hoyos, liberal, Procurador General de la Nación y Luis Carlos Galán candidato liberal a la presidencia de la República.

* Doctor en Derecho, ensayista.

Un despacho de www.argenpress.info