Argentina: dictadura y economía
La muerte de José Martínez de Hoz, ministro de Economía durante la última dictadura militar, en una fecha tan próxima al 24 de marzo, impone realizar una nueva mirada a las consecuencias económicas de la misma. El proyecto económico político de las fuerzas armadas no fue sólo de ellas, sino también el de las clases dominantes. Su intención era reconvertir a la Argentina en una nueva plataforma de producción y reproducción del capital en la periferia del mundo. | CECS.*
Para ello debieron impulsar lo que Rodolfo Walsh denominó la “miseria planificada”, buscando destruir las bases sociales y políticas de cualquier oposición a su proyecto (encarnación del neoliberalismo en el país). Junto a la persecución, asesinato y desaparición de miles de activistas, el proyecto económico de las clases dominantes requirió avanzar con la reestructuración global del sistema productivo en la Argentina, desarticulando las formas tradicionales de organización de los trabajadores y promoviendo un sentido común que favoreciese el individualismo.
A 37 años del golpe de Estado, sus consecuencias sociales son aún visibles en la precarización extrema de la vida y el trabajo, y la expansión sin límites del saqueo de todo aquello que es común a todos (nuestras riquezas naturales, servicios públicos, salud y educación, nuestro tiempo de vida):
– la mitad de los asalariados no están registrados en la seguridad social;
– una proporción aún mayor de los/as trabajadores recibe ingresos por debajo de la canasta familiar;
– casi 20% de los hogares son pobres por su nivel de ingresos;
– los servicios públicos enfrentan un persistente deterioro (aun en aquellos casos en que han sido re-estatizados);
– la educación y la salud públicas sufren un abandono tal que muchas familias huyen hacia sistemas privados costosos e insatisfactorios.
Ese ha sido el principal resultado del proyecto conducido en su origen por un gobierno dictatorial, pero continuado y profundizado por los gobiernos electos que lo sucedieron.
El plan original era impulsar un proyecto de capitalismo periférico bajo la conducción del gran capital trasnacional (local y extranjero), subordinado regionalmente al proyecto subimperialista de Brasil y apoyado en la articulación del saqueo de las riquezas naturales (soja, hidrocarburos, minerales, etc.) y sus manufacturas (aceites, harinas, lingotes, etc.).
Hoy ese capital controla la mayor parte del aparato productivo del país y la Argentina se ha convertido como nunca antes en una plataforma de exportación de “commodities” poco elaboradas.
Dos tercios de la tierra fértil está sembrada con soja y casi toda se exporta, desplazando y encareciendo otras producciones destinadas al consumo popular. El país se ha convertido en gran exportador de oro, al costo de la destrucción y contaminación de cerros y montañas. 
De la mano de la re-estatizada YPF, nos encaminamos a convertirnos en una potencia petrolera desechando la oportunidad de avanzar en un cambio en la matriz energética y con técnicas de explotación (“fracking”) que ponen en riesgo la calidad del agua y el suelo.
Continuando el proyecto de la dictadura en la actualidad y promovido por las fuerzas políticas que conducen y han conducido el Estado, el gran capital avanza con la «sojización» y la explotación minera contaminantes. Se profundiza un modelo de desarrollo donde los impuestos al consumo sostienen gigantescas masas de subsidios a las empresas transnacionales y las actividades que destruyen al medioambiente y el capital financiero siguen pagando poco y nada de impuestos.
La deuda externa —ilegítima e ilegal— sigue siendo pagada sin discusión con el esfuerzo del pueblo trabajador.
El proyecto de la dictadura persiste en nuestras ciudades donde los pobres son expulsados por los altos precios de las propiedades y los alquileres, mientras los ricos se encierran en sus barrios privados, pagando impuestos como si fueran terrenos baldíos.
La inversión pública en ciencia y tecnología se orienta cada vez más claramente hacia la solución de los problemas de las grandes empresas antes que a la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos.
A casi cuatro décadas, la economía política de la dictadura sigue penetrando la estructura social y productiva de nuestro país. Bajo un lenguaje distinto (neodesarrollista), las grandes empresas siguen siendo colocadas como los actores privilegiados en la estrategia de desarrollo económico.
A contrapelo de lo que viene ocurriendo en los países del ALBA en la región Suramericana (Venezuela, Bolivia y Ecuador), en Argentina el pueblo trabajador continúa siendo relegado a acompañar un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico para la exportación y nos condena a ser furgón de cola del subimperialismo brasileño (y crecientemente de China).
Las fuerzas políticas en el gobierno (acompañando el proyecto de las clases dominantes) pretenden que las legítimas demandas populares de mayor democracia económica y una participación real y protagónica, sean postergadas indefinidamente a la espera del prometido “derrame” del crecimiento económico.
De allí que las demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo sean sistemáticamente bloqueadas con exigencias de “moderación” y “racionalidad”.
Frente al proyecto que encarnó la dictadura, un proyecto de capitalismo en serio conducido por las grandes corporaciones capitalistas (del campo, la industria, los servicios, y las finanzas), desde los sectores populares —tras décadas de resistencia— se avanza en la conformación de alternativas para una economía política del pueblo trabajador.
Esa alternativa permitirá aportar elementos para la conformación de una opción política que nos permita avanzar en el sueño de los pueblos de Nuestraamérica, de nuestros compañeros y compañeras de lucha, en el proyecto del socialismo bolivariano para el buen vivir.
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* Equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social
En http://frentepopulardariosantillan.org.