May 6 2019
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CulturaPolítica

Assange, los informantes y la impunidad para crímenes de EU

En pocas semanas hemos tenido acontecimientos importantes que marcan la intencionalidad expresa del gobierno de Estados Unidos de garantizar la impunidad de sus crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La impunidad siempre es protección de quién ya cometió un delito, pero es, al mismo tiempo, un impulso a nuevos crímenes por parte de quienes sienten que no deberán responder por sus faltas.

Assange o el arresto del mensajero

El primero es el arresto de Asange, en un acto que avergüenza al Ecuador y que violó la soberanía de una de nuestras embajadas. Theresa May, Primera Ministra de Reino Unido, al anunciar su arresto en la Cámara de los Comunes, dejó claro que “También ha sido arrestado en relación con una solicitud de extradición de las autoridades de los Estados Unidos”. Ese día, 11 de abril, se desbarató la justificación morenista de que había un acuerdo con Reino Unido, del cual no ha presentado ni un documento.

¿Por qué Estados Unidos lo busca? Esto es lo realmente importante. Se trata de persecución por haber difundido videos y documentos de crímenes de guerra. Por la misma razón persigue y encarcela a Chelsea (antes usaba el nombre de Bradley) Maning, quien en 2010 entregó a Wikileaks más de 92.000 documentos sobre la guerra en Afganistán, importantes al grado que la británica Mairead Corrigan-Maguire, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1976, candidatizó a Manning a ese mismo premio, porque: “Su increíble revelación de documentos secretos a Wikileaks ayudó a poner fin a la guerra de Irak y puede haber ayudado a prevenir más conflictos en otros lugares”.

No se puede olvidar el caso de Edward Snowden, que en 2013 dio las pruebas de violación del derecho a la privacidad y espionaje del gobierno de Estados Unidos dentro y fuera de su país. Continua perseguido aunque tiene refugio en Rusia.

En los tres casos, se trata de informantes, de gente que denuncia crímenes a riesgo de su seguridad personal, ya que ninguno lo hizo por existir un juicio en su contra. Su calidad de informantes de delitos, cuyos culpables deben estar procesados, obliga a los estados a protegerlos. Hay claros casos en la historia que demuestran la importancia judicial e histórica de estas personas (ver: El caso Snowden: entre filtraciones y neocolonialismo, por Edgar Isch L. lalineadefuego.info) por lo que se ve la necesidad de su información para conocer la verdad.

Esta es la información que los halcones de la guerra encumbrados en el gobierno de Trump quieren ocultar y, más aún, que no se pueda juzgar. Su presión es tal que los medios que reprodujeron en su momentos los documentos presentados por wikileaks, ahora atacan a Assange repitiendo cosas de segundo orden: que no es periodista, como si la verdad tuviera que entubarse en los grandes medios de comunicación; que es antipático y malcriado, como si ello significara que no merece derechos humanos incluyendo el de asilo en una embajada; que es información lograda de manera oscura, como si los delincuentes dejaran las pruebas a luz pública y no señalaran como “secretos de Estado” a los crímenes de guerra. Sin embargo, la veracidad de lo difundido por wikileaks no se discute.

Argumentos de ese tipo ponen en riesgo a todo periodismo de investigación. El tratamiento del “lava jato”, de los “papeles de Panamá”, de investigación sobre casos ocultados de acoso y violencia sexual en escuelas ecuatorianas, entre muchos otros, difícilmente podrán realizarse sin temor de juicios contra los periodistas.

Otras formas de impedir denuncias

El 23 de abril el New York Times publicó un reportaje sobre la manera en que fueron presionados siete SEAL (fuerzas de operaciones especiales de la Armada) para que “dejen de hablar” sobre acciones de su oficial en Irak, que incluyen “apuñalar hasta la muerte a un adolescente indefenso cautivo”, “escoger a una niña en edad escolar y a un anciano desde un puesto de francotiradores” y “rociar indiscriminadamente los barrios con cohetes y disparos de ametralladoras”.

A pesar de las amenazas sobre su futuro en la Armada y otros, los denunciantes mantuvieron su posición dentro y fuera de la institucion por más de un año y el oficial denunciado enfrentará un juicio desde mayo próximo. El informe de la investigación indica que varios otros SEAL de alto rango también conocían las acusaciones y no las dieron a conocer. Sin embargo, ninguno está acusado de encubrimiento de los crímenes de guerra.

Las cortes secretas de EU

Chelsea Maning, quien ya estaba libre por haber entregado información sobre los crímenes de guerra, hoy está nuevamente detenido por haberse negado a declarar contra Assange ante un jurado a puertas cerradas. A Manning no se le dijo lo que estaba investigando el gran jurado, y una audiencia en la que ella presentó objeciones a la obligación de testificar ocurrió en secreto.

Es decir que la verdad y la justicia no son asunto de interés de ese jurado, sino armar pruebas sobre los supuestos delitos de Assange. Una declaración forzada no puede considerarse de validez y castigar a quien se niega a realizar una es prueba de que se imponen mentiras.

“Se supone que los grandes jurados deben determinar si existe una causa probable para devolver una acusación penal. Originalmente, se suponía que debían actuar como un control del poder fiscal. Sin embargo, hoy en día, se suele decir que un fiscal puede hacer que un gran jurado «condene un emparedado de jamón». Como resultado, los grandes jurados a menudo se utilizan como expediciones de pesca contra activistas políticos y movimientos sociales. Manning citó estas preocupaciones al explicar su negativa a declarar. Luego, ella señaló: «En solidaridad con muchos activistas que enfrentan las dificultades, mantendré mis principios» … (Chip Gibbons, «Let Chelsea go», The Jacobin, 27 de marzo de 2019).

La Corte Penal Internacional cae en el lodazal

Pues bien, hasta aquí está el interés de ocultamiento de la información. Pero ¿Qué pasa si la información sale? Entonces hay que impedir los juicios. Por tanto, la noticia complementaria, del 12 de abril, es que nada menos que la Corte Penal Internacional (CPI) tras amenazas del gobierno de Trump, anunció que no investigará los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de los que esté acusado Estados Unidos y otros actores en Afganistán. La CPI sugirió que su decisión se debía a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos con la investigación, con lo que si no hay colaboración del acusado no podrá haber juicio, un antecedente terrible para la justicia en el mundo.

Esta caída de la CPI en el lodazal se da luego de amenazas de John Bolton, asesor de Trump de sanciones económicas a los miembros de la Corte y pocos días después de que el gobierno estadounidense revocó la visa de la fiscal principal, Fatou Bensouda que encabezaba desde 2016, la acusación contra el ejército de EU por torturas en al menos 61 presos en Afganistán durante la guerra. Dicho informe también acusaba a la CIA de someter a prácticas de tortura —incluyendo violaciones— a por lo menos 27 presos en los centros de detención de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumania y Lituania. Estados Unidos no es parte de la CPI pero puede ser juzgado porque los crímenes se cometieron en estados miembros.

Imagen relacionadaSi no se puede acusar a los criminales a pesar de la presentación de pruebas, significa que la justicia no es un interés de la CPI ni las víctimas un asunto de su atención. Y más graves porque estos no son los únicos casos, debido a que Estados Unidos y otras potencias activan guerras en muchas partes y cometen crímenes permanentes. Las guerras son, además un gran negocio de la industria de armas, pues como buenos capitalistas crean las condiciones para vender aceleradamente sus productos, de manera que nuevas guerras y crímenes de lesa humanidad vendrán.

Hay que considerar la declaración de Trump “Desde la creación de la CPI, los Estados Unidos se han negado sistemáticamente a unirse a la corte debido a sus poderes fiscales amplios e irresponsables; la amenaza que representa para la soberanía estadounidense; y otras deficiencias que lo hacen ilegítimo. Cualquier intento de atacar al personal estadounidense, israelí o aliado para ser procesado recibirá una respuesta rápida y vigorosa». Por tanto, la impunidad abarca a otros criminales, mientras estén en la lista de aliados del criminal mayor. Si es pro yanqui, está perdonado.

Enjuiciar al denunciante y proteger al criminal

En suma, el gobierno de Estados Unidos, cuando se trata de crímenes de guerra cometidos por sus militares, lo que pretende es enjuiciar a los que denuncian y proteger a los criminales. Claro, esta es parte de la naturaleza del imperialismo a lo largo de la historia. Otras potencias han actuado de la misma manera, siendo las guerras de agresión un crimen gigantesco en si mismo. Recuérdese que principalmente, pero no solo de allí, fue desde Estados Unidos y el Reino Unido que salieron las mentiras sobre las armas de destrucción masiva que justificaban destruir Irak. Aunque en ambos países más tarde y tras cientos de miles de muertes se reconoció en los respectivos congresos que fue todo mentira, no hay nadie enjuiciado por enormes daños humanos, ecológicos, culturales y otros cometidos.

La lucha por la verdad está en momentos difíciles, pero lógicamente es obligatorio continuarla. La gente debe conocer estos hechos y antecedentes, antes que caiga en la trampa de las mentiras miles de veces dichas y que justifican crímenes mayores. Pero, ante todo, comprender que a las potencias imperialistas no les importan los derechos humanos, qué si los mencionan o hablan de crisis humanitarias, es solo como coartada de sus ataques a pueblos enteros. Justificación que la vemos hoy todos los días en los noticiarios y periódicos más vendidos (en los dos sentidos de la palabra).

 

*  Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

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