Ago 25 2012
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OpiniónSociedad

Chile apaleado y gaseado o la Ley Hinzpeter ya en acción

Con un rostro que vaya uno a saber por qué recuerda a esos cerdos de la granja que se creían más iguales que los otros animales, y con la voz cuasi meliflua de un obispo a punto de mandar brujas a la higuera (tras haber salvado sus almas. claro), el ministro portavoz presidencial las emprende en cada oportunidad que tiene contra quienes osan protestar.NICOLÁS GOMARRO.

 

Sus blancos favoritos son los mapuche, siempre después de un apaleo o muerte, y los estudiantes —ambos grupos habitantes de tercera en el país–; no obstante para ser entre las delikatessen gubernamental basta con intentar ejercer los derechos otrora normales de la ciudadanía sin la venia de las pomposas, mentirosas e hipócritas autoridades.

 

¿O no es una mentira pomposa que devela gran hipocresía la del presidente que sostuvo urbi et orbi que los estudiantes en paro y tomas no ertan más que una fracción del uno por ciento del total de los matriculados en los establecimientos educacionales del pais?

 

¿Dónde vivirán esos señores?
No podemos aventurar que sea en Palestina, donde —se sabe—la represión es pan cotidiano, por más que secundarios y universitartios sean reprimidos según algunas técnicas aprendidas de expertos que allí las aplicaron alguna vez.

 

¿Acaso no es de una hipocresía superlativa la pomposa mentira de que el gobierno está dispuesto a dialogar con los revoltosos (que lo son por pedir mejor educación y que el Estado cumpla, después de 40 años con sus deberes en la materia)?

 

¿No no es una pomposa hipocresía mentirosa aquella que afirma que en el Parlamento se discuten las cosas —cuando cualquier sondeo ciudadano, incluso en este país de de forzados consumidores netos, arroja como resultado abrumafdor que nadie confía ni se siente representado por ese grupo enclaustrado en Valparaíso?

 

Revisados diarios, estaciones de televisión, emisoras de radio, revistas, en fin, de otros países, ningún analista de esos medios periodísticos encuentra razonable la posición del gobierno chileno.

 

No importa, con la implacabilidad que mandan los dioses en las tragedias clásicas, el gobierno avanza en procura de su propia destrucción. No es Edipo que ignorante mata a su padre para yacer, después y sin conocerla, con su madre. Ciego y bruto, el gobierno se parece a Cronos según Goya, y se apresta a devorar a sus hijos. Tiene buenos y verdes dientes para ello.

 

En un rapto de locura —la locura no mide bien las consecuencias— los que sufragaron en las últimas elecciones presidenciales eligieron a un financista de dudosa reputación para guiar por cuatro años los destinos del país; la causa no fue irracional: se quiso castigar a un montón de crápulas manipuladores. El precio que se paga es, ay, alto.

 

Nada de eso interesa a la casta política embadurnada de negocios y asociaciones que, caben pocas dudas, ya acuerdan a través de sus operadores para que todo siga igual después que el señor Piñera regrese a sus ocupaciones habituales y el señor Hinzpeter probablemente a su estudio de abogado —o a escribir el capítulo cómo reprimir al a juventud sin sentir vergüenza por ello.

 

La palabra reprimir no alcanza a describir las órdenes ministeriales a las fuerzas del orden. No podría cubrirse la cabeza ante su dios quien ordenara romperle los dientes a una chiquilla de 15 años en plena calle, quién ordenara a un policía decirle a un manifestante que vaya a ver a su hermana que la están “empelotando”, que ordenara a un camión-hidrante echar abajo la reja de un instituto universitario, que apaleara a muchachas y muchachos en las puertas de una universidad católica en pleno centro de Santiago, que ordenara manosearle el cuerpo a una abogada en la vía pública (los etcéteras son muchos).

 

Tampoco debería cubrirse o descubrirse, según, ante su dios el alto funcionario que en conocimiento de esos hechos —todos documentados por fotografías y vídeos— no tomara (¡tomara, no diera!) cartas en el asunto. Porque o esos policías actuaron institucionalmente o son, como dicen los argentinos, locos de la guerra; y si son locos de la guerra, ¿por qué llevan uniforme y armamento provistos por el Estado?

 

La mayor perversión es que no importa si es pateado su hijo o la manoseada su hija, usted, lector, contribuye con sus impuestos cada vez que compra un kilo de pan o cualquier otra cosa, a armar y uniformar a esos energúmenos. Dicen que 300 millones cuesta cada camión “guanaco” comprado recientemente a Alemania.

 

Toda justa aspiración ciudadana reprimida con injusto salvajismo genera justa violencia.
Si no comprenden eso los que gobiernan, si no han leído a viejos y contemporáneos tratadistas, deberían renunciar. Encienden una hoguera, mientras tanto, que costará apagar.

 

En Freirina y Aysén hombres y mujeres adultos mostraron que la ciudadanía puede defenderse de contingentes bien armados y hacerlos huir. Acaso el pueblo deje de ser una entelequia o una nostalgia de la Historia. No será lo mismo que reprimir a muchachitos y muchachitas que no están acostumbrados a la vida más dura. ¿O no piensa el gobierno detenerse hasta que alguna ambulancia recoja un muerto en la calle?

 

La Historia es una madre jodida que a veces no sabe perdonar y cobra el crimen cometido por generaciones.

 

Declaración pública de la Comisión Ética contra la Tortura.
Alto a la violencia gubernamental contra el movimiento estudiantil

 

Ante las graves violaciones a los derechos humanos padecidas por los estudiantes de Chile que exigen su legítimo derecho a la educación para desarrollar su condición humana, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-Chile) declara lo siguiente:

 

1º  El gobierno debe detener la represión violenta ejercida contra jóvenes y niños menores de edad, asumiendo su responsabilidad de  mantención de la paz social basada en la justicia.

 

2º  Es imperativo que las autoridades abran las puertas al diálogo como medio de superación de los conflictos sociales, puesto que las posiciones ideológicas dogmáticas no sirven para solucionar los problemas, sino que los acrecientan.

 

3º  Es un deber básico expresar el más profundo repudio a las prácticas de tortura instaladas como política institucional de Carabineros de Chile en las calles, en territorio mapuche y en el interior de los establecimientos educacionales de dependencia municipal.

 

4º  El Estado de Chile se ha comprometido a respetar la normativa internacional de protección de los derechos humanos, incluyéndose la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como también la Convención de los Derechos del Niño, entre otros. El mundo ha visto la vulneración de estos principios durante los desalojos de liceos: niñas y niños golpeados y heridos; vejados sexualmente en furgones, buses y recintos policiales, siendo obligados a desnudarse, así como también a ser víctimas de “desapariciones express”, manteniéndolos detenidos por largos períodos y negándose a la entrega de la información requerida por sus familiares y amigos.

 

5º  Las medidas de No Repetición de los Delitos del Terrorismo de Estado padecido por el pueblo de Chile durante la dictadura militar, forman parte de los Principios Básicos emanados de la Organización de las Naciones Unidas para instaurar Verdad, Justicia y Reparación respecto de los crímenes de lesa humanidad, como los que nuevamente se denuncian y que, a modo de ejemplo, se expresan en el asesinato de Manuel Gutiérrez (de 16 años), la detención y desaparición de José Huenante (de 16 años), la represión sobre menores del pueblo mapuche, etc…  Por tanto, el Estado debe velar por el término de la tortura, investigar toda denuncia de parte de las personas afectadas y castigar a los responsables.

 

6º  Las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos deben observar los acontecimientos denunciados y exigir del gobierno la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a fin de que el Comité Nacional de dicha instancia se constituya en los centros donde se sospeche que se inflige este delito e inicie las investigaciones pertinentes.

 

Santiago de Chile, 23 de agosto de 2012.

 

Comisión Ética Contra la Tortura – CECT
11 años luchando contra la Tortura en Chile
Huelén 164, 1er piso.
Providencia
Santiago, Chile

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