Chile: el multiengaño y los trabajadores, esa historia de siempre

José Luis Ugarte

Es estos días en el Congreso el gobierno de Piñera prepara su último zarpazo a los trabajadores. Escondido bajo un título muy raro —el multirut— la nueva forma de gobernar prepara su última, pero nada novedosa, gracia: hacer como que se avanza en favor de los trabajadores, para dejar todo igual o, en este caso, peor.| JOSÉ LUIS UGARTE.*

Expliquémoslo en sencillo: hace un tiempo atrás diversas empresas —especialmente de supermercados y del retail— se inventaron un fraude que consistía en dividir la empresas en una pluralidad de razones sociales —en algunos casos por cientos—, sosteniendo que por ese solo hecho —que sus abogados redactaran cientos de papeles—, cada una de esas razones y los respectivos trabajadores adscritos a ellas, debía ser considerada un empleador distinto para efectos de la formación de sindicatos y de negociación colectiva.

Como se ve, la finalidad de este fraude es obvia: dividir a los trabajadores para que no pueden negociar colectivamente en un solo proceso con fuerza y unidad. A pesar de trabajar para el mismo empleador.

En un país en serio, esto no habría pasado de ser un fraude reprimido por los propios sindicatos y la justicia laboral. Pero estamos en Chile y se fraude se ha sostenido, tanto por la extrema debilidad sindical, como por la debilidad de las autoridades.

El punto es que el gobierno ha presentado un proyecto para solucionarlo. De su sola lectura se sigue que es para todo lo inverso —la ya clásica letra chica—: a los trabajadores no les bastará probar que su empresa es un solo empleador, porque el gobierno ha tapizado el proyecto de requisitos —que, en rigor, son trabas— para que los trabajadores no puedan derribar el fraude tan fácilmente.

Para ponerlo en simple: aunque los trabajadores acrediten que todas estas razones sociales son un solo empleador —porque tiene un solo jefe, por ejemplo, que los manda a todos—, de igual modo, no podrá negociar en un único proceso de negociación colectiva. El proyecto exige que, además, los trabajadores demuestren que se trata “del mismo negocio específico” o de “negocios directamente complementarios”.

De más está decir que los abogados de estas empresas se frotan las manos de cómo se las ingeniaran para decir que, pese a ser un solo empleador “sus negocios no son el mismo” o “no son complementarios” —la sección corbatas no es complementaria de las sección lavadoras, ambas pueden funcionar por separadas, dirán con satisfacción prendiendo un velita al altar de Matthei.

Como se ve, carne para rapaces. E incluso, en aquellos casos que exista riesgo de superar todos los obstáculos, el gobierno le pone una última traba a los trabajadores —no vaya a ser que un sindicato lo logre—: el juez debe escuchar una comisión de expertos.

Adivine la composición de la comisión de expertos que el juez “obligatoriamente” debe escuchar a pesar de que el fraude haya sido acreditado por los trabajadores: el proyecto lo dice clarito: de cinco miembros, tres serán profesionales “con experiencia” en materia de organización industrial y “administración de empresas“, y el resto serán dos abogados con la misma experiencia: organización industrial “y administración de empresas”.

Hay que reconocer que el gobierno no se ha andado por las ramas en este tema. En buen chileno: cinco profesionales de “perfil empresarial” que, como se sabe desde los tiempos de la Concertación, entienden el mundo mejor que todo el resto de los mortales. Que se trate del derecho fundamental de negociación colectiva de los trabajadores es un detallito nada de relevante.

Total a los técnicos de derecha nada en el mundo le es desconocido. En fin, quizás más breve habría sido que la Comisión la designe de una la SOFOFA, y nos ahorramos tiempo y dinero.

¿Algún representante del perfil sindical o “de trabajador” en la Comisión de Expertos? No sea ingenuo señor lector, los trabajadores y sus dirigentes no son expertos en nada. Eso también nos lo enseñaron hace tiempo.

Como es obvio, el proyecto parece redactado más en las oficinas de la CPC, que en las de un Ministerio del Trabajo de un país democrático y serio. Matthei ha hecho su trabajo, y de seguro le espera el titulo de «ministra del año” por los círculos empresariales.

¿Y la CUT se opondrá enérgicamente? preguntará algún despistado. El proyecto de “multirut” ha sido defendido con entusiasmo por Martínez, en el marco de su acuerdo CUT-CPC. De hecho, coincidía en él La Tercera, que en una editorial redactado con su habitual mirada pro-empresarial señalaba, con el mismo entusiasmo de Martínez, que había que respaldar el acuerdo CUT-CPC, porque era “una oportunidad de futuro”.

El gobierno y sus aliados juegan una carta clásica de la democracia chilena: el tecnicismo. Apuesta porque tratándose de un tema legal, a primera vista lejano y de difícil acceso para los trabajadores comunes y corrientes, nadie se entere de verdad de su contenido y menos de sus intenciones: volver a engañar a los trabajadores.

Un engaño más — en este caso, el “multiengaño”—, después de 22 años de olvidos y promesas incumplidas, pensará Matthei, no es tan grave. De hecho, que haya menos trabajadores sindicalizados y que negocian colectivamente en términos proporcionales hoy que cuando se fue Pinochet, repetirá, no es problema nuestro.

Y sabe que la señora ministra tiene algo de razón. Si después de cuatro gobiernos de centro izquierda —que se emocionaban hasta las lágrimas los 1º de mayo con eso de los “compañeros trabajadores” —, no se hizo nada por cambiar las cosas, no le corresponde a ella y menos a su gobierno hacerlo.

Clotario puede seguir revolviéndose en su tumba.
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* Profesor de Derecho Laboral Universidad Diego Portales
http://www.udp.cl/derecho.