Chile: la porfiada memoria y la verdad que espera justicia
Pocas veces se ha advertido la tremenda responsabilidad de los civiles en el golpe de Estado de 1973. La dictadura chilena, finalmente, tuvo un carácter cívico-militar. Si bien Augusto Pinochet fue el rostro visible de la conspiración para instalar en nuestro país la atrocidad que costó miles de torturados y asesinados, se olvida que hubo muchos políticos de derecha que prepararon el camino y, más tarde, sirvieron como sostenedores y funcionarios del régimen. | ÁLVARO CUADRA.*
Basta examinar la prensa de la época para constatar que prominentes políticos de la CODE, la alianza de la derecha integrada por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, llamaban abiertamente a la intervención militar.
En diciembre de 2012, los abogados Eduardo Contreras Mella y Alfonso Insunza Bascuñan presentaron una querella criminal, inédita en la justicia chilena, en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) por delitos de lesa humanidad cometidos por uniformados y civiles, con una clara complicidad de la prensa de la época.
De hecho, todos los informes sobre derechos humanos y algunos fallos judiciales precedentes han establecido que en Chile, en efecto, hubo cientos de detenidos, miles de ejecutados de manera ilegal, torturados, violados y violadas y hechos prisioneros sin juicio alguno.
Una importante fuente en torno a la participación de civiles —chilenos y extranjeros— en la conspiración que culminó con la dictadura de Pinochet, lo constituye el informe del senado norteamericano llamado Informe Church (1975) que establece con meridiana claridad la intervención de la CIA y los pagos a personeros de la política, las fuerzas armadas y la prensa en suelo chileno con el propósito de derrocar al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.
De acuerdo a dicho informe, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos invirtió ocho millones de dólares durante el periodo 1970/1973, financiando al diario de Agustín Edwards, El Mercurio, y al poderoso gremio de los camioneros para sostener una prolongada huelga durante 1972.
Hasta el presente, la justicia chilena ha acogido de manera débil y parcial las querellas presentadas contra personeros civiles responsables como autores o cómplices de graves delitos cometidos antes, 
durante y después del golpe de estado. De hecho, la querella presentada por los abogados Contreras e Insunza todavía no llega a manos de un juez a casi un mes de su presentación.
La desidia de los tribunales nacionales contrasta con sus homólogos de otras latitudes, como es el caso de Uruguay, a lo que se suma el desinterés de la prensa chilena de hoy por esclarecer estos temas, lo que está señalando con claridad que los civiles responsables de graves ilícitos todavía siguen impunes, muchos de ellos, en posiciones de poder hasta el presente.
A casi cuarenta años, la responsabilidad de los civiles en el golpe militar que sumió a Chile en su peor tragedia del siglo XX sigue siendo un imperativo ético y político pendiente. No es concebible una democracia más plena sin el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, no es sano para un país vivir el clima de impunidad que ha caracterizado durante todos estos años nuestra institucionalidad democrática.
Las nuevas generaciones de chilenos reclaman en las calles por la verdad y la justicia, única manera de superar el dolor y avanzar hacia un mañana más digno.
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* Semiólogo, académico Universidad Arcis, Chile.