Ene 16 2013
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Opinión

Chile: la porfiada memoria y la verdad que espera justicia

golp1Pocas veces se ha advertido la tremenda responsabilidad de los civiles en el golpe de Estado de 1973. La dictadura chilena, finalmente, tuvo un car√°cter c√≠vico-militar. Si bien Augusto Pinochet fue el rostro visible de la conspiraci√≥n para instalar en nuestro pa√≠s la atrocidad que cost√≥ miles de torturados y asesinados, se olvida que hubo muchos pol√≠ticos de derecha que prepararon el camino y, m√°s tarde, sirvieron como sostenedores y funcionarios del r√©gimen. | √ĀLVARO CUADRA.*

 

Basta examinar la prensa de la época para constatar que prominentes políticos de la CODE, la alianza de la derecha integrada por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, llamaban abiertamente a la intervención militar.

 

En diciembre de 2012, los abogados Eduardo Contreras Mella y Alfonso Insunza Bascu√Īan presentaron una querella criminal, in√©dita en la justicia chilena, en representaci√≥n de la Agrupaci√≥n de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupaci√≥n de Familiares de Ejecutados Pol√≠ticos (AFEP) por delitos de lesa humanidad cometidos por uniformados y civiles, con una clara complicidad de la prensa de la √©poca.

 

De hecho, todos los informes sobre derechos humanos y algunos fallos judiciales precedentes han establecido que en Chile, en efecto, hubo cientos de detenidos, miles de ejecutados de manera ilegal, torturados, violados y violadas y hechos prisioneros sin juicio alguno.

 

Una importante fuente en torno a la participaci√≥n de civiles ‚ÄĒchilenos y extranjeros‚ÄĒ en la conspiraci√≥n que culmin√≥ con la dictadura de Pinochet, lo constituye el informe del senado norteamericano llamado Informe Church (1975) que establece con meridiana claridad la intervenci√≥n de la CIA y los pagos a personeros de la pol√≠tica, las fuerzas armadas y la prensa en suelo chileno con el prop√≥sito de derrocar al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.

 

De acuerdo a dicho informe, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos invirtió ocho millones de dólares durante el periodo 1970/1973, financiando al diario de Agustín Edwards, El Mercurio, y al poderoso gremio de los camioneros para sostener una prolongada huelga durante 1972.

 

Hasta el presente, la justicia chilena ha acogido de manera débil y parcial las querellas presentadas contra personeros civiles responsables como autores o cómplices de graves delitos cometidos antes, golp2durante y después del golpe de estado. De hecho, la querella presentada por los abogados Contreras e Insunza todavía no llega a manos de un juez a casi un mes de su presentación.

 

La desidia de los tribunales nacionales contrasta con sus hom√≥logos de otras latitudes, como es el caso de Uruguay, a lo que se suma el desinter√©s de la prensa chilena de hoy por esclarecer estos temas, lo que est√° se√Īalando con claridad que los civiles responsables de graves il√≠citos todav√≠a siguen impunes, muchos de ellos, en posiciones de poder hasta el presente.

 

A casi cuarenta a√Īos, la responsabilidad de los civiles en el golpe militar que sumi√≥ a Chile en su peor tragedia del siglo XX sigue siendo un imperativo √©tico y pol√≠tico pendiente. No es concebible una democracia m√°s plena sin el esclarecimiento de los cr√≠menes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, no es sano para un pa√≠s vivir el clima de impunidad que ha caracterizado durante todos estos a√Īos nuestra institucionalidad democr√°tica.

 

Las nuevas generaciones de chilenos reclaman en las calles por la verdad y la justicia, √ļnica manera de superar el dolor y avanzar hacia un ma√Īana m√°s digno.
‚ÄĒ‚ÄĒ
* Semiólogo, académico Universidad Arcis, Chile.

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