Jul 5 2012
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PolíticaSociedad

Chile: los que tienen las armas y los que ponen los muertos

Desatinada, desafortunada, irresponsable, intencionada o lo que sea, es imposible no poner atención a lo que hoy señala el ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien afirmó que es atendible y comprensible que los agricultores de Ercilla se defiendan ante las amenazas a sus bienes y familias, tal como lo han señalado aquellos, que visitaron al intendente Andrés Molina, para manifestarles su decisión de armarse para evitar ser víctimas de atentados por parte de encapuchados, lo que entre líneas está dirigida como mensaje a enfrentar los procesos de recuperación y defensa territorial de las comunidades mapuche. | GONZALO MANQUEPILLÁN.*

 

“La ley contempla lo que es la legítima defensa, eso está contemplado, entonces uno puede tener dentro de la legalidad algún grado de resguardo ya que hay familias, hay hijos, hay pequeños, obviamente que se comprende”, finaliza diciendo el ministro justificando el uso de armas de fuego en los latifundistas civiles en el territorio de la Araucanía.
(Ver aquí).

 

Preocupación causa esto que acaba de avalar una autoridad de Estado, más aún cuando su jefe, el Presidente de la República, ha insistido en la aplicación de un programa gubernamental en la zona de Ercilla. Nos recuerda vívidamente al Frente Común de Defensa de la Tierras que se organizara en la década de 2001/2010, conformado por agricultores y empresarios forestales asentados en la comuna de Collipulli y el llamado Comando Trizano, grupo paramilitar que anunciaba asesinar y dinamitar a dirigentes mapuche de ese entonces, los que incluso llegaron a la casa del entonces dirigente de la CAM Víctor Ancalaf y le dispararon más de 400 tiros de escopeta, en la más absoluta impunidad.

 

“En aquel tiempo nadie andaba tranquilo en las comunidades. A cualquier hora ingresaban por los caminos las camionetas con los guardias armados de la empresa forestal afuncada en la zona, todas a gran velocidad y disparando al aire sus armas. Cuando no eran los forestales, eran civiles —hombres de Freddy Molina— quienes ingresaban a la comunidad, filmaban nuestras casas y luego se iban. Por la noche los disparos no nos dejaban dormir.

 

Un día en Collipulli se me acercaron unos tipos y me dijeron que si seguía movilizando a las comunidades, me matarían a mí y a toda mi familia. El mensaje me lo envió Freddy Molina y sólo fue el primero de muchos otros que vinieron después”, relató Ancalaf en su oportunidad.

 

Durante estos últimos días hemos leído de innumerables comentarios respecto del recrudecimiento de la violencia en el territorio mapuche, haciendo creer que ésta violencia es por el conflicto Mapuche, cuando en realidad no son los mapuche quienes están en conflicto como tampoco son el conflicto. La defensa del territorio por parte de las comunidades y su lucha por sus reivindicaciones es violentamente reprimida por los organismos estatales con allanamientos, persecución, heridos y presos, como lo hemos visto últimamente en Temucuicui, Wente Winkul Mapu y ahora recientemente en Loloco, donde no se respeta ni a mujeres, niños ni ancianos.

 

¿Querrá el señor ministro con esto darle luz verde a la paramilitarización en la zona? Y si es así, cuando habla de autodefensa ¿se permitirá a los mapuche hacer uso legítimo de armas para defender lo que se les usurpa o cuando son violentamente atacados y allanados en sus viviendas en horas de la madrugada? De seguro que no, eso está vedado para el mapuche, a él se le criminaliza por cada acto que se realiza.

 

“La criminalización de las demandas mapuche, se explica por sí sola en la aplicación de una legislación aberrante como son la ley antiterrorista y de seguridad interior del Estado, así como la justicia militar, que deja impune a los atacantes de las comunidades. La aplicación intencional de estas aberraciones judiciales tiene como objetivo concreto buscar condenas arbitrariamente en el entendido de que todos los juicios son políticos, de persecución a nuestras ideas y planteamientos, dándose curso a espurios procesos judiciales con indebidos procedimientos y la imposibilidad de juicios justos”, señalaba Héctor Llaitul desde la cárcel.

 

“No somos un peligro para la sociedad, buscamos una aleación con el pueblo chileno, no buscamos dañar a ninguna persona civil”, señaló hace un tiempo el werken Mijael Carbone, cuando el gobierno de Bachelet encomienda a Pérez Yoma solicitar al FBI colaboración para enfrentar las demandas del pueblo mapuche. En aquella oportunidad, después de una serie de visitas de diplomáticos norteamericanos a la zona mapuche, en sus conclusiones desestimaron los temores instalados en La Moneda.

 

Varios despachos enviados a Wáshington —datados entre 2008 y 2009— señalan que los mapuche son un pueblo evidentemente “no violento”, por lo que se trata de un conflicto de “bajo nivel”, pero magnificado por la cobertura informativa que “muchas veces es muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas”.
Claro y preciso.

 

¿Quién entonces incita a la violencia?
¿Será este grupo de latifundistas la “guerrilla rural” que ha señalado el fiscal Ljubetic la que está provocando serios daños en la Araucanía? Los planteamientos del fiscal regional, la postura del intendente y las palabras del ministro hoy, al avalar una iniciativa a todas luces ilegal e irresponsable, no hacen más que divulgar fantasiosas tesis de foquismo mapuche y amenaza terrorista.
——
* http://mvpvlen-manke.blogspot.com.
Publicado en:
La Opiñón
Mapy Express.

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