Sep 22 2013
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Pol铆tica

El uso militar en seguridad p煤blica lo auspicia el Comando Sur

La confusi贸n entre tareas policiales y militares comenz贸 en Colombia, sigui贸 en M茅xico y en Centroam茅rica. La fomenta Estados Unidos, que suministra entrenamiento, en forma directa o a trav茅s de Colombia, siempre advirtiendo que es por excepci贸n mientras mejora la capacitaci贸n policial. Un saldo devastador: ineficiencia para controlar el delito y graves violaciones a los derechos humanos. Un mal resultado electoral previo en M茅xico o una elecci贸n pr贸xima en El Salvador, como motivaci贸n pol铆tica.

El presidente salvadore帽o Mauricio Funes extendi贸 por otro a帽o el despliegue de tropas del Ej茅rcito para apoyar a la polic铆a en tareas de seguridad contra el delito y lo ampli贸 de 19 a 29 zonas del pa铆s, citando las encuestas que reflejan 鈥渆l impacto positivo de la presencia militar en las calles鈥. En junio de 2014 habr谩 elecciones presidenciales all铆.

El periodista Funes, quien lleg贸 al gobierno en 2009 postulado por el partido del Frente Farabundo Mart铆 de Liberaci贸n Nacional, explic贸 que se trataba de una medida excepcional. Lo mismo dijo hace un a帽o el entonces jefe del Pent谩gono, Leon Panetta, durante la D茅cima Conferencia de Ministros de Defensa de las Am茅ricas que sesion贸 en Punta del Este, donde expuso la nueva 鈥淧ol铆tica de Defensa para el Hemisferio Occidental鈥. Panetta dijo que algunos pa铆ses que se sienten desbordados por 鈥渓a difusi贸n del narcotr谩fico y otras formas de tr谩ficos il铆citos, pandillas y terrorismo鈥 recurren a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que competen a las fuerzas policiales civiles. Aunque 茅sta 鈥渘o puede ser una soluci贸n a largo plazo鈥, por el momento el Pent谩gono est谩 dispuesto a cooperar para fortalecer 鈥渓a capacidad de las autoridades civiles y las fuerzas del orden de los pa铆ses amigos鈥. Panetta no fij贸 plazos para la vigencia de esta excepci贸n.

Haz lo que yo digo

En El Salvador, las Fuerzas Armadas realizan patrullajes conjuntos con la polic铆a y ocupan posiciones en 62 鈥減untos ciegos鈥 de la frontera, por los que 鈥渟e filtra todo tipo de mercanc铆a ilegal, contrabando, drogas, tr谩fico de personas e infinidad de negocios ilegales鈥, seg煤n explic贸 Funes. Adem谩s, decidi贸 estacionar soldados en las instituciones penales m谩s peligrosas, donde recientes motines provocaron la muerte de dos reclusos y heridas a otros 25. Tambi茅n en Venezuela, 3.000 soldados participan en tareas policiales en aquellos barrios de Caracas que tienen tasas m谩s elevadas de criminalidad. En un discurso pronunciado en la Academia Militar de Fuerte Tiuna, el presidente Nicol谩s Maduro dijo que la inseguridad era el mayor problema del pa铆s. mex represion vert

El patrullaje militar de las calles se extender谩 luego al resto de Venezuela, cuya tasa anual de homicidios es de 54 por cada 100.000 habitantes, seg煤n datos oficiales que organizaciones no gubernamentales elevan a 73 por 100.000. Una de esas organizaciones, PROVEA, aleg贸 que las Fuerzas Armadas no est谩n preparadas para la aplicaci贸n de la ley en la lucha contra el delito. Ya en 2007, un funcionario que visit贸 Colombia junto con el entonces jefe del Pent谩gono, Robert Gates, dijo a la agencia Reuters que si bien en las 煤ltimas d茅cadas se pens贸 que las Fuerzas Armadas deber铆an alejarse de las funciones policiales, tal como ocurre en Estados Unidos, algunos pa铆ses latinoamericanos carecen de fuerzas policiales aptas, y llevar铆a a帽os mejorarlas y convencer a la poblaci贸n de que hacen falta fuerzas policiales m谩s poderosas.

Si bien la ley Posse Comitatus proh铆be desde 1878 el empleo de tropas militares en asuntos de seguridad dentro de los Estados Unidos, 茅sta es una de las escasas doctrinas sobre la democracia cuya exportaci贸n carece de prioridad pol铆tica. Por el contrario, el Pent谩gono y su Comando Sur propician tal actuaci贸n y la interoperabilidad entre polic铆as y militares latinoamericanos.

En su trabajo 鈥淟a transformaci贸n del Estado de Seguridad: de hacer la guerra a luchar contra el delito鈥, los acad茅micos Peter Andreas y Richard Price sostienen que en la globalizaci贸n esa frontera se ha hecho borrosa y que los intereses de seguridad del Estado se definen ahora m谩s en t茅rminos 鈥渄e disuadir evasiones de la ley que invasiones militares鈥. Esto va m谩s all谩 de la teor铆a. En enero de 2012 el Comando Sur dio comienzo a la Operaci贸n Martillo, que incluye a tropas del Ej茅rcito, la Guardia Costera, y las polic铆as, en las costas centroamericanas del Pac铆fico y el Caribe, con barcos, aviones, soldados, marineros y polic铆as de los pa铆ses participantes. La intervenci贸n estadounidense es coordinada por la Fuerza de tarea conjunta interinstitucional-Sur, con sede en Key West, Florida, que integran militares y civiles, de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estadounidenses, como el FBI, la Aduana y la DEA, todos a 贸rdenes del Comando Sur.

A ellos se agregan organismos militares y de seguridad de pa铆ses de Latinoam茅rica, el Caribe y Europa. En 2010 la revista Di谩logo, que edita el Comando Sur, sostuvo que 鈥渓os oficiales de enlace de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Rep煤blica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, M茅xico, los Pa铆ses Bajos, Per煤, Espa帽a y el Reino Unido ayudan a combatir el tr谩fico il铆cito en un complejo proceso de cuatro etapas que consiste en detecci贸n, monitoreo, intercepci贸n y detenci贸n鈥 (http://www.dialogo-americas.com /es/articles/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-02).

Esto fue antes del incidente por el avi贸n militar estadounidense que intent贸 ingresar a Ezeiza un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicaci贸n encriptada, programas inform谩ticos y drogas narc贸ticas y estupefacientes. La semana pasada se anunci贸 que la fragata misil铆stica USS Rentz, en la que embarc贸 personal policial de la Guardia Costera, confisc贸 un cargamento de coca铆na valuado en 8 millones de d贸lares, que era transportado por un pesquero al norte de las Islas Gal谩pagos, donde la 4陋 Flota realizaba 鈥淥peraciones contra el Crimen Transnacional Organizado鈥.

eeuu bases_militaresMilitares para compensar

Adem谩s de su Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno estadounidense sostiene cuatro programas regionales en Am茅rica Latina: la Iniciativa M茅rida, en M茅xico; la Asociaci贸n de Seguridad Ciudadana en Centroam茅rica; la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa estadounidense-colombiana de Desarrollo Estrat茅gico. El programa centroamericano contiene metas que no guardan relaci贸n con las misiones militares tradicionales, como garantizar la seguridad en las calles, interceptar delincuentes y cargas de contrabando, establecer una efectiva presencia del Estado en comunidades en riesgo y fomentar la coordinaci贸n y cooperaci贸n entre pa铆ses contra amenazas a la seguridad.

M茅xico es el pa铆s donde m谩s profundo fue el compromiso militar en el enfrentamiento con los carteles de la droga. Esa decisi贸n fue adoptada en el primer a帽o de su gobierno por el ex presidente Felipe Calder贸n, quien busc贸 compensar as铆 la d茅bil legitimidad pol铆tica provocada por su estrecha victoria electoral en 2006 y las denuncias de fraude de la oposici贸n.

El fracaso de su estrategia se mide en la asombrosa equivalencia num茅rica entre los 45.000 soldados que despleg贸, los 44.000 que desertaron y las 48.000 personas asesinadas durante su sexenio presidencial, pero tambi茅n en la falta de mejoras significativas en la cantidad de drogas que salen de sus fronteras en direcci贸n a los Estados Unidos. Un balance devastador de esa experiencia puede encontrarse en el informe publicado por Human Rights Watch, 鈥淣i seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura鈥, seg煤n el cual miembros de las fuerzas de seguridad habr铆an participado en m谩s de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales, por los cuales no hubo un solo condenado.

Los propios militares dicen en su descargo que no est谩n preparados para ese tipo de lucha y adem谩s se quejan por la ausencia de un marco jur铆dico que asegure la legalidad de sus actos y los ponga a salvo de reproches penales, que, seg煤n temen, caer谩n sobre ellos y no sobre los pol铆ticos que les ordenaron hacerlo. No es mejor el record investigativo sobre los cr铆menes cometidos por el narcotr谩fico: la justicia s贸lo conden贸 a 22 personas. En cambio, muchos funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos, incluyendo jueces que dan por v谩lidas confesiones obtenidas bajo tortura en bases militares y peritos m茅dicos que omiten o minimizan las lesiones de los detenidos. La corrupci贸n carcomi贸 a las Fuerzas Armadas. Media docena de generales fueron detenidos por sus nexos con el narcotr谩fico, y estall贸 una guerra de acusaciones entre distintos bandos militares, que se se帽alan unos a otros como c贸mplices de los carteles.

A modo de advertencia, la revista mexicana Emeequis tradujo un informe publicado en el New York Times por el profesor de psiquiatr铆a Richard Friedman sobre el efecto sobre los soldados estadounidenses de las operaciones especiales en que participan, con abuso de drogas y m谩s muertos por suicidio que en combate. El sucesor de Calder贸n, Enrique Pe帽a Nieto, prometi贸 revisar la estrategia y crear una Gendarmer铆a de 40.000 efectivos para ir reemplazando en forma gradual a las Fuerzas Armadas. Pero una vez en el gobierno redujo la dimensi贸n de esa nueva fuerza a s贸lo 5.000 hombres, y demor贸 el prometido regreso de los militares a sus tareas espec铆ficas. No obstante, arguye que las muertes violentas se redujeron un 20 por ciento, aunque las t茅cnicas de cuenta de cad谩veres que se aplican no garantizan la exactitud de ning煤n c贸mputo.

Tropas de elite

En la Operaci贸n Martillo, las fuerzas de Estados Unidos participan junto con los siete pa铆ses centroamericanos, m谩s Canad谩, Colombia, Francia, Holanda, Espa帽a y Gran Breta帽a. Pero en su informe anual al Congreso, el jefe del Comando Sur, general de Infanter铆a de Marina John Kelly, anunci贸 recortes presupuestarios que reducir铆an su efectividad. Esta escasez de recursos ha influido para que Estados Unidos se incline por un mecanismo de presencia e influencia a bajo costo. hond dea

La DEA y el Departamento de Estado capacitan tropas de elite de esos pa铆ses, pero luego reciben apoyo desde bases construidas por el Pent谩gono en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam谩. El a帽o pasado, tropas estadounidenses y fuerzas especiales hondure帽as realizaron cinco acciones conjuntas de interdicci贸n. En tres de ellas se produjeron tiroteos en los que fueron asesinados ciudadanos que no ten铆an actividad alguna relacionada con las drogas, entre ellos un chico de 14 a帽os y dos mujeres, una de ellas embarazada, que navegaban en una lancha taxi cerca del pueblo de Ahuas. En otro episodio fue abatido el piloto de un avi贸n derribado cuando hizo 鈥渦n gesto amenazante鈥. En un tercer caso, la Fuerza A茅rea Hondure帽a derrib贸 dos aviones que seg煤n los norteamericanos eran sospechosos de tr谩fico de drogas, y todos sus ocupantes murieron.

En Guatemala, un contingente de 171 marines estadounidenses tripularon el a帽o pasado 250 vuelos de 鈥渄etecci贸n y monitoreo鈥, seg煤n la propia informaci贸n de la Marina. Como los militares de Estados Unidos s贸lo pueden usar las armas si son atacados, identifican personas y embarcaciones sospechosas sobre el litoral y los r铆os de Guatemala y dejan a las fuerzas guatemaltecas las confiscaciones y arrestos. En octubre del a帽o pasado, mientras la delegaci贸n de Guatemala llegaba a Punta del Este, donde apoy贸 el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa, las Fuerzas Armadas ejemplificaron qu茅 ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz.

Falsos positivos

Pese a los recortes que a partir de 2010 han disminuido la denominada asistencia estadounidense de seguridad, y aun cuando esta tendencia declinante alcanz贸 tambi茅n a Colombia, ese pa铆s a煤n es el principal receptor regional en 2013, con 279 millones de d贸lares, seguido por M茅xico, con 154. Esto no reduce el involucramiento estadounidense con las fuerzas armadas y policiales en Am茅rica Latina, aunque cambia su naturaleza.

Las organizaciones estadounidenses especializadas en el monitoreo advierten que se est谩 haciendo m谩s 谩gil y flexible, pero a煤n menos transparente, con acento en aviones no tripulados, por ahora s贸lo para vigilancia, pero con la promesa de asesinatos selectivos en una pr贸xima etapa; ataques cibern茅ticos y fuerzas de Operaciones Especiales.

Las fuerzas especiales que se est谩n retirando de Irak y Afganist谩n podr谩n volcarse a tareas de entrenamiento, asesor铆a, operaciones sobre aspectos civiles y recopilaci贸n de datos e informaci贸n confidencial en Am茅rica Latina. Esas misiones permiten que 鈥渟e familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales clave en pa铆ses donde alg煤n d铆a podr铆an operar. Y que el personal de los Estados Unidos re煤na informaci贸n confidencial sobre sus pa铆ses anfitriones鈥, sostiene un estudio conjunto de tres organizaciones que monitorean las actividades estadounidenses en el exterior (WOLA, Oficina de Washington para Latinoam茅rica; Latin America Working Group y el Center for International Policy)

col falsos positivos聽Ese documento, titulado 鈥淗ora de Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EE.UU. hacia Am茅rica Latina y el Caribe鈥, cita un informe reciente del diario Washington Post seg煤n el cual la Agencia de Inteligencia para la Defensa, DIA, espera duplicar el n煤mero de efectivos clandestinos que env铆a por todo el mundo. Tambi茅n se incrementar谩 el uso de aviones no tripulados y la rob贸tica. Colombia, presentada por el general Kelly como el modelo exitoso de intervenci贸n militar en asuntos de seguridad, se ha convertido en el delegado de Estados Unidos para la capacitaci贸n de militares y polic铆as de los dem谩s pa铆ses de la regi贸n.

Desde 2005 ha entrenado a m谩s de 13.000 personas provenientes de 40 pa铆ses. La aceleraci贸n de este proceso es vertiginosa: 9.000 de ellas han recibido el entrenamiento entre 2010 y 2012, seg煤n informaci贸n oficial del ministerio colombiano de Defensa. El informe colombiano enumera los pa铆ses que enviaron a sus oficiales militares y policiales a capacitarse: M茅xico encabeza la lista de Am茅rica del Norte, con 2543 hombres; Panam谩 (2491) y Honduras (1008) la de Centroam茅rica; Ecuador (974), Per煤 (592), Brasil (153) y la Argentina (139) la de Sudam茅rica.

Los Lanceros colombianos suministran en la base de Tolemaida el tipo de entrenamiento para fuerzas especiales que antes brindaban los Rangers estadounidenses. Entre los asistentes hasta ahora no se registran argentinos. La experiencia colombiana en operaciones contra el crimen organizado, interdicci贸n de drogas y esfuerzos para arrestar a capos de la droga es tan indudable como las 4.715 ejecuciones extrajudiciales que le atribuye a su fuerza p煤blica el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casos conocidos como 鈥渇alsos positivos鈥.

En la misma cuenta pesan las acciones ilegales de vigilancia contra organizaciones y activistas nacionales e internacionales de derechos humanos, periodistas, jueces y miembros de partidos de oposici贸n realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la oficina presidencial de inteligencia. 鈥淩esulta problem谩tico que las fuerzas armadas colombianas, las cuales han estado involucradas en una guerra de medio siglo de duraci贸n, y que han actuado en lugar de una fuerza policial en muchas 谩reas del pa铆s, se desempe帽en como entrenadores para fuerzas de seguridad en Am茅rica Central y en otros pa铆ses que est谩n experimentando la violencia relacionada a las drogas, pero no se encuentran en una situaci贸n de conflicto armado.

De hecho, algunos de estos gobiernos han tratado de limitar el papel de sus fuerzas armadas despu茅s de los conflictos que tuvieron lugar en la d茅cada de 1980, y ahora est谩n revirtiendo esta situaci贸n.鈥 Adem谩s, el entrenamiento impartido por oficiales estadounidenses suele detallarse en los anuales del Departamento de Estado, cosa que rara vez ocurre con el trabajo de los entrenadores colombianos financiados por los Estados Unidos, lo cual plantea un tema cr铆tico de transparencia. 鈥淟a subcontrataci贸n de entrenamiento a cargo de oficiales colombianos, sin contar con reportes suficientes sobre estas actividades, hace imposible asegurar que las unidades y las personas que imparten y reciben entrenamiento est谩n libres de acusaciones de abusos鈥, sostiene el informe.

*Publicado en P谩gina 12 de Argentina

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