Jun 18 2018
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Ambiente

Empresas asesinas en la Amazonia: la impunidad de los ricos

Es negro el cielo, y las camisas tendidas en el alambre se arruinan con ese malestar de un día velado, por la tragedia, en esa mañana inverosímil, la mitad de la selva ecuatoriana llora a mares. Por encima del río viaja un sentimiento triste, ancho, solitario como un buque de guerra, un barco de granito piloteado por la muerte. El agua temblorosa se abre como una herida violenta desolada por su perpetua agonía de la flora y fauna mezclados con el lodo del petróleo. Una empresa petrolera, Chevron es responsable de uno de los peores desastres petroleros del planeta.

Durante 26 años, Chevron (entonces Texaco) extrajo petróleo en la Amazonia ecuatoriana y contaminó más de 450.000 hectáreas de una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo, destruyendo el lugar de vida y los medios de subsistencia de sus habitantes. Durante tiempo Chevron intencionalmente arrojó el equivalente a 30 veces el petróleo derramado durante el desastre del Exxon Valdez, en la selva tropical ecuatoriana. Más de 60.000 millones de litros de agua cargados con residuos tóxicos se derramaron en ríos y arroyos, y se excavaron 880 pozos para almacenar residuos de hidrocarburos.

Después de 22 años de litigio, y a pesar de la condena de la justicia ecuatoriana, la impunidad continúa para Chevron y las víctimas de sus actividades en Ecuador todavía esperan justicia y reparación. Chevron, por su parte, niega cualquier responsabilidad y dedica enormes recursos y esfuerzos a frustrar el juicio, acosar a las víctimas y silenciar a sus defensores.

Las corporaciones transnacionales son actores centrales en la gestión y promoción de la globalización neoliberal, y a la vez sus grandes beneficiarias. Detrás de la extracción y quema de combustibles fósiles, del aumento de la venta de coches, del peligro de la proliferación incontrolada de organismos modificados genéticamente, de la deforestación con daños incalculables, de las industrias contaminantes, de la concentración de la propiedad de la tierra y de la privación del acceso al agua, la educación o la salud, de la explotación laboral, así como de la presencia de regímenes de inversión que consagran los derechos del capital transnacional en detrimento de las mayorías del mundo, se hallan unas complejas dinámicas y políticas de empresas transnacionales

Está suficientemente demostrado que estas empresas necesitan de una arquitectura legal y política para operar con impunidad. Organismos multilaterales –como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio–, los tratados de libre comercio y de inversión, el lobby ilegal y sistemático ante las instituciones de la UE, la corrupción o los sistemas legales nacionales, crean las condiciones para la actividad impune de las transnacionales.

El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), por ejemplo, es una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y empresas de otros Estados.

Una de sus finalidades es dotar a las empresas transnacionales con una herramienta capaz de brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión extranjera directa sin ningún tipo de restricción ambiental o social, forzando a los Estados de países empobrecidos a someterse a reglas que van en desmedro de su economía y del bienestar de sus poblaciones más pobres.

Ante esta situación nos preguntamos si cabe esperar algo del poder judicial y de la vía jurídica para luchar contra esta impunidad y enjuiciar a las empresas por delitos ecológicos.

Algunas organizaciones intentan llevar adelante una lucha desigual pero ejemplar, frente a la arroganciay la impunidad de estas multinacionales y merecen ser destacadas. Recientemente CETIM, UDAPT y FORUM NOBIS presentaron un informe al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Tras esta interpelación, instó al gobierno de EU a actuar.

El CETIM (Centro Europa-Tercer Mundo) y sus socios denuncian desde hace años los ataques de la multinacional Chevron contra los defensores de las víctimas de esta empresa en Estados Unidos y Ecuador. Enviaron un informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. En el informe se instaba al Gobierno de los Estados Unidos a que dejara de criminalizar a quienes defienden los derechos de las comunidades afectadas por las actividades de las ETN en el Ecuador. Los pueblos indígenas de la Amazonia ecuatoriana.

Después de esta interpelación, el Relator Especial Michael Forst pidió cuentas al gobierno de Estados Unidos, señalando “sesgos y otras irregularidades procesales, incluyendo abusos en los procedimientos judiciales iniciados por Chevron Corporation ante los tribunales federales”.

El gobierno de los EU respondió que el caso “involucraba un asunto de litigio privado en el que el gobierno de los EU no es y no necesita ser parte. Curioso razonamiento por parte de un gobierno que se supone deba luchar contra las violaciones de los derechos humanos contra las acciones de terceros, incluso las empresas transnacionales.

El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos deplora hoy que el gobierno de Estados Unidos no haya respondido a preguntas específicas sobre las acciones de la empresa. Por lo tanto, reivindicó las afirmaciones contenidas en el informe y confirmó la legitimidad de esta lucha.

Pensamos que, si el cambio climático es el problema ambiental y social más grave de la humanidad, ¿cómo es posible que no abunden las demandas contra numerosas empresas por emitir cada vez más gases que provocan el calentamiento global? ¿Por qué no hay querellas contra los bancos que financian autopistas, oleoductos y refinerías?

¿O reclamar responsabilidades a las empresas que producen automóviles y los medios de comunicación que anuncian sus productos? ¿Preguntas demasiado audaces en una realidad política y económica cuyo objetivo dominante es perpetuar un crecimiento económico? La impunidad campea a sus anchas, a pesar de lo que nos quieran hacer creer.

Notas:

Lea aquí el informe completo sometido por CETIM, UDAPT y FORUM NOBIS al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

Lea la respuesta del gobierno de los Estados Unidos aquí.

Lea aquí la respuesta del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (ver p.36).

*Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Coresponsales de Prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

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