“España debería estar agradecida a Garzón”
Ayer lunes se conoció el último fallo de las tres causas contra Baltasar Garzón. El ex juez ha sido absuelto en el caso de los crímenes del franquismo, después de que el Tribunal Supremo le condenara a once años de inhabilitación por prevaricación en el ‘caso Gürtel’. Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), califica de “puramente política” esta sentencia y declara su apoyo al magistrado español.| ANTONIO SUÁREZ VARELA.*
—Tras conocerse la condena el pasado 9 de febrero, usted llamó a Garzón para expresarle su solidaridad.
—Lo llamé para manifestarle mi apoyo y para saber cómo se encontraba. Evidentemente, se encontraba abatido. Lo noté bastante desalentado. La condena le entristeció muchísimo. 
Aun así corroboró su firmeza de recurrir la sentencia para que se revele y declare su inocencia. Me agradó saber que quiere continuar esta batalla. Le dije que era importante que siguiera luchando.
—Usted ha colaborado con Garzón ocasionalmente.
—Lo conocí cuando trabajaba en Berna como fiscal general de Suiza. Garzón instruía entonces el caso de las víctimas españolas del régimen militar de Argentina. Colaboraba con él para revelar las cuentas bancarias de los militares argentinos. Después, nos hemos visto en varias ocasiones en Madrid y en Buenos Aires. A lo largo de los últimos años hemos mantenido un contacto continuo.
—¿Cómo califica la carrera del juez Garzón?
—Su carrera como juez ha sido ejemplar porque se ha atrevido a instruir causas que nadie hubiera tenido el coraje de ordenar. Piénsese —por ejemplo— en la orden de detención contra Pinochet cuando éste se encontraba en Londres. Garzón ha hecho muchísimo a favor de los derechos humanos y en contra de quienes los violan. En mi opinión, ha realizado una labor importantísima.
—Las opiniones divergen sobre su actuación en las causas contra los ex dictadores sudamericanos? ¿Qué repercusión ha tenido para el derecho penal internacional?
—La apertura de un procedimiento penal fundado en el principio universal de justicia es de suma importancia. En mi opinión, el juez Garzón ha sido uno de los primeros en aplicar este principio. Y ello ha tenido una ingente continuación. A escala internacional, el arresto de Pinochet tuvo luego su continuidad en los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia, Ruanda y también en las cortes permanentes. Garzón ha sido uno de los precursores de estas instituciones internacionales. Por eso es difícil comprender por qué el alto tribunal español ha fallado una condena semejante».
—Garzón fue condenado a once años de inhabilitación por ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los imputados en el caso Gürtel y sus abogados. Usted ha calificado la sentencia de “puramente política”. ¿Existen sospechas fundamentadas para esta hipótesis?
—Sí. Los abogados de los imputados en esta causa hubieran podido cometer delitos de no haberse ordenado las escuchas. Ello hubiera significado una impunidad total para los abogados defensores. Esta es la situación que ha podido ilustrar Garzón públicamente. Las sospechas contra los abogados por cometer actividades punibles estaban fundadas sobre indicios muy concretos. A razón de lo que me ha contado Garzón personalmente, debo decir que esta sentencia ha sido un acto decididamente político.
—En esta causa fue condenado por prevaricación. ¿Cree que se excedió en sus prerrogativas como juez instructor al ordenar las escuchas?
—No conozco en detalle la ley de procedimiento española, pero como sucede en otros sistemas europeos, el juez instructor no puede ordenar esas escuchas sin que haya otra instancia que las autorice. Y el Ministerio Fiscal no se opuso a esta orden, por lo que con mayor razón debió ejecutarla. Si hubiera violado la ley, el fiscal la hubiera rechazado.
—La práctica del sistema jurídico español permite ocasionalmente ordenar este tipo de medidas. ¿No le parece una interferencia excesiva que se intervengan las comunicaciones entre imputados y defensores?
—Estas órdenes suponen una gran excepción, pero deben ser posibles cuando existe la sospecha inminente de un delito concreto por parte del abogado defensor. Por supuesto, existe la máxima de la protección de la relación entre acusado y su defensor. Pero si el abogado defensor está a punto de cometer un delito, debe existir la posibilidad de escuchar las comunicaciones telefónicas del defensor.
—Es lunes se conoció la última sentencia. El Tribunal Supremo ha absuelto a Garzón del delito de prevaricación por investigar los delitos del franquismo. Sin embargo, sostiene que sí incurrió en un error al calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es su reacción?
—Se trata de un clásico crimen contra la humanidad. No he leído la sentencia, pero según los conocimientos que tengo, los crímenes cometidos durante el franquismo son típicos delitos de lesa humanidad. También aquí Garzón tenía perfectamente razón, dado que esos delitos son imprescriptibles y la ley nacional de amnistía no sería válida.
—Argentina y otros países anularon sus respectivas leyes de amnistía y enjuiciaron a los principales culpables políticos. En España, la Ley de Amnistía facilitó la transición a la democracia. ¿Cree que España debería derogarse esta ley para hacer justiciables los delitos políticos cometidos durante el franquismo?
—Si las víctimas de estos delitos piden justicia y tienen necesidad de esa justicia, sería políticamente justo que se derogase esta ley. Evidentemente, debe ser derogada por el Parlamento, por eso se trata de una cuestión política. En mi opinión, todo depende de las exigencias de las víctimas de esos crímenes.
—¿Cree que Garzón va a recurrir la sentencia?
—Así me lo ha asegurado cuando hablé con él, porque no puede aceptarla. No sabe si va a tener éxito, pero quiere recurrirla en cualquier caso.
—¿Qué opina sobre el hecho que el juez estrella español estuviera imputado en tres casos simultáneamente?
—Es difícil explicarlo sin tener en cuenta el aspecto político. Garzón está reconocido en el mundo como una gran personalidad del derecho internacional. En España, sin embargo, se ven las cosas de otra manera. Es bastante obvio que existen magistrados que no querían que Garzón prosiguiese con su actividad judicial.
—¿Cree que Garzón podrá mantener su cargo de asesor en el (TPI) tras ser inhabilitado como juez?
—Yo creo que sí. Al menos no veo nada que lo obstaculice, aunque es verdad que dependerá de la asamblea de los Estados miembros del Tribunal. España, por supuesto, se podrá oponer a que continúe ejerciendo su cargo. En tanto habrá que esperar qué sucede con el recurso.
—¿Tiene previsto realizar alguna actividad en apoyo a Garzón?
—Sí, seguramente. Si me necesita le ayudaré, como ya hice al ofrecerme como testigo en uno de los casos que se abrieron contra él. Al final los jueces no consideraron necesario que declarara. Baltasar sabe que estoy a su disposición si me necesita.
—¿Qué conclusiones saca de este asunto?
—Desafortunadamente, en este caso se reafirma, una vez más, el proverbio nemo propheta in patria, es decir, ‘nadie es profeta en su tierra’. España debería estar agradecida a Garzón por todo lo que ha hecho. Pero como todos podemos ver, le da un tratamiento muy diferente.
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* Periodista
En www.swissinfo.ch.
Addenda
Carla Del Ponte (1947) fue fiscal jefe del Tribunal de Derecho penal internacional de las Naciones Unidas. Antes, procuradora general en Suiza. Se desempeñó como fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
En 2003, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la sustituyó como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en enero de 2008, dejó el Tribunal para la ex Yugoslavia.
En 2008, Del Ponte publicó La Caza, que demuestra el tráfico de órganos implementado por los kosovares a costa de los prisioneros serbios tras la guerra de Kosovo. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia admitió la gravedad de sus denuncias, pero se excusó de conocer el asunto manifestando que no había pruebas suficientes para su intervención.
Para sus enemigos, que son muchos y no aprueban su trabajo en defensa de los derechos básicos inherentes a las personas y los pueblos, Del Ponte es «la perra», «esa vieja puta» o sencillamente «la nueva Gestapo».