Ene 22 2012
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OpiniónPolítica

Juan Gelman/EEUU y los DDHH:…Y la viga en el propio

El Departamento de Estado registra cuidadosamente las violaciones a los derechos civiles y a las libertades p√ļblicas en el mundo entero. Cada a√Īo publica un informe en el que figuran las que se perpetran en todos los pa√≠ses del planeta, menos en EE.UU., desde luego. Se encontrar√≠an semejanzas si lo hiciera.

El presidente Obama cerr√≥ el 2011 estampando su firma al pie de la Ley de autorizaci√≥n de la defensa nacional (NDAA, por sus siglas en ingl√©s), que faculta a la Casa Blanca a detener en instalaciones militares sin cargos ni proceso y por tiempo indeterminado a todo sospechado de terrorismo, aunque sea estadounidense. ‚ÄúAprob√© esta ley ‚Äďdijo‚Äď pese a que tengo serias reservas respecto de algunas disposiciones… y quiero aclarar que mi gobierno no autorizar√° la detenci√≥n militar indefinida sin proceso de ciudadanos estadounidenses. Creo que ello quebrantar√≠a nuestros valores y tradiciones m√°s importantes como Naci√≥n.‚ÄĚ (www.washingtonpost.com, 31/12/11)

Lástima que había insistido ante el Congreso para que esa providencia fuera incluida. Washington critica que en países como Cuba, China y Camboya no se respeten, como no se respetan, las garantías legales de los imputados. De Guantánamo a la fecha, en EE.UU. tampoco.

Como su antecesor W. Bush, Obama se arroga el derecho de pasar a mejor vida a cualquier presunto terrorista o instigador del terrorismo. El a√Īo pasado autoriz√≥ la ejecuci√≥n extrajudicial del cl√©rigo radical Anwar al Aulaqi, nacido en Nuevo M√©xico y asesinado en Yemen por un avi√≥n no tripulado. El Departamento de Justicia expidi√≥ un memor√°ndum secreto que daba luz verde al acto, del que se encarg√≥ la CIA (www.washingtonpost.com, 30/9/11). M√°s: el mes pasado, funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que el presidente tiene la facultad de dar esta clase de √≥rdenes (AP, 1¬ļ/12/11).

Nigeria, Irán y Siria practican estos métodos que el Departamento de Estado enjuicia con razón, son los mismos de las dictaduras militares de América latina y de Israel también, pero sería vano esperar que haya alguna referencia a EE.UU. en sus informes. Es que nadie tiene por qué meterse en lo de uno, especialmente uno.

El ocupante de la Casa Blanca decide si un acusado ser√° juzgado por un tribunal civil o una Corte militar, medida impuesta por W. Bush que Obama observa. Pero Washington denunci√≥ a Egipto por mantener dos sistemas judiciales separados, el militar y el civil, para procesar a ciertos imputados, civiles incluidos. Obama ampli√≥ el poder discrecional de vigilancia de la ciudadan√≠a que la Ley Patri√≥tica concedi√≥ a W. Bush: la NDAA obliga a empresas y organizaciones a proporcionar informaci√≥n sobre las finanzas y contactos de un ciudadano; el uso de las llamadas ‚Äúcomunicaciones de seguridad nacional‚ÄĚ permite que, sin causa probable alguna, las instituciones proporcionen datos personales, tel√©fonos, direcciones electr√≥nicas y otros de cualquier persona, actos que la Primera Enmienda de la Constituci√≥n estadounidense proh√≠be. Pakist√°n y Arabia Saudita se distinguen por un ejercicio similar.

La Casa Blanca suele ordenar la detenci√≥n de presuntos terroristas con base en documentaci√≥n calificada de secreta y que no presenta en los tribunales federales porque su divulgaci√≥n ‚Äúatenta contra la seguridad nacional‚ÄĚ. Esto facilita que muchos casos ni se traten en la Justicia civil y ning√ļn acusado puede probar que no es un terrorista. Hay manga ancha para torturar a los detenidos: con W. Bush se extendi√≥ el uso del ‚Äúsubmarino‚ÄĚ, que levant√≥ protestas en EE.UU., pero Obama declar√≥ en el 2009 que no permitir√≠a que el personal de la CIA fuera investigado o juzgado por m√©todos que violan el derecho internacional (www.wahingtonpost.com, 17/4/09). Del mismo modo, Ir√°n y Siria se han negado a aceptar investigaciones independientes de denuncias de torturas formuladas contra sus gobiernos.

El aparato interno de seguridad ha crecido en EE.UU. de manera inmensurable. Una investigación del Washington Post determinó que 1271 organismos del gobierno y 1931 empresas privadas se dedican a espiar a la población y se desconoce con exactitud el monto de los fondos multimillonarios destinados a estas actividades. Un ejemplo: los grupos de tareas contra el terrorismo del FBI pasaron de 35 en el 2002 a 106 en el 2010, constituyendo una suerte de Estado secreto dentro del Estado (www.washingtonpost.com, 19/7/10). Es evidente que el viejo concepto del general Eisenhower sobre el complejo militar-industrial ha quedado atrás.

El senador republicano Lindsey Graham sostiene, como no pocos de sus colegas, que tales medidas son la debida respuesta al terrorismo: ‚ÄúLa libertad de expresi√≥n es una gran idea, pero estamos en guerra‚ÄĚ, dijo (www.csnews.com, 3/4/11). Claro que, para la Casa Blanca, el terrorismo nunca se acabar√° y tampoco esta clase de guerra. Al menos, hasta que EE.UU. termine de invadir pa√≠ses para asegurarse el dominio mundial.

*Escritor, poeta y periodista argentino

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