Ene 7 2013
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Opinión

La paz es fruto de la justicia

araucariasAnte el atentado incendiario a manos de 20 encapuchados, de la casa patronal del Fundo Palihue, de la comuna de Vilcún Región de La Araucanía, con el resultado de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mckaya, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile) declara lo siguiente:

 

1º Como entidad de defensa y promoción de los Derechos Humanos, la CECT emplea la verdad y la razón en la búsqueda de la superación de los conflictos que surgen de la injusticia social. Por tanto, la CECT manifiesta absoluto rechazo a los actos que afectan la dignidad y la  vida de las personas, tal como lo ha reiterado en sus declaraciones desde el momento de su fundación.

 

2º Tras el anuncio formulado por el Presidente de la República de conformar una unidad especial contra el terrorismo; la aplicación de la Ley Antiterrorista; y la disposición de la Agencia Nacional de Información (ANI) de recabar información “útil” desde las Fuerzas Armadas para “aumentar eficacia y eficiencia contra el terrorismo”, es válido recordar que el deber del gobierno y de todas las autoridades, es la solución de los problemas de injusticia social y no su incremento.
Por tanto, la CECT solicita al gobierno y a la Fiscalía Nacional que el delito cometido no signifique una condena previa al juicio a las comunidades mapuche de la zona, como sí ha sucedido en reiteradas oportunidades, ni mucho menos implique la instalación de una escalada de violencia que signifique más pérdidas de vidas humanas.

 

3º La Ley Antiterrorista viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho a “juicio justo”, lo que hace inadmisible la existencia de “testigos sin rostro”, detenciones arbitrarias y prolongadas, que continúan realizándose bajo la vigencia del  concepto de “enemigo interno”, emanado de la  ideología de la seguridad nacional.

 

4º Es válido reiterar el llamado humanitario para contribuir al término de la huelga de hambre de los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, quienes desde el día 14 de noviembre de 2012 se encuentran empeñados en conseguir una reconsideración de su situación legal después de una sentencia por homicidio frustrado.

 

5º Debe insistirse en que una acusación del incendio y homicidio del fundo Palihue dirigida contra el pueblo mapuche, sin juicio justo y bajo la amenaza de represión, sería atentatoria a toda juridicidad y a los más elementales valores éticos.  El derecho debe ser exigido respetándolo.

 

6º Si no se asume como país los antecedentes históricos que han originado las acciones de violencia  en La Araucanía, difícilmente habrá solución a la situación existente y la violencia se incrementará.  La CECT aboga porque se busque a los culpables de los delitos y se les castigue dentro de la ley justa y el respeto a la dignidad de sus personas, en especial de quienes exigen legítimas demandas tras una larga historia de abusos, atropellos y expropiaciones.

 

7º Es imperativo entender que la situación en La Araucanía no es un problema policial, sino político.  En consecuencia, el Estado de Chile debe retomar el diálogo fracturado y el reconocimiento de los compromisos contraídos, en particular el derecho establecido por la firma del Convenio 169 de la OIT.
Todo el país debe asumir que la paz sólo llegará tras la justicia.
Santiago de Chile, 6 de enero de 2013.

 

(Firman):
Juana Aguilera Jaramillo
Presidenta.
Hervi Lara Bravo
Coordinador.
Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile).
——
Imagen: fotografía de Andel Paulmann.

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