La tramposa reforma del sistema político chileno

Rubén Andino Maldonado

El remozamiento del sistema político se convirtió en una necesidad ineludible para la elite, luego que estallara en febrero de 2015 una interminable sucesión de casos de corrupción que han remecido al país por más de un año, dejando al desnudo el maridaje entre grandes poderes económicos y la casta política. La mayor parte de los políticos tradicionales han sido instrumentalizados por la clase empresarial para su beneficio, llegando a controlar sus decisiones o acciones de manera subrepticia, a través del financiamiento de sus campañas, el cohecho o la coima.

Las últimas reformas al régimen político aprobadas por parlamentarios deslegitimados y un gobierno que cojea en el ejercicio de su gestión, han desatado una intensa polémica sobre las debilidades de la institucionalidad política vigente y sus consecuencias para la calidad de la democracia.

En opinión de Marcela Ríos Tobar, integrante del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción -también conocido como Comisión Engel-, los escándalos recientes en los que se ha visto involucrada la elite política permitieron dar viabilidad a una agenda de cambios estructurales del sistema que habían sido imposibles de lograr fuera del actual contexto histórico. “Hubo muchos aspectos de la ley que el Congreso y los partidos no pudieron negarse a aprobar, como sucedió en la discusión de ciertos artículos con los cuales estaban inicialmente en desacuerdo de manera transversal. Finalmente se vieron compelidos a aceptar la reforma por la presión de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de otros actores como la propia Comisión Engel”.

¿Sistema proporcional o binominal maquillado?

Es un secreto a voces que los escasos avances logrados en materia de transparencia por la nueva legislación que regula el sistema electoral y el funcionamiento de los partidos solo pudo lograrse gracias al compromiso suscrito entre la presidenta Bachelet y varios parlamentarios independientes, que consiguieron abrir inicialmente una pequeña fisura en el muro levantado de manera corporativa por la casta política, desde la UDI hasta el PC.

El gobierno, la Nueva Mayoría (Concertación más PC), Chile Vamos (Alianza) y los medios de comunicación conservadores han proclamado a voz en cuello el fin del sistema electoral binominal, convirtiendo la nueva legislación en un vehículo apto para recuperar la legitimidad de las dos Cámaras del Congreso, gracias a un sistema electoral que ellos consideran proporcional.

La presidenta Michelle Bachelet dijo al promulgar la nueva legislación electoral, en abril de 2015: “Estoy cumpliendo mi compromiso e iniciando un nuevo tiempo para la democracia… Hoy hemos dejado atrás la condena del sistema binominal que por tanto tiempo limitó y lastró a nuestra representación política”. Entre los logros resaltó el aumento del número de diputados de 120 a 155 y de senadores de 38 a 50, y el hecho que los distritos para elegir diputados bajaron de 60 a 28 y las circunscripciones senatoriales a una por región.

El primer dato importante a considerar se refiere a que la reforma al sistema electoral promulgada en abril de 2015 no modificó en sus aspectos fundamentales el binominal, mantuvo los equilibrios entre las dos fuerzas que constituyen el duopolio político en el poder y le aseguró al menos un parlamentario por distrito a la Nueva Mayoría (NM) y a Chile Vamos. La única novedad significativa que introdujo fue la posibilidad de que partidos minoritarios del duopolio aumenten su representación parlamentaria o que otras coaliciones emergentes o regionalistas, pudieran elegir diputados o senadores en distritos o circunscripciones si alcanzaran al menos el 15% de los votos.

Que algo cambie para que todo siga igual

En la práctica la hegemonía electoral de los partidos tradicionales seguirá en pie, ya que aunque los actuales diputados y senadores aceptaron modificar algunos de los aspectos más críticos de la legislación heredada de la dictadura, lograron diseñar un traje a la medida de sus necesidades, abriendo solo pequeñas rendijas para airear el modelo electoral anterior sin permitir que éste pudiera alterar en lo fundamental la correlación de fuerzas existente.

Dada la dispersión de las organizaciones políticas que están fuera del duopolio en el poder, lo más probable es que los beneficiarios marginales de los resultados de las elecciones que se avecinan sean algunas organizaciones políticas minoritarias de la Nueva Mayoría o nuevas fuerzas desgajadas de la derecha, como Amplitud o Evópoli. Las posibilidades para la Izquierda solo podrían existir si eventualmente ésta lograra forjar en el futuro próximo una propuesta unitaria que le permita sacar ventaja de esta parcial apertura del sistema político.

El miércoles 26 de enero de 2016, el Congreso Nacional aprobó el proyecto sobre “fortalecimiento y transparencia de la democracia”, que regula el financiamiento público de la actividad política, y que “fortalece el carácter público y democrático de los partidos y facilita su modernización”.

La nueva normativa cierra el periodo de reformas y eleva a los partidos a la categoría de entidades de derecho público, como requisito básico para fiscalizar la buena administración de los recursos financieros que el Estado les está entregando desde ahora para financiar su funcionamiento. La actividad política será fiscalizada por el Servicio Electoral (Servel), que debe adecuar también su funcionamiento y normativa interna a las nuevas labores asignadas por la ley.

Entre los cambios más importantes introducidos por la institucionalidad política reformada están las normas que obligan a los partidos a tener al menos un 40% de mujeres en sus directivas y en sus nóminas de candidatos a cargos de representación popular. El Servel podrá fiscalizar además sus elecciones internas, auditará sus cuentas financieras y los obligará a transparentar sus nóminas de afiliados u otros datos sensibles sobre su actividad.

Trabas para los nuevos competidores

Uno de los aspectos más debatidos en ambas Cámaras del Congreso fueron las exigencias para crear partidos. La legislación anterior a la reforma establecía que los nuevos conglomerados debían reunir el 0,5% del electorado que hubiera sufragado en la última elección de diputados en cada una de las regiones en la que fuera a constituirse. La presión de la opinión pública y los acuerdos del gobierno con parlamentarios sin partido a cambio de sus votos para aprobar algunos de los proyectos emblemáticos del Ejecutivo, permitieron rebajar el porcentaje a la mitad, y la ley aprobó finalmente una cuota de inscritos equivalente al 0,25% del total de votantes en la elección anterior de diputados en cada región, fijando una cuota mínima de 500 electores en aquellas regiones menos pobladas. También estableció que la certificación de las firmas de los afiliados a los partidos realizadas por notarios públicos será gratuita.

La impermeabilidad del sistema electoral a nuevas alternativas es uno de los aspectos más importantes que deben considerarse a la hora de evaluar la calidad de la democracia chilena, y al respecto claramente la legislación sigue en deuda con la ciudadanía, ya que persisten en lo fundamental las trabas para inscribir y especialmente para consolidar nuevos partidos que, tal como están las cosas, deberán jugarse la vida desde la primera elección en que participen, considerando el hecho que aquellos partidos primerizos que no alcancen el 5% de los votos o no elijan al menos cuatro parlamentarios, quedarán automáticamente fuera de la ley.

Marcela Ríos, quién también es doctora en ciencias políticas y forma parte del equipo de profesionales que trabaja en el Proyecto de Auditoría de la Democracia del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dice que en el Congreso la idea de rebajar el número mínimo de militantes para inscribir un partido era ampliamente resistida, pero finalmente se logró sortear el escollo gracias a un acuerdo del gobierno con congresistas independientes. Agrega que “la intención de la reforma es fortalecer a los partidos y aumentar fuertemente las exigencias para perfeccionar su democracia interna, establecer mayor equilibrio entre sus miembros, resguardando a las minorías de eventuales abusos de las mayorías y buscar mayores cuotas de transparencia activa en su desempeño”.

Partidos se niegan a competir

En opinión de Marcela Ríos la incorporación de nuevos actores al sistema político “no fue bien resuelta por la ley; porque aunque ahora podría ser más fácil inscribir nuevos partidos, persisten los impedimentos para que las colectividades nuevas o más pequeñas se mantengan vigentes. En el corto o mediano plazo vamos a tener probablemente muchos partidos compitiendo, pero solo un número pequeño podrá mantener su existencia legal”.

La especialista dice que en la primera fase de existencia de la nueva ley, los partidos antiguos con representación en el Congreso correrán con cierta ventaja, porque los parlamentarios en ejercicio se ocuparon especialmente de aprobar una norma que asegura a sus partidos financiamiento público desde la entrada en vigencia de la nueva normativa, sin que este beneficio se extienda a los nuevos actores políticos.

Otro de los aspectos de la reforma que favorece a los partidos existentes ha sido la modalidad adoptada para realizar el llamado “refichaje” de los actualmente inscritos en los registros de afiliados, que luego de una larga discusión en el Congreso quedó reducida a una simple depuración de esos registros, consistente en eliminar a los fallecidos, a los duplicados en padrones de más de un partido, a los inhabilitados para votar o a los que tengan una filiación incompleta. Ello se traduce en la práctica en que para mantener su vigencia el conjunto de los partidos actualmente legalizados solo tendrán que reinscribir una pequeña porción de sus afiliados. La reinscripción total de los registros de los partidos fue una de las medidas que en su propuesta al gobierno la Comisión Engel consideró fundamental para mejorar la calidad de la política en Chile.

Para fortalecer la independencia de los partidos y sus mandatarios ante eventuales actos de corrupción, el gobierno acogió la propuesta de la Comisión Engel de establecer el financiamiento público de la actividad política. El Servel entregará a las colectividades aportes trimestrales para funcionar, adquirir inmuebles, desarrollar actividades de formación cívica, formar a sus militantes, elaborar sus propuestas de principios o programáticas y al menos el 10% de estos aportes deben emplearse para incrementar la participación de mujeres en la vida política. Los fondos entregados a cada partido se calculan multiplicando el valor de 0,04 unidades de fomento por el número de votos que lograron los candidatos en la última elección de diputados.

Algunas conclusiones preliminares

Sentencia Marcela Ríos a modo de conclusión: “Con un nuevo sistema electoral, una nueva ley de partidos, financiamiento público e importantes restricciones al financiamiento privado de la política, la competencia entre los partidos inscritos va a ser mucho más equilibrada”. Señala también que existe una brecha muy grande entre lo que propuso la Comisión Engel respecto a la modernización del Servicio Electoral y lo que aprobó el Congreso sobre la materia, y agrega que el fortalecimiento del Servel sigue siendo una tarea pendiente, dada la magnitud de las funciones que ahora la ley se le están encomendando.

El debate sobre los efectos que estos cambios producirán en el conjunto del sistema político chileno son difíciles de medir de manera inmediata y solo podrán comenzar a evaluarse recién en el contexto de la elección municipal de octubre. La prueba de fuego será sin duda la elección presidencial y parlamentaria de 2017.

Bajo estas premisas, el panorama se presenta cuesta arriba para los cerca de 16 partidos en formación registrados ante el Servel y para otros que probablemente se agregarán en los próximos meses.

De la ausencia de nuevas propuestas políticas no se puede culpar solamente a las limitaciones de la actual normativa o al actuar de los partidos tradicionales; porque también cabe una gran responsabilidad a las organizaciones que aspiran a representar a los ciudadanos que no se sienten atraídos por la oferta política existente. Dadas las evidencias, las organizaciones que seriamente aspiran a incidir en la política chilena por la vía electoral debieran buscar antes de su inscripción un efectivo arraigo en sectores importantes de las comunidades en que se insertan.

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 850, 29 de abril 2016.