Los buitres y la postergada nueva arquitectura financiera regional
Argentina afronta nuevamente una extorsión financiera sin precedentes. Los especuladores que compraron bonos de la deuda por 48 millones de dólares, lograron en Nueva York una sentencia de cobro por mil 500 millones. Este fraude retrata cómo funciona el capitalismo actual, sistema que empuja a nuestros países a más y más padecimientos. Los buitres se disponen a repetir el mismo despojo que ya realizaron en otros lugares, como Perú, y amenazan a toda la región.
Un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad (o Estado) que se considera débil o cercana a la quiebra, normalmente al 20% o al 30% de su valor nominal (su valor facial), y luego pleitear o “apretar” para lograr el pago del 100% de ese valor. En otras palabras, mediante la especulación financiera, los fondos buitres compran títulos de deuda de los países en situación económica difícil a precio basura, para luego litigar en foros internacionales y ante instancias judiciales afines a sus intereses, e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos.
El nombre -fondo buitre- es una metáfora que compara a estos estafadores con los buitres, que sobrevuelan pacientemente esperando para lanzarse sobre los restos de una compañía que se debilite rápidamente; o, en el caso de las deudas soberanas, de un país deudor. Obviamente que ellos no quieren llamarse así, y los operadores de mercado los llaman distressed debt o “fondo de situaciones especiales” (special situations funds, en inglés).
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión de una disputa con un fondo buitre que culminó con el secuestro de la fragata Libertad en un puerto extranjero, afirmó que “los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos; los fondos buitres sobrevuelan sobre países endeudados y en default. Son depredadores sociales globales”. Al pueblo argentino le quieren imponer la misma confiscación que padecen los pequeños deudores estadounidenses, los desalojados de viviendas de España y los empobrecidos de Grecia, señala el economista argentino Claudio Katz.
El objetivo es arrasar con el país y la obra de redistribución de la riqueza y solidaridad latino-caribeña realizada por los gobiernos Kirchner, postrarlo por hambre y desesperación, devolverlo al entreguismo de los gobiernos anteriores. Pero lo cierto es que ni a Washington le conviene que el juez estadounidense Thomas Griesa siente un precedente que puede desacreditar más aún al sistema financiero internacional.
La concesión de la justicia de EE.UU. a los requerimientos de los deudores altera toda la situación. Por un lado, y en lo inmediato, por representar un antecedente que podría desembocar en la exigencia de pago completo e intereses por parte aquellos tenedores de bonos que no aceptaron canjes (alrededor de 15.000 millones de dólares), pero también la posibilidad de impulsar nuevos reclamos por parte de acreedores que aceptaron una quita del 66,3% del valor nominal en renegociaciones anteriores.
Un poco de historia
La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió no dar lugar al pedido argentino para que se aboque al tema de los fondos buitres. De esa manera quedó a firme la sentencia del juez Thomas Griesa que ordenó pagar 1.330 millones de dólares a un grupo de bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Se trata de un pequeño grupo, parte de aquel 7,6% que no entraron en los canjes y que hicieron su reclamo ante la justicia estadounidense para que se les abone el 100% del valor nominal de los bonos.
Al mismo tiempo, también autorizó a los acreedores a embargar fondos del Estado argentino para cobrar dicha deuda. Un par de días después, una Corte de Apelaciones de Nueva York, que había decidido una especie de medida cautelar por la cual no se podían embargar bienes argentinos, decretó el fin de la medida que beneficiaba al país austral, de modo tal que los bienes argentinos en el exterior corren riesgo de ser embargados hasta que se cumpla con la sentencia de Griesa.
En esta crisis quedó claro cómo opera la justicia estadounidense, esa que muchos elogian como un ejemplo de independencia. No sólo Griesa, sino todos los magistrados que confirmaron el fallo demostraron su dependencia de Wall Street, protegiendo a los especialistas en estafas de alto riesgo y a los evasores de los paraísos fiscales. Chocan con los gobiernos y organismos que pretenden regular su actividad al colocar al borde del abismo al mismo sistema financiero. Por esta razón el propio FMI está descontento con un dictamen que afecta los ajustes que monitorea, para refinanciar las deudas de los países europeos colapsados por el socorro concedido a los bancos. La sentencia socava su proyecto de ordenar la quiebra de los Estados mediante normas de negociación mayoritaria con los acreedores.
El 30 de junio hubo un vencimiento con los bonistas que entraron en el canje. Ese monto se debía pagar a través de la banca de Nueva York. Argentina quiere pagar, tal como viene haciendo “religiosamente” como lo reconocen los acreedores. Pero no lo puede hacer porque podría ser embargada. Argentina ofrecería a los bonistas pagarles en Buenos Aires y/o transformar esos bonos en nacionales. Posiblemente el oficialismo confiaba en un gesto de la Corte estadounidense para posponer el conflicto, esperaba un reconocimiento por el giro ortodoxo que inició a principio de año con la devaluación del peso.
El gobierno argentino no se atrevió a cambiar el domicilio de pago, pero intentó cumplir con los viejos bonistas soslayando la negociación que reclama Griesa. Los buitres exigieron el embargo de esos fondos y el juez bloqueó la operación, confirmando que empujará al país al default si no se aceptan las exigencias de los especuladores. Los buitres no reconocen a quienes intentan hacer buena letra… Argentina tiene hasta fines de julio para resolver ese problema y llegar a un acuerdo. Dado el consenso entre oficialismo y oposición derechista, lo más probable es un acuerdo oneroso. Pero lo más problemático fue explicado por la propia presidenta: si en los próximos años algún juez de alguna jurisdicción obliga a extender la mejora concedida a los buitres a los viejos bonistas, la hipoteca podría llegar a cifras incuantificables.
El resto de los acreedores, el 92,4% que aceptó los canjes, tiene a su favor una cláusula (conocida como RUFO). Según la misma, si Argentina mejora “voluntariamente” las condiciones de pago a quienes no entraron en el canje, debe igualar -con esas mismas ventajas- a los tenedores que sí aceptaron en 2005 y 2010. En ese caso las cifras a ajustar son siderales, porque se trata del total del canje, que supera los 200 mil millones de dólares. Esa cláusula rige hasta fines de este año. En general, se considera que si Argentina paga forzada por el fallo de Griesa no correspondería aplicar esa cláusula porque no sería un “pago voluntario”. Es por ello que se evaluó el pago de esos 1.330 en efectivo o bonos sin que se disparara la mencionada cláusula RUFO.
Pagar o no pagar, he allí la cuestión
El default aparece cuando no se puede pagar y hay que buscar otra forma de acordar para seguir adelante. Aun cuando no sea lo más probable, puede llegar a ocurrir, y sus resultados inmediatos no serán buenos. Se van a cerrar los créditos externos para el gobierno central, las provincias y las empresas privadas. Eso supondrá un enfriamiento mayor de la actividad económica, con repercusiones negativas en empleo y salario. Como es probable que, para el supuesto de un default, se produzca un fuerte desbarajuste en la economía, también se pueden disparar los precios, aumentando la inflación.
Es muy difícil que los argentinos puedan resolver el tema de la deuda dentro de la lógica del “sistema de la deuda”. No parece posible plantear la ilegalidad de la deuda después que variados “gobiernos democráticos” la han convalidado por medio de sucesivas negociaciones y aprobaciones de presupuestos nacionales que contemplan su pago. Pero estas consideraciones olvidan que un hecho que nació nulo, continúa siéndolo y buena parte de lo que reclaman entra en la categoría de “deuda odiosa”.
Esta nueva crisis de la deuda plantea a los argentinos la oportunidad de retomar lo que ha sido una fuerte y valorada bandera popular, como “suspensión del pago e investigación de la deuda”. Una vez determinado el monto de la deuda legítima, acordar la forma de pago. Este principio formó parte de varios programas del movimiento popular, siendo -inclusive- uno de los 26 puntos levantados por la entonces central única de trabajadores, la CGT, conducida por Saúl Ubaldini en las décadas de los 80 y 90.
Este caso de los fondos buitre contra Argentina pone en evidencia las limitaciones de los gobiernos para regular las finanzas globales, con Estados Unidos como protagonista principal. Cuando estalló la crisis internacional en 2008 y se temía la debacle general, se realizó la primera cumbre de presidentes del G-20, donde el diagnóstico fue que existía un problema sistémico y la manera de solucionarlo era a través de la creación de mecanismos de coordinación y de regulación para frenar el descontrol de los mercados financieros globales.
En los países desarrollados predomina la idea de que el accionar de esos fondos es un tema complejo, que tienen herramientas limitadas para controlarlos y que, en última instancia, litigar y vender deuda en mercados de deuda forma parte del funcionamiento del sistema financiero internacional. Esto quedó reflejado en los documentos revelados por WikiLeaks. O sea, pueden darse manifestaciones de preocupación y pronunciamientos sobre eventuales riesgos sistémicos, pero en los hechos no se hace nada para frenar a los buitres.
La realidad argentina
Lo cierto es que el establishment ha impuesto nuevamente la idea que no habría otra opción que aceptar el fallo del juez de Nueva, York Thomas Griesa, en todos sus términos. Si no, el país “quedaría fuera del mundo” (como sostuvieron los dirigentes de la oposición), se perdería el rumbo de “recuperar la confianza de los mercados” que se había obtenido a partir de las sucesivas reaperturas de canjes de holdouts y el arreglo de controversias con cinco empresas privadas del exterior litigantes en el Ciadi/Banco Mundial, en que se desembolsó la indemnización pedida por Repsol y el acuerdo con los países acreedores de deuda en default desde la crisis de 2001 del Club de París. Ninguna de estas medidas disuadió a los protectores de los buitres que, al observar disposición de pago, reforzaron sus presiones de cobro.
Hoy, cualquiera fuera la evolución -aceptando pagar o no- el país marcha a una crisis de la balanza de pagos. Por lo pronto, se ha cerrado objetivamente el camino al retorno inmediato al mercado para requerir nuevos créditos. Ya la situación de las cuentas externas se había venido deteriorando y se evidencia en la casi permanente caída de las reservas del Banco Central (de 51 mil millones de dólares en agosto de 2010 a 29 mil millones en la actualidad). Los créditos del futuro no vendrán gratis, exigirán al Estado solvencia de repago, con la consiguiente contraparte de ajustes fiscales.
Nuevos créditos significarán recortes del gasto para los trabajadores, los jubilados y los desempleados. Posiblemente, ese reingreso al circuito de la refinanciación incluya un retorno del FMI, que es el gran encargado internacional de gestionar nuevos créditos para pagar deudas anteriores. Por otro lado, existen fuertes vencimientos con bajas reservas. Las obligaciones suman 30.000 millones de dólares hasta fines de 2015, con divisas actuales de resguardo por 27.000 millones.
A todo lo anterior, se sumaron como factores incidentes:
a) La erosión del saldo de la balanza comercial, pese a ser un año de cosecha récord que debiera impulsar el ingreso por exportaciones -y no lo ha hecho- y que no se ha producido una caída de importaciones significativa, pese a la menor actividad económica y limitarse autorizaciones a las importaciones. El saldo de la balanza comercial del país para los primeros cinco meses del año fue de sólo 2.306 millones de dólares, contra 3.932 millones en el mismo periodo de 2013.
b) Los fuertes y crecientes pagos por deuda pública. Desde 2003 Argentina ha pagado 192 mil millones de dólares y tiene compromisos en lo que resta del año por 10.400 millones, y el año próximo por algo más de 20.000 millones de dólares.
c) La enorme y creciente significación de la fuga de capitales -desahorro nacional- que ha sido crónico desde 2007, pese a la imposición de restricciones cambiarias a partir de octubre de 2011, siendo un signo evidente del fenómeno de permanente crecimiento de los activos privados externos (205.460 millones de dólares del sector privado no financiero, más 3.158 millones del sector financiero, de acuerdo a estimaciones del Banco Central a marzo de 2014).
Alternativas para Argentina y la región
La cuestión clave no es sólo hablar mal de los buitres y quejarse de lo terrible que son los especuladores -que no son sino un producto natural derivado de la desregulación y globalización financiera-, sino preguntarse si hay alternativas en este momento. Por lo pronto, debe ponderarse que la situación no es asimilable a las recurrentes crisis que vivió el país en las últimas décadas.
Argentina y Venezuel
a son los únicos países de la región que pueden contar inmediatamente con saldos positivos de la balanza corriente de pagos, el nivel de endeudamiento es bajo, y la existencia de un nuevo marco internacional de pérdida de credibilidad de la arquitectura financiera mundial a partir de las consecuencias y los costos públicos de la crisis de 2007-08.
No es cierto que el gobierno argentino carezca de alternativas. Ante la perspectiva del default forzado por los buitres y su aliada, la justicia de EE.UU., debiera avanzar en forma inmediata para proteger la economía nacional y combatir decididamente la continuidad de drenajes y fugas. Debe poner en evidencia que se trata de una emergencia nacional y, tal como ocurre siempre ante éstas, los intereses particulares deben quedar subsumidos en los generales. La patria por sobre lo individual y egoísta, ¿no es lo que siempre afirmó el peronismo?
Debe imponer un estricto control, fiscalización y apertura/transparencia informativa social de las operaciones de comercio exterior (combatir con leyes ya vigentes maniobras hoy extendidas de subfacturación y contrabando de exportaciones y sobrefacturación de importaciones) y los movimientos de capitales. Y, ante el estrangulamiento forzado, suspender inmediatamente pagos financieros, revisar su origen y definir legitimidad y prioridades.
Pero, sobre todo, debiera impulsar sin demora pasos concretos de unidad y protección regional que vayan más allá de lo declamativo (constitución de fondo común de reservas, puesta en marcha del Banco del Sur, coordinar políticas y acciones para evitar devaluaciones competitivas y maniobras especulativas/fugas de capitales, decisión común de renunciar a la subordinación a tribunales extrarregionales, entre otros).
Es cierto que el país ha recibido muchas declaraciones de solidaridad, desde el G77+China hasta la Unctad y la mismísima OEA. Pero son mensajes cordiales sin efectos prácticos. Ningún escrito declamativo neutralizará el pago forzoso que se le impone a la Argentina. Esta falta de acompañamiento es grave en Sudamérica, donde se debió convocar una Cumbre de Presidentes para afrontar situaciones de emergencia como ésta. Es una bofetada a la región que no ha recibido respuesta clara ni de Unasur ni de Celac. Tampoco aparecieron propuestas de intermediación de Brasil o iniciativas conjuntas para cambiar las jurisdicciones de litigio con los bonistas, ni se ha hablado de reactivar el fondo latinoamericano de estabilización de reservas, frente a un peligro de default.
Cada uno se solidariza con sus propias motivaciones: unos con la expectativa de que algo se modifique en el sistema mundial, y los otros, desde el Norte o sus repetidores locales, por temor al colapso que pueda generar la desobediencia de un país “pagador serial” y la potencial imitación en que pueda derivar la conducta rebelde de un acreedor global. El poder global teme que una cesación de pagos pueda disparar, especialmente en América Latina y el Caribe, una recreación de las propuestas de nueva arquitectura financiera regional, en desmedro de la lógica liberalizadora y especulativa del sistema financiero y el mercado de capitales mundial.
Lo cierto es que el tema de la nueva arquitectura financiera se discutía entre 2006 y 2010: el Banco del Sur, la necesidad de construir una forma de pago regional en monedas locales, el Fondo del Sur y la estrategia de articulación productiva con base en la soberanía alimentaria y energética. Claro, en esos años, tras la derrota del Alca, se luchaba por una integración alternativa no subordinada a la lógica de libre comercio, la misma que hoy propugna la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México).
*Publicado en nodal.am y en “Punto Final”, edición Nº 808, 11 de julio, 2014