México: que las víctimas paguen al verdugo
Está a discusión en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que significa pavimentar el camino para que las trasnacionales puedan demandar a las víctimas de la contaminación transgénica, al mismo tiempo que criminalizan los intercambios de semillas entre campesinos y colocan al Estado en funciones de policía de Monsanto y otras trasnacionales de agronegocios. | SILVIA RIBEIRO.*
Las víctimas de contaminación transgénica ya han sido demandadas por dichas empresas en otros países, por “uso indebido” de la propiedad intelectual de los genes transgénicos. Con el dictamen del 14 de marzo de la Comisión de Ganadería y Agricultura de la Cámara de Diputados para reformar la citada ley, se pretende legalizar esta aberración, aplicable a cualquier campo contaminado, campesino o industrial.
Viene a tono con la autorización del gobierno a las siembras “piloto” de maíz transgénico a campo abierto, para que las empresas no sólo queden impunes, sino que lucren con la contaminación que necesariamente está ocurriendo. No es un negocio menor: hasta 2007 (luego no publicaron datos), Monsanto había cobrado en Estados Unidos más de 21 millones de dólares por juicios contra agricultores contaminados y más de 160 millones de dólares en arreglos fuera de juicio, debido a la campaña de terror contra los afectados, que intentaron evitar los costos del juicio.
Las leyes de variedades vegetales regulan los “derechos de obtentor”, es decir, los privilegios de exclusividad para quienes desarrollan “nuevas” variedades vegetales en sistemas institucionales. Hasta hace un par de décadas, todavía la mayoría de esta investigación se hacía por instituciones públicas que, a su vez, colocaban el producto de su trabajo gratuitamente a disposición de los agricultores. Actualmente, la mayoría es de empresas privadas que lo hacen con fines de lucro.
Sin embargo, todas las plantas que hoy se usan en alimentación son fruto del trabajo colectivo de campesinas y campesinos del mundo que por más de 10.000 años han adaptado especies silvestres para usarlas para el sustento (alimentación, abrigo, forrajes, vivienda, ornato, etc) y que lo siguen haciendo. Cualquier modificación que se haga a una variedad, siempre se basa en el trabajo colectivo campesino, que por miles de años ha funcionado con libre flujo e intercambio de semillas, siendo, como definió la Vía Campesina, “patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”.
Por ello, cualquier forma de propiedad intelectual sobre plantas es un robo a bienes comunes esenciales para el sustento de la humanidad.
Hasta hace 40 años había más de 7.000 empresas semilleras a nivel global y ninguna llegaba ni al uno por ciento del mercado mundial. Hace un par de décadas las trasnacionales químicas decidieron adquirir las semilleras para apoderarse del mercado y obligar a los agricultores a comprarles paquetes de semillas y agrotóxicos.
Al 2000, las 10 mayores empresas controlaban 30 por ciento del mercado global. Hoy, las 10 mayores controlan un absurdo 73 por ciento global, y solamente tres de ellas (Monsanto, DuPont-Pioneer y Syngenta) controlan 53 por ciento de toda la industria semillera global. Esas mismas tres tienen 95 por ciento del mercado global de semillas transgénicas.
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* Investigadora del Grupo ETC.
En www.jornada.unam.mx.