“Que cada uno asuma su responsabilidad”: condenado en Colombia periodista que entregó Venezuela
Joaquín Pérez fue condenado hace dos días por un magistrado de Bogotá, que lo encontró responsable “por el delito de concierto para delinquir”. El mismo tribunal lo absolvió por el cargo de “financiamiento de actividades terroristas”. Pero, según inforrmación del diario El Tiempo, “por el delito de concierto para delinquir agravado, Joaquín Pérez deberá cumplir de 8 a 18 años de prisión”. | ANNCOL.*
Según su abogado Rodolfo Ríos, la sentencia contra el director de ANNCOL “es una decisión abiertamente contraria a derecho y a justicia.
«Una a una desvirtué las pruebas amañadas de la Fiscalía, pero como se trata de un fallo político, necesariamente el juez se pronunciaba contra derecho, contra la ley y contra la Justicia”.
La Fiscalía había presentado 17 pruebas testimoniales y técnicas que según la sentencia permitieron vincular la participación del periodista con miembros de las FARC. ¿Y quiénes aportaron dichas pruebas? Informantes —sapos— reclutados en Estocolmo por Ernesto Yamhure, el asesor político del jefe de los Escuadrones de la muerte, Carlos Castaño, quien en la embajada colombiana en el país escandinavo fue designado por Álvaro Uribe como Primer Secretario del gobierno Colombiano.
No importa que fuera el asesor político del hombre que representaba la organización que asesinó más de 150.000 colombianos, según los cálculos de la misma fiscalía.
La fiscalía presentó supuestos archivos de Word del computador del abatido jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, anulados por la Corte Suprema de Justicia el año pasado. La fiscalía presentó “nuevas pruebas” después de la fecha tope para entregarlas y el juez las aceptó, lo que habla de una flagrante violación de la propia legislación colombiana.
El abogado Ríos agrega:
“Es una postura abiertamente contraria a Derecho, con mentiras de la Fiscalía, dejando al descubierto el accionar mal intencionado de esa Fiscalía que cometió el delito de fraude procesal, utilizando ‘pruebas’ extraídas de la operación Odiseo.
«Recordemos que esa fue la operación militar en la que el Ejército mató a Alfonso Cano y que necesariamente surgía una nulidad de todo el proceso pero el juez tampoco tuvo en cuenta ese punto….
“En conclusión; es un fallo absurdo, mentiroso y da vergüenza para la justicia colombiana. Lo que le esta pasando a Joaquín es miserable y absurdo.”.
También agrega que la defensa va a apelar la sentencia con toda la fuerza que corresponde y haciendo uso de su legítimo derecho.
La sentencia contra Joaquín Pérez, es al mismo tiempo, un ataque frontal contra toda la libertad de expresión, no solamente en Colombia sino contra toda la prensa del mundo que cubre el tema colombiano.
Recuerden las palabras de Álvaro Uribe cuando atacó al reportero francés, Romeo Langloís, liberado por la guerrilla, acusándolo por “identificarse con los terroristas de las FARC”. Es en ese clima que el periodista trabaja en Colombia, siendo víctima de la persecución de los organismos de seguridad que según El Tiempo, fueron los que entregaron las fuentes para condenar a Joaquín Pérez:
“En los expedientes de los organismos de seguridad colombianos, Becerra figura como uno de los actuales voceros de las FARC en Europa y responsable del manejo de la agencia de noticias Anncol, que difunde noticias sobre las FARC”.
Vale aclarar que la agencia difunde noticias de la situación de injusticia que padecen los luchadores de todos los países del mundo. Es un misterio cómo los medios colombianos van a poder cubrir las negociaciones en la Habana si no se trata de “difundir noticias”, tanto sobre las FARC como su contraparte. Solo hay una palabra que resume esa “acusación” y es ¡absurdo!
Tengamos en cuenta que esos organismos han sido expertos en la creación de Falsos Positivos y que los jefes del DAS han sido condenados a 25 años de cárcel, tal el caso de Jorge Noguera, por haber entregado listas de opositores al régimen genocida, poniéndolas en las manos ensangrentadas de Carlos Castaño, jefe de las AUC.
O recordemos el caso de María del Pilar Hurtado, jefa del DAS prófuga de la justicia, asilada en Panamá, comprometida hasta la médula en los escándalos de las “chuzadas” (interceptaciones).
La sentencia es un ataque frontal contra los exiliados, que ahora deberán pensar dos veces antes de expresarse en cualquier medio de comunicación. Peor todavía si se organizan como opositores -desarmados- al Terrorismo de Estado en el país donde fueran recibidos como refugiados, víctimas del terrorismo que desde las más altas esferas del país se ejecuta contra el pueblo.
Si piensan que con la sentencia contra el director de ANNCOL podrían silenciar a la Agencia de Noticias Nueva Colombia, pues sería mejor que vayan creando otros argumentos, ya que quienes componemos 
el colectivo independiente estamos reagrupándonos para continuar con las denuncias que corresponden frente a tanta violación a los derechos humanos de un pueblo que quiere la paz con justicia social y dignidad.
Juramos intensificar el trabajo periodístico y aumentar los esfuerzos para defender el derecho a la libertad de expresión, le guste o no a los sectores que controlan el poder fáctico en Colombia con ayuda de los mercenarios de la información.
Hacemos un llamado al pueblo colombiano en general y al movimiento popular y a la izquierda en particular, a solidarizarse con el director de ANNCOL y con esta agencia, para impedir que sectores fascistoides se beneficien con la absurda sentencia pretendiendo apagar el derecho de opinión.
Las estigmatizaciones que nos adjudican, no logran sino darnos más fuerzas, porque somos gente comprometida con la información y que siente como propio el dolor de cada pueblo hermano.
La sentencia contra Joaquín Pérez es el resultado de una cacería política sin precedentes en la historia judicial de Colombia. Nosotros estamos dispuestos a tomar las banderas que trataron de arrancarle al compañero.
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* Agencia de Noticias Nueva Colombia.
Addenda
La historiadora y periodidsta colombiana Ana Lucía Serrano escribió, cuando Joaquín Pérez fue entrregado a Colombia por el gobierno venezolano:
Empecemos por repasar el caso: Joaquín Pérez Becerra es un periodista de nacionalidad sueca y de origen colombiano, que llegó a ese país como refugiado político a comienzos de la década de 1990, escapando de la persecución a que sistemáticamente habían venido siendo sometidos los militantes de la Unión Patriótica, un partido de izquierda.
Adquirió la nacionalidad sueca y renunció a la colombiana, aunque siguió vinculado a su país natal través de su labor periodística en la agencia de noticias Anncol, caracterizada por seguir una línea de férrea oposición al régimen colombiano.
Pérez Becerra fue detenido el pasado 23 de abril [2011] en el aeropuerto de la capital venezolana y contra todo sentido del derecho internacional y de solidaridad con los disidentes y perseguidos políticos, 
fue mantenido incomunicado, no se le permitió comunicarse con un abogado y en un tiempo «récord» fue deportado a Colombia, donde se le presentó como un peligroso terrorista.
Aunque el gobierno de la República Bolivariana fue presionado para que tomara una decisión rápida, lo que se esperaba era una respuesta solidaria o por lo menos apegada a la legislación internacional.
Debe recordarse que Pérez fue deportado a Colombia, no extraditado como se dijo en algunos medios, ese procedimiento hubiera requerido más tiempo para el estudio por parte de las autoridades venezolanas de las causa que se le imputaba, así como de las pruebas que la sustentaban, lo que le hubiera permitido al acusado a gozar de dos derechos fundamentales: asistencia de la embajada de su país y contar con abogado de confianza.
Por lo tanto, la deportación de un opositor de régimen colombiano a Bogotá no era la única opción, ni la más adecuada, como lo sabe el presidente Chávez, quien hasta hace unos meses había denunciado al gobierno colombiano como uno de los principales violadores de los derechos humanos.
(El artículo completo puede leerse aquí).