May 27 2015
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Economía

Stiglitz/ El control oculto de las empresas

Estados Unidos y el mundo est√°n imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos sol√≠an ser llamados ‚Äúacuerdos de libre comercio‚ÄĚ; en la pr√°ctica, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayor√≠a se encontraban localizados en EE UU y la Uni√≥n Europea.

Hoy en d√≠a, con mayor frecuencia, tales pactos se denominan como ‚Äúasociaciones‚ÄĚ; por ejemplo, el Acuerdo de Asociaci√≥n Transpac√≠fico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE UU es quien, de manera patente, dicta los t√©rminos. Afortunadamente, los ‚Äúsocios‚ÄĚ de EE UU se muestran m√°s recelosos.

No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.control oculto

Tal vez la parte m√°s odiosa ‚Äďy m√°s deshonesta‚Äď de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protecci√≥n a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las √ļltimas d√©cadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garant√≠a de Inversiones, una filial del Banco Mundial; adem√°s, el Gobierno estadounidense y otros Estados proporcionan seguros similares. No obstante, EE UU demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus ‚Äúsocios‚ÄĚ tienen sistemas de protecci√≥n de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.

La verdadera intenci√≥n de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intensi√≥n de impedir que act√ļen las regulaciones financieras que deber√≠an proteger a la propia econom√≠a y a los propios ciudadanos de EE UU. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidi√©ndoles recibir compensaci√≥n plena por cualquier reducci√≥n de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.

Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto que ambos países fueron un poco más allá en comparación con EE UU, ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de tabaco.

El etiquetado está logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de ganancias.

En el futuro, si descubrimos que alg√ļn otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podr√≠an demandar a los gobiernos porque √©stos estuviesen tratando de evitar que se maten a m√°s personas. Lo mismo podr√≠a suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones m√°s estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Uru philip MorrisCuando presid√≠ el Consejo de Asesores Econ√≥micos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposici√≥n similar, denominada ‚Äúexpropiaciones regulatorias‚ÄĚ. Ellos sab√≠an que una vez promulgada, las regulaciones se frenar√≠an, simplemente porque el Gobierno no pod√≠a permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos √©xito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales como en el Congreso de EE UU.

No obstante, ahora los mismos grupos est√°n intentando realizar una triqui√Īuela para pasar por alto los procesos democr√°ticos mediante la inserci√≥n de tales disposiciones en las facturas comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para el p√ļblico (pero no para las compa√Ī√≠as que est√°n presionando para conseguir dichas inserciones). Es s√≥lo a consecuencia de fugas de informaci√≥n, y mediante charlas con los funcionarios del Gobierno que parecen estar m√°s comprometidos con los procesos democr√°ticos que llegamos a conocer lo que est√° pasando.

Es fundamental que el sistema de gobierno de EE UU cuente con un poder judicial imparcial y p√ļblico, con normas legales construidas a lo largo de d√©cadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto est√° siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, sin transparencia, y muy caro. Es m√°s, esta forma de administraci√≥n de justicia est√° a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los √°rbitros pueden ser ‚Äújueces‚ÄĚ en un caso y defensores en un caso relacionado.

Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes est√°n comprometidos con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las compa√Ī√≠as pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violaci√≥n de otros compromisos ‚Äďen lo referido a las normas laborales y ambientales, por ejemplo‚Äď los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales mediante los cuales puedan personarse para plantear juicios.cigarrillo

Si alguna vez en la Historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es dicho mecanismo. Es por esto que me uní a líderes expertos en asuntos legales en EE UU, incluyéndose entre ellos a profesionales de las Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el envío de una carta al presidente Barack Obama explicándole cuán perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.

Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos se√Īalan que EE UU ha sido demandado solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las empresas, sin embargo, apenas est√°n empezando a aprender c√≥mo utilizar estos acuerdos para su beneficio.
Y los abogados corporativos de importantes minutas en EE UU, Europa y Jap√≥n probablemente superen a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el inter√©s p√ļblico. Peor a√ļn, las empresas de los pa√≠ses avanzados pueden crear filiales en los pa√≠ses miembros a trav√©s de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus pa√≠ses de origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para bloquear las regulaciones.

En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protecci√≥n de la propiedad, y en caso de que este mecanismo privado y caro para la resoluci√≥n de controversias fuese superior a un poder judicial p√ļblico, deber√≠amos estar cambiando la ley no s√≥lo para las adineradas empresas extranjeras, sino tambi√©n para nuestros propios ciudadanos y peque√Īas empresas. Pero nada indica que este sea el caso.

Las reglas y regulaciones determinan en qu√© tipo de econom√≠a y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociaci√≥n relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad, que es un problema creciente en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las compa√Ī√≠as ricas usen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos de comercio para dictar c√≥mo vamos a vivir en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE UU, Europa, y el Pac√≠fico respondan con un rotundo no.

*Premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Columbia.

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