En junio próximo se cumple el centenario de uno de los mayores crímenes masivos de nuestra historia, los cuales permanecen todavía desconocidos para la generalidad de los chilenos. Se trata de varias matanzas efectuadas por el Ejército en diversas oficinas salitreras de la provincia de Tarapacá a comienzos de junio de 1925. Ellas se efectuaron durante el primer gobierno de Arturo Alessandri, una vez que volvió de su primer exilio y cuando –entre marzo y septiembre de ese año– rigió como virtual dictador, sin Congreso Nacional.
Ellas se hicieron en el contexto de una creciente represión a los sectores populares, que se habían “empoderado” con el colapso que estaba experimentando la república exclusivamente oligárquica que se había establecido en Chile luego de la guerra civil de 1891. Particularmente, se había producido un fuerte conflicto social en el Norte Grande, como producto de la resistencia patronal a que los trabajadores se organizaran en sindicatos –en conformidad a las nuevas leyes sindicales y laborales de 1924– y de una ola de huelgas obreras que azotaban la región.
En concreto, luego de confusos choques entre obreros salitreros, policías y administradores, en que resultaron muertos dos policías y un jefe de pulpería, los trabajadores se tomaron nueve oficinas salitreras. El Gobierno mandó al Ejército que efectuó una represión inmisericorde con cañones ametralladoras, siendo la más bombardeada la Oficina La Coruña.
Masacre de La Coruña –Chile– 05 de junio 1925
Según Carlos Charlín (Del avión rojo a la República Socialista)… “las matanzas de obreros en La Coruña, Alto San Antonio, Felisa y otros lugares de esa pampa de la desgracia son páginas que horripilarían a un escritor de novelas de terror. Se hizo derroche sanguinario de lo que denominaban ‘medidas de escarmiento para rotos alzados’. En La Coruña no quedó hombre ni mujer ni niño con vida. Se les diezmó con granadas de artillería disparadas a menos de trescientos metros y, pese a las banderas de rendición, no se tomaron prisioneros”.
Además, de acuerdo a Gonzalo Vial (Historia de Chile; Tomo III), luego de los bombardeos vino “una severísima represión, que dio origen a un término siniestro…, el ´palomeo’, dispararle a un trabajador lejano, cuya cotona blanca y salto convulsivo –cuando alcanzado por el tiro– le daban el aspecto de una paloma en vuelo”.
Y Carlos Vicuña Fuentes (La Tiranía en Chile) señaló: “los tenientes y capitanes, por saña y placer, fusilaron a mansalva hombres, mujeres y niños, en grupos, al montón, y después aisladamente, a todo aquel a quien los pulperos señalaban como subversivo o rezongón. No dieron cuartel, no recogieron heridos, no perdonaron la vida a nadie, el que huía por las calicheras era alcanzado por las balas. A muchos infelices los hacían cavar sus propias fosas y los fusilaban enseguida, sin piedad alguna”.
¿Cuántas personas fueron asesinadas? Nunca se sabrá, porque el gobierno y la “Justicia” convalidaron esas horrendas masacres y no efectuaron ninguna investigación. Peter DeShazo (Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927) señala que “los diplomáticos británicos estimaron que entre 600 a 800 trabajadores fueron muertos en la masacre, mientras que el Ejército no sufrió bajas”.
Gonzalo Vial dice que “la prensa popular habló de 2.000”. Carlos Vicuña escribió que “todas las voces hacían subir de mil los hombres muertos. Algunos me aseguraron que llegaban a mil novecientos”. Ricardo Donoso (Alessandri, agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile; Tomo I) habló de “pavorosa matanza” de “centenares de muertos y heridos”.
Julio César Jobet (Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile) sostiene que “los que estuvieron en aquella zona y conocieron las peripecias de este drama, afirman que fueron masacrados 1.900 obreros; pero otros testigos oculares estiman en más de 3.000 el número de víctimas”.
Brian Loveman (Chile. The legacy of Hispanic Capitalism) los cifra en 1 200. Y Simon Collier y William F. Sater (A History of Chile, 1808-1994) hablan de una “salvaje masacre” de “centenares” de obreros salitreros.
En cualquier caso, es seguro que en conjunto constituyen, por poco, la segunda peor masacre puntual de nuestra historia, después de la de Iquique; y que alcanza también el triste registro de ser una de las peores matanzas de la humanidad en tiempo de paz. Y al igual que en las matanzas obreras previas del siglo XX, el Gobierno, la oligarquía y los sectores medios las justificaron plenamente.
Alessandri y su ministro “de Guerra”, Carlos Ibáñez, le enviaron a su ejecutor, el general Florentino de la Guarda, sendos telegramas de felicitación. Así, el primero transcribió: “Agradezco a US., a los jefes, oficiales, suboficiales y tropas de su mando los dolorosos esfuerzos y sacrificios patrióticamente gastados para restaurar el orden público y para defender la propiedad y la vida injustamente atacadas por instigaciones de espíritus extraviados o perversos” (El Mercurio; 9-6-1925).
Y el segundo congratuló a de la Guarda… “felicitando a US y a sus tropas por el éxito de las medidas y rápido restablecimiento orden público. Lamento la desgracia de tanto ciudadano, sin duda, gran parte inocentes. Espero continúe su obra, aplicando castigo máximo a cabecillas revuelta y aproveche ley marcial para sanear provincia de vicios, alcoholismo y juego principalmente” . (El Mercurio; 8-6-1925).
A su vez, El Mercurio las justificó como producto “de la necia agitación comunista provocada en esa región hace pocos días” (10-6-1925). Y La Nación llegó al extremo de señalar a propósito de ellas que: “es esta precisamente la más noble misión del ejército: asegurar la paz y la tranquilidad en el interior, porque a su sombra todos se encuentran garantidos y todos pueden ejercitar libremente sus derechos. Es su misión y es su
deber” (11-6-1925).
Pero sin duda que lo que más impacta son las expresiones de un escritor e intelectual crítico y de izquierda de la época, como Joaquín Edwards Bello, al decir: “es lamentable de todo punto que el Ejército se haya visto obligado a dar una lección práctica de artillería con sus propios hermanos (…) Nadie, nadie que tenga conciencia podrá reprobar la actitud del Ejército. Se trata de un intento subversivo que nada justificó, porque actualmente tenemos el gobierno más sensible al pueblo. Ha surgido (…) un Ministerio de Higiene y Previsión Social, único en el mundo, y que podría ser imitado en Italia, España o Inglaterra. Está empeñado nuestro gobierno en darnos Constitución nueva, que consulte las aspiraciones de la mayoría (…)
«En todos los aspectos de nuestra vida se nota el ascenso al bienestar, la marcha a una renovación benéfica, cuando un grupo de ilusos predicadores ha lanzado a algunos obreros del norte por los caminos del desorden por el desorden (…) Sea esta sangre anunciadora de una nueva era de autoridad. Un Gobierno eficiente en todo sentido, debe ser el árbitro de las dificultades de los obreros. En Rusia, en pleno régimen comunista, el Gobierno se reserva el derecho soberano de dirigir al pueblo. Las huelgas han desaparecido del antiguo imperio de los zares” (La Nación; 10-6-1925).
Dada las dimensiones de estas matanzas, es casi increíble cómo hasta hoy han podido ser tan desconocidas. Por cierto, a ello contribuyeron muchos actores relevantes del período que en sus escritos y autobiografías las silenciaron completamente. Fueron los casos, por ejemplo, del general y comandante en jefe del Ejército del período, Mariano Navarrete (Mi actuación en las Revoluciones de 1924 y 1925); del destacado líder radical, Alberto Cabero (Chile y los 
chilenos); del presidente de la Junta de Gobierno de enero de 1925 que solicitó la vuelta de Alessandri, Emilio Bello Codesido (Recuerdos políticos. La Junta de Gobierno de 1925); y del secretario de Alessandri, y posterior diputado y ministro de Aguirre Cerda e Ibáñez, Arturo Olavarría Bravo (Chile entre dos Alessandri).
Pero sin duda que lo que más ha determinado su desconocimiento ha sido su omisión en el sistema escolar; y el impactante silencio total respecto de dichas matanzas efectuada por numerosos historiadores contemporáneos de las más diversas tendencias.
Así, no vemos ninguna referencia de ellas en el Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, de Mario Góngora; en Chile en el siglo XX de Mariana Aylwin, Carlos Bascuñán, Sofía Correa, Cristián Gazmuri, Sol Serrano y Matías Tagle; y en Historia del siglo XX chileno de Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle y Manuel Vicuña.
Y, por cierto, este desconocimiento distorsiona profundamente la comprensión efectiva de nuestro siglo XX, tanto respecto de su más trascendente líder civil, Arturo Alessandri, como de la significación de su obra más relevante: la Constitución de 1925.
Así, pasamos completamente por alto su mayor matanza; unido a la escasa relevancia que se le da a la masacre de San Gregorio (1921); al escamoteo del hecho de que la matanza de Ranquil (1934) significó la primera aplicación masiva en nuestro país (centenares de personas) de la desaparición forzada de personas; y a que muchas veces se ignora que él personalmente – Arturo Alessandri– ordenó la masacre del Seguro Obrero en 1938.
Por otro lado, al ignorar totalmente las masacres de Tarapacá, efectuadas en el mismo momento en que Alessandri elaboraba la Constitución con un pequeño grupo de personas designado por él mismo; estamos sumando otro elemento clave que nos impide percibir el carácter esencialmente autoritario de la elaboración y aprobación de la Constitución de 1925: el de su imposición en un contexto ferozmente represivo.
Porque a la ignorancia de esos horrendos crímenes que culminan varios meses de fuerte ejercicio de un poder dictatorial (sin Congreso y a través de decretos-leyes); hay que agregar que conocemos muy poco el hecho que Alessandri no cumplió su compromiso (y de la oficialidad revolucionaria de 1924-25) de convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. 
Que también desconocemos totalmente que frente al malestar creciente que su texto autoritario-presidencialista suscitó en la gran comisión de 120 personas (¡también designadas por él!), logró que el general Navarrete amenazara explícita y exitosamente a la comisión con un nuevo (tercero en un año) golpe de Estado si no lo aprobaban inmediatamente.
Y, por último, desconocemos que el plebiscito ratificatorio de dicha Constitución fue hecho vulnerando requisitos esenciales de una elección libre: Con la disolución policial de manifestaciones opositoras al texto así aprobado; con el voto virtualmente público, ya que cada opción se hacía con cédulas de colores distintos; con el consiguiente llamado a la abstención de varios e importantes partidos políticos (conservadores, radicales y comunistas); y con el hecho de que finalmente votaron bastante menos de las personas inscritas en los registros electorales (44,9%); y de que éstas, el 93,9% votó a favor del texto alessandrista, es decir, solo el 42,18% de los ciudadanos.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.