El intento de asesinato de un precandidato presidencial colombiano, en medio de un contexto de violencia electoral creciente, trae a la memoria el pasado convulso del país. Mientras las autoridades continúan investigando quién orquestó el ataque, han surgido varias teorías, aunque todas carecen de pruebas concretas que las respalden.
El 7 de junio, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue baleado durante un acto de campaña en Bogotá, capital del país. Desde entonces, ha permanecido en estado crítico. Uribe, actual senador, buscaba la nominación del partido Centro Democrático para las
elecciones de 2026. El atacante, un menor de edad, fue arrestado en el lugar y se declaró inocente de los cargos de tentativa de homicidio. Según la fiscalía colombiana, se cree que fue reclutado por una red criminal dedicada a cometer asesinatos por encargo, o sicariato.
“Somos plenamente conscientes de que este joven detenido es solamente el autor material”, afirmó la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. En videos ampliamente difundidos en redes sociales, se puede escuchar al adolescente decir: “Perdón, lo hice por dinero, por mi familia”, lo que refuerza la hipótesis del sicariato.
Las investigaciones continúan, pero las autoridades aseguran que siguen tres líneas de indagación: que el ataque pudo haber sido motivado por razones personales, factores políticos o una estrategia más amplia para desestabilizar al gobierno.
El presidente Gustavo Petro ha culpado a la “Junta Directiva del Narcotráfico”, una red de tráfico de drogas que, según él, opera entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos. El mandatario ya había afirmado anteriormente que este grupo planeó asesinarlo y que estuvo detrás del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en 2022.
En un tuit reciente, Petro compartió una infografía publicada por InSight Crime sobre la red criminal del narcotraficante albanés Dritan Gjika en Ecuador, alegando que Gjika era parte de la “Junta Directiva del Narcotráfico” y que miembros de dicha red intentaron asesinarlo, aunque el análisis de InSight Crime no menciona dicha red.
La precandidata presidencial Vicky Dávila también sugirió un posible vínculo entre el atentado y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, líder del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como Estado Mayor Central (EMC). Dávila publicó un video en el que afirma haber recibido información de inteligencia militar que indicaría que Iván Mordisco está detrás del complot para asesinar a Uribe. También denunció que su grupo estaría planeando otros atentados, incluyendo posibles intentos de asesinato en su contra y contra la senadora María Fernanda Cabal, también del partido Centro Democrático.
Tras las declaraciones de Dávila, Petro señaló que Mordisco y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se han aliado con la Junta para atentar en su contra. Tres días después del intento de asesinato, se reportaron decenas de atentados con explosivos en Cali, Buenaventura y otros municipios de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, al suroccidente del país, que dejaron al menos siete muertos. Las autoridades creen que el EMC estuvo detrás de los ataques.
Armando Benedetti, ministro del Interior, dijo respecto a los hechos, que las investigaciones preliminares, a pesar de no ser concluyentes, sugerían que podía existir una relación entre los responsables de las explosiones y el atentado contra Uribe, relacionando aún más al EMC con el intento de asesinato, aunque sin presentar pruebas concretas. A través de un comunicado divulgado el 12 de junio, Iván Mordisco negó haber encargado el intento de asesinato de Uribe y afirma que es una estrategia mediática para ganar votos.
Si bien la responsabilidad del atentado sigue sin esclarecerse, las hipótesis mencionadas por miembros del gobierno y de la oposición apuntan a grupos criminales vinculados al narcotráfico. Las motivaciones de estos grupos podrían ser diversas, desde generar presión al gobierno de turno hasta obtener una incidencia política de cara a las futuras elecciones presidenciales.
“Hay una lógica mafiosa que siempre ha estado y es que básicamente todo mafioso necesita un político”, dijo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), un centro de pensamiento e investigación especializado en temas de gobernanza y seguridad en Colombia, a InSight Crime. “No hay economía criminal sin corrupción, eso es clarísimo. Por eso la incidencia en elecciones es muy importante”.
En abril de 2024, Iván Mordisco se levantó de la mesa de negociación con el gobierno en el marco de la Paz Total —una política a través de la cual se busca establecer diálogos paralelos con diferentes grupos ilegales en el país—luego de un atropellado proceso marcado por diferentes violaciones al cese al fuego por parte del grupo ilegal.
Desde entonces, el EMC, en cabeza de Mordisco, se ha enfrentado de manera directa a las fuerzas de seguridad del gobierno, principalmente en el suroccidente colombiano, donde alberga su principal bastión criminal, y en zonas de la Amazonia. Allí, ha buscado ganarle territorio a su principal enemigo, el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, un antiguo miembro del EMC. Si bien Mordisco negó haber participado en el atentado contra Uribe, la hipótesis que lo señalaba parecía indicar una posible estrategia para presionar al gobierno a reabrir una mesa de diálogo, un deseo que ha expresado tras el rompimiento de las conversaciones.
“Hoy que no hay treguas y están la mayoría de mesas congeladas, hay una intención de casi todos los actores armados no estatales de presionar los comicios electorales, porque son conscientes que es una forma de presionar al gobierno”, mencionó Bonilla.
La Junta Directiva del Narcotráfico, por su parte, fue un término acuñado en la década de los noventa 90 para referirse a una serie de narcotraficantes independientes que trabajaban con diferentes redes criminales. Luego de que la mayor parte de sus miembros fueran capturados en la década de 2010, las autoridades dieron por desmantelado el grupo.
Petro ha revivido este término para nombrar a diferentes narcotraficantes independientes que han figurado en el mundo criminal colombiano por décadas. Uno de ellos es Julio Lozano Piraquive, un narcotraficante colombiano residente en los Emiratos Árabes Unidos y vinculado al negocio de las esmeraldas, que ha sido relacionado a diferentes ataques sicariales ocurridos en Bogotá en los últimos años, principalmente contra esmeralderos.
“Son narcos invisibles que han seguido operando en Colombia desde hace muchos años, pero que tienen unos perfiles mucho más sofisticados. Han estado más conectados con la política y con la contratación”, dijo Bonilla. Un posible móvil para estos actores sería el interés que podrían tener en candidaturas específicas o la oportunidad para generar inestabilidad.
“Les conviene tener un ambiente caótico, pues ellos saben navegar muy bien en el caos”, puntualizó Bonilla.
A pesar de las declaraciones de Petro, la fiscalía colombiana afirmó al medio de comunicación español El País que no tiene indicios sobre una Junta Directiva del Narcotráfico con injerencia en Medio Oriente y Colombia, por lo que no hay investigaciones abiertas al respecto.
Independientemente de quién sea responsable, el atentado contra Miguel Uribe acercó a la capital colombiana una violencia política que ha sido constante en la periferia colombiana y que ha venido aumentando desde 2020. Es probable que la respuesta política a este tipo de violencia asuma un rol de mayor importancia en las discusiones electorales de los comicios presidenciales de 2026.
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