Ecuador está atravesando una seria crisis política que tiene su origen en medidas gubernamentales que, con pronunciado autoritarismo, afectan la vida de los pobladores del campo y la ciudad. Frente a leyes señaladas como inconstitucionales y otras imposiciones, las organizaciones populares, convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Frente Popular, Unión Nacional de Educadores (UNE) y muchas más, a la que se sumaron el movimiento indígena y los partidos de izquierda, vienen realizando acciones de protesta en las calles de 22 de las 24 provincias del país.
El gobierno de Noboa, en otro gesto antipopular, el 12 de septiembre de 2025 anunció la decisión de liberar el precio del diésel que se comercializa en el país, el cual pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP), desmiente el análisis gubernamental y la existencia real de subsidio al combustible y señala que los beneficiados serán los principalmente los importadores de estos productos. Adicionalmente, diversos analistas determinan que esta elevación del precio en el diésel tendrá un efecto cascada en los productos de primera necesidad.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) convocó a un paro nacional a partir del 19 de noviembre, en una medida progresiva e indefinida, con acciones en las distintas provincias. El avance del espíritu unitario dio lugar a la primera reunión del Parlamento Intercultural de los Pueblos el 24 de septiembre, sumando al conjunto de organizaciones sociales y posicionándose como un espacio de articulación política. Con ello, se plantea enfrentar al gobierno que, como veremos, profundiza una línea autoritaria y represiva.
El uso de una propaganda de guerra interna
Un elemento importante para importantes sectores es que Noboa en su campaña electoral prometió no tocar estos subsidios, contradicción que añade elementos al descenso de su imagen, aunque aún mantiene un porcentaje de cerca del 40% de aceptación. Sin embargo, continúa confiado en el impulso de una campaña publicitaria con la que se ubica de héroe de la fallida lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, al tiempo que insiste que cualquier opositor es un terrorista.
Esta propaganda busca facilitar un nuevo orden político de explotación y opresión. El apoyo de Estados Unidos y parte importante de mandos de las Fuerzas Armadas, así como de una mayoría en la Asamblea Nacional y el control de otras instancias del Estado, le permiten actuar por el lado de la fuerza y no de la razón.
Entre las leyes cuya aprobación logró en la Asamblea Nacional, se presentan las que buscan militarizar la seguridad
pública y el uso del conflicto armado para justificar mayores medidas represivas de excepción (Ley de Solidaridad Nacional); permitir la vigilancia y espionaje sin orden judicial (Ley de Inteligencia); cumplir con el FMI con el despido injustificado de funcionarios del Estado (inicialmente fueron 5 mil) y otorgar beneficios tributarios a los ricos (Ley de Integridad Pública); perseguir a organizaciones sociales y ONG bajo el pretexto de evitar el lavado de activos (Ley de Transparencia Social); o facilitar la privatización de la naturaleza (Ley de Áreas Protegidas).
El carácter represivo se suma al hecho de que se viene gobernando con una continuada lista de estados de excepción y militarización del país o de provincias específicas. Pero, al contrario de lo anunciado, no disminuye el crimen, los asesinatos en las calles y las masacres al interior de las cárceles.
Represión con carácter dictatorial
En torno a las acciones del pueblo la represión se agudiza. Este 28 de septiembre un indígena de Imbabura murió en medio del choque entre militares y comuneros, según se denuncia tras recibir tres tiros de armas de fuego. En videos se observa como tanto él como un compañero que fue a auxiliarlo, son golpeados y pateados en el suelo por los militares, en una escena que habría durado cerca de 20 minutos.
El gobierno lo único que ha dicho es que había tácticas guerrilleras en el accionar de los comuneros, «Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas», manifestó la Ministra de Gobierno, Zaida Rovira. En sentido contrario, la relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Gina Romero, señaló que “Protestar es un derecho, no puede costar la vida”… «Recibo la noticia de que las Fuerzas Armadas de Ecuador están actuando en contextos de protesta, lo cual es contrario a los estándares internacionales del derecho a la reunión, inclusive en estados de excepción».
En la noche, más de 100 vehículos militares salieron en dirección hacia Imbabura, añadiendo el número de tanquetas de guerra, anunciando que la violencia no tendrá límites.
Persecución a dirigentes y luchadores
El gobierno anunció desde el inicio del paro que buscaría acusar a sus participantes como terroristas y con penas de prisión de hasta 30 años. Ya se encuentran cerca de 100 detenidos, a varios de los cuales se los acusa de terrorismo y se los trasladó a cárceles distantes a su lugar de residencia y que no presentan garantías para su vida. En una de ellas, la de Esmeraldas, el día 25 se produjo una nueva masacre, esta vez con 17 muertos y múltiples heridos.
Sin embargo, esto no fue suficiente. A algunos de los dirigentes y a organizaciones enteras, bajo supuestas investigaciones que no se esclarecen, ha impuesto el congelamiento de cuentas bancarias. El intento es ubicarles como responsables de lavado de narco-dólares.
Por otra parte, en el esfuerzo de intimidar, la Fiscalía del Estado inició una investigación penal contra Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE)y del Frente Popular (e); Edwin Bedoya, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Cedocut; Nery Padilla, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE); y Wilfrido Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (Fenocin). El supuesto delito de paralización de un servicio público lo pretenden direccionar a participación en crimen organizado y deberán presentarse en Fiscalía el 3 de octubre.
Al mismo tiempo, a más de 50 dirigentes indígenas, ambientalistas y de organizaciones populares, incluido Marlon Vargas, presidente de la Conaie, por presunto enriquecimiento no justificado. Es decir, también por lavado de narco-dólares.
La criminalización que se evidencia con estas medidas, dirigida a utilizar la acusación de terrorismo, busca amedrentar y detener el crecimiento de las protestas ciudadanas.
Control informativo
En estos días se realizó la suspensión arbitraria del canal TV MICC, bajo un informe declarado secreto bajo el argumento de “precautelar el orden público y la seguridad nacional”. Este canal de televisión, de cobertura regional, es el medio comunitario del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Su cierre es un acto de censura y una manera de amenazar a las redes y canales de comunicación alternativos y populares.
Sometimiento de todas las funciones del Estado
Este período se ha caracterizado también por el ataque a la Corte Constitucional, que de alguna manera no está controlado como el conjunto de instancias del Estado. Al inicio fue por aceptar demandas de inconstitucional 
presentadas por las organizaciones populares y partidos de izquierda; luego con una marcha y grandes carteles se identificó a los jueces constitucionales como cómplices de los criminales por haber frenado temporalmente la aplicación de ciertos articulados ante la posible violación de derechos; llegando a rodear militarmente la Corte por una supuesta amenaza de bomba y continuar con los ataques.
El 26 de septiembre la Corte Constitucional declaró inconstitucionales tanto la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y como la Ley Orgánica de Integridad Pública, ambas presentadas con carácter “económico urgente” a pesar de tratar temas muy diversos, no solo económicos. Este golpe para el Gobierno anuncia mayores contradicciones, pero, por otro lado, la misma Corte aprueba preguntas del gobierno para una Consulta Popular, incluyendo la referente a convocar a una nueva Constituyente, que inicialmente Noboa presentó de manera directa al Tribunal Electoral tratando de burlar su obligación de someterse al dictamen constitucional.
Consulta y Constituyente a la medida
En principio, una consulta popular e incluso una constituyente tienen apariencia de acciones democráticas. En este caso, se trata de un intento descarado de limitar derechos ciudadanos, de lograr mayor concentración de poder e incluso de permitir bases militares yanquis en el territorio ecuatoriano. Nada democrático y completamente antipopular.
Para ello se ajustó ya la metodología de distribución de escaños en las elecciones pluripersonales. Se aplicará el método D’Hont que favorece a las fuerzas más fuertes e imposibilita la elección (y posterior participación electoral) de estructuras políticas medianas o pequeñas. Con ello se podría dar paso a un bipartidismo impidiendo que fuerzas populares o indígenas puedan expresarse de manera directa en la constituyente.
De esta manera se trata de una dirección nada democrática que deberá ser rechazada antes de que la concentración de poder político se agudice en manos de quienes ya tienen concentrado el poder económico y la riqueza.
Impulsar el extractivismo a pesar de las consultas populares
La consulta popular en la que alrededor del 80% de la población del cantón Cuenca señaló su oposición a la minería metálica que afectaría páramos y la garantía de agua, ha tratado de ser burlada por las autoridades que entregaron los permisos a una transnacional. Ello ha provocado protestas de diversos sectores, siendo la más destacada la marcha que más de 100 mil personas realizaron en la ciudad del Cuenca el 16 de septiembre para impedir que se burle la resolución de una Consulta Popular y que por mandato constitucional debe ser cumplido por el gobierno.
Tras ello, el Presidente, como si fuera representante de la empresa, anunció posibles juicios a las autoridades locales y señaló que se quitaría la licencia ambiental otorgada por su gobierno, sin decir nada de la solución definitiva que incluiría la anulación del proyecto minero Loma Larga.
Igual puede decirse del incumplimiento de la consulta popular que a nivel nacional exigió el cierre de los pozos petroleros del proyecto ITT, territorio privilegiado por su biodiversidad y por ser espacio de vida de dos pueblos en aislamiento voluntario, los Tagaeri y Taromenane.
El irrespeto a la Constitución y a las leyes que obligan al Estado a cumplir con los mandatos populares a través de su voto en las consultas es otra prueba de autoritarismo. Quita además valor a la convocatoria de consulta popular que desea realizar en noviembre, pues no puede respetar las consultas según su deseo personal.
¿Hamás en Ecuador?
El gobierno no ha dicho nada contra el genocidio que realiza el gobierno de Israel en Gaza. Pero sorprende cuando el 10 de septiembre de este año Noboa emite el Decreto Presidencial 118 con el cual decide “Rechazar y condenar la influencia e incidencia de las organizaciones denominadas «Hamás» y «Hezbolá» (Hizbulá), en su vinculación con actos terroristas o ataques que puedan cometer en territorio ecuatoriano”.
Debe ser muy, pero muy secreta la influencia en Ecuador de esas organizaciones, a las que antes ya declaró como terroristas, pero Noboa y su gobierno no la han explicado. El hecho cierto es que seguramente se trata de una amenaza a quienes denuncien el genocidio y otros crímenes de guerra, criminalizando la opinión y a los defensores de los derechos humanos.
Un pueblo que mantiene su lucha
A pesar de las dificultades para la libre expresión, organización y acción, el gobierno no ha logrado silenciar al pueblo ecuatoriano. Los próximos días lo demostrarán, pero será en condiciones de represión acrecentada.
La acción del gobierno de Noboa es también perjudicial para todos los países de la región, quienes saben que las derechas tienen dificultades en aplicar sus políticas, lo que les hace más violentas e irracionales.
* Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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