En el sistema político de Estados Unidos, una orden ejecutiva es una disposición firmada por el presidente que tiene fuerza normativa dentro del aparato federal y se apoya en leyes como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En el caso de Cuba, Donald Trump ha usado este instrumento para declarar una “emergencia nacional” y justificar que el país caribeño representa una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad estadounidense.
Estas órdenes no pasan por el Congreso, pero se apoyan en marcos legales preexistentes que amplían las facultades
del Ejecutivo en materia de sanciones económicas, controles financieros y restricciones comerciales. En la práctica, permiten al presidente y a agencias como el Departamento del Tesoro bloquear activos, imponer multas, negar licencias de exportación y perseguir a empresas o bancos extranjeros que se relacionen con Cuba, aun cuando estas operaciones sean legales según el derecho internacional.
Cómo la nueva orden ejecutiva recrudece el bloqueo
La orden ejecutiva firmada el 1 de mayo de 2026 da un salto cualitativo en la agresión económica, al establecer un sistema arancelario que permite aplicar gravámenes adicionales a las importaciones procedentes de cualquier país que directa o indirectamente suministre petróleo a Cuba. Expertos la describen como un paso “extremadamente agresivo e inédito” en la extraterritorialidad del bloqueo, pues busca cerrar “cualquier tipo de relaciones en sectores importantes para Cuba”, especialmente energía y minería.
Además de los aranceles, la medida autoriza sanciones secundarias contra bancos y empresas extranjeras que financien, transporten o aseguren cargamentos de combustible hacia la isla. La Casa Blanca ha advertido que cualquier banco que facilite una “transacción significativa” con entidades cubanas sancionadas puede ver cerradas sus cuentas en Wall Street, una amenaza diseñada para sembrar miedo y forzar el aislamiento financiero de Cuba.
El rasgo nodal de esta orden ejecutiva es su carácter abiertamente extraterritorial. No se limita a regular lo que las empresas estadounidenses pueden o no hacer, sino que castiga a países, bancos y compañías de todo el mundo que mantengan relaciones normales con Cuba, incluso cuando actúan desde jurisdicciones donde ese comercio es plenamente legal.
Casos previos ya mostraban esta lógica: bancos europeos que se negaron a prestar servicios a consulados cubanos por miedo a represalias, o multinacionales multadas por transacciones menores con entidades cubanas. La nueva orden profundiza esa práctica al presentar a Cuba como “amenaza”, buscando disuadir a socios como México, España, Rusia u otros países de suministrar combustible y bienes esenciales, bajo la amenaza de aranceles, multas o expulsión del sistema financiero estadounidense.
Más «sanciones» contra funcionarios
El lunes último el Departamento del Tesoro estadounidense anunció nuevas medidas contra altos funcionarios, jefes e instituciones militares cubanas, como parte de los planes de máxima presión contra la Isla. «En la dirección de nuestro Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense». Así lo aseguró, desde su cuenta en x, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
«El gobierno de EE. UU. lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar. La retórica anticubana del odio trata de hacer creer que existen para justificar la escalada de su guerra económica total», añadió el mandatario.
El impacto real en Cuba: una medida que asfixia a la población
Lejos de ser una herramienta “técnica”, la orden ejecutiva tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana en la isla. El bloqueo petrolero impulsado por Washington ha obligado a Cuba a racionar combustible, recortar el suministro a aerolíneas, aplicar semanas laborales reducidas y enfrentar apagones prolongados que paralizan transporte, producción y servicios básicos.
Informes recientes describen una situación crítica: hospitales sometidos a cortes eléctricos, dificultades para refrigerar medicamentos, escasez de alimentos y combustibles que obliga a familias a cocinar con leña o carbón, mientras el gobierno reorganiza a la carrera la distribución energética. Desde Cuba y numerosos países del Sur global se denuncia que este tipo de sanciones equivalen a un “castigo colectivo” que pega, ante todo, a los sectores más vulnerables, sin lograr sus objetivos de cambio de régimen.
Frente a esta nueva orden ejecutiva, el gobierno cubano, juristas y expertos califican la política estadounidense como una auténtica guerra económica, incompatible con el derecho internacional y con los principios más elementales de humanidad. La Asamblea General de la ONU ha exigido en 33 ocasiones el fin del embargo, recordando que las pérdidas acumuladas para Cuba superan los 170 000 millones de dólares y que las sanciones vulneran derechos fundamentales de la población.
Diversos actores —desde la Unión Africana hasta gobiernos latinoamericanos y organizaciones de derechos humanos— reclaman el fin de estas medidas coercitivas unilaterales y alertan de que las nuevas sanciones secundarias contra quienes comercian con Cuba abren un precedente peligroso para la soberanía de todos los países. Desde esta perspectiva, la orden ejecutiva de 2026 no solo intenta estrangular a la economía cubana, sino que consolida un sistema de “castigo global” que coloca a empresas y naciones enteras bajo el chantaje económico de Washington.
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