La norma no implica una declaratoria inmediata del estado de excepción, pero otorga al Gobierno los instrumentos legales para activarlo mediante decreto supremo, el que luego deberá ser remitido al Congreso, que tendrá un plazo de 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.
Crisis de gobernabilidad
Lo que comenzó en Bolivia hace más de un mes con demandas sectoriales específicas —como el reclamo del sector transporte por la pésima calidad del combustible, la exigencia
obrera de un incremento salarial y el pedido popular de una reducción de sueldos a los legisladores— escaló rápidamente a una crisis de gobernabilidad sistémica.
Heridos
Al menos 26 civiles y seis policías resultaron heridos ayer (cuatro de los uniformados recibieron impactos de bala) en San Julián, un poblado de Santa Cruz, durante un operativo para desbloquear una carretera que comunica con el departamento de El Beni, que se encuentra desde hace más de 20 días en manos de campesinos que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
El vicepresidente Edmand Lara afirmó este sábado que “Bolivia necesita autoridad responsable, respeto a la ley y diálogo”, al referirse a los hechos de violencia registrados en San Julián, donde se reportó la participación de grupos civiles durante el operativo policial-militar ejecutado para desbloquear la carretera Santa Cruz–Trinidad y exigió el cese inmediato de cualquier participación de grupos civiles en este tipo de operativos.
Los sucesivos y denodados intentos del gobierno para desarticular la protesta vienen fracasando: tanto la vía represiva como las propuestas de “diálogo” promovidas por la Conferencia Episcopal.
El Gobierno ha perdido el control político de la situación, atrapado entre la radicalización de las protestas populares y la presión del bloque oligárquico, que clama por la imposición del estado de excepción. Desde hace un mes el país está sacudido por una rebelión campesina, obrera, indígena y popular contra el gobierno de Rodrigo Paz. Los bloqueos de carreteras y caminos llegaron a 150.
El movimiento irrumpió contra un gobierno que asumió hace apenas seis meses y que ya había enfrentado una primera fase de movilizaciones entre diciembre y enero. El 2 de junio, miles de integrantes de los comités de bloqueo, campesinos y trabajadores ratificaron la exigencia de que el Gobierno de Rodrigo Paz se vaya: “No vamos a dialogar ni negociar con quienes tienen sangre de nuestras comunidades indígenas en sus manos, resistiremos en las barricadas hasta que el presidente Rodrigo Paz renuncie”.
¿A dónde va la rebelión boliviana? ¿Será posible articular las fuerzas desde abajo para pasar a la ofensiva y lograr la caída del Gobierno, o se impondrá la supervivencia del régimen por la vía del desgaste, los desvíos y la represión?
La irrupción de la Bolivia trabajadora y campesina se abre paso bajo la nueva ofensiva de Estados Unidos en América Latina, contra un gobierno ultraderechista aliado de Donald Trump. Por eso, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Christopher Landau, denunció en X un “intento de derrocamiento” y aseguró que Estados Unidos respalda “firmemente al Gobierno constitucional legítimo de Bolivia”.
El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, prometió el jueves (en llamada telefónica con el presidente Paz) que le proprocionaría ayuda frente a los bloqueo de carreteras, frutos de las protestas antigubernamentales, que se alargan ya por cinco semanas. Reforzó el mensaje advirtiendo que no dejarán que “delincuentes y narcotraficantes” derroquen a gobiernos elegidos democráticamente. El Gobierno también recibió apoyos de otros mandatarios ultraderechistas regionales: Javier Milei envió aviones militares, el chileno José Antonio Kast expresó su apoyo.
El 23 de mayo, una caravana encabezada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, partió hacia Oruro, junto a 2.000 efectivos policiales para despejar los bloqueos tras un disfraz “humanitario”, como exigía el bloque cívico-derechista. El ministro incluso tuvo que refugiarse durante algunas horas en un camino lateral, huyendo de bloqueadores y vecinos indignados. Los bloqueos no sólo no fueron desalojados, sino que se multiplicaron.
Las protestas no aminaron y el gobierno se vio obligado a apoyar los llamados al diálogo de la vicepresidencia y la Iglesia. La condición que pusieron las cúpulas sindicales era la anulación de las órdenes de captura que pesaban sobre sus dirigentes, entre ellos Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), acusado de “terrorismo”, y Vicente Salazar, de la federación campesina Túpac Katari.
Otro golpe contra el gobierno ocurrió el viernes 29 de mayo, cuando el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción de La Paz dejó sin efecto esas órdenes. Los dirigentes obreros y campesinos decidieron, tras consultar en un “ampliado” con sus bases, no aceptar el convite. Podían ser vistos como traidores si lo hacían.
El sábado 6 de junio, la policía, militares y grupos de la ultra derecha paramilitares, intentaron desalojar el bloqueo en la comunidad de San Julián. Después de más de seis horas, no lo habían logrado, porque hubo resistencia. A su vez, el Senado aprobó una Ley para regular el Estado de excepción y lo ha remitido a Diputados para su aprobación. Se teme que una represión generalizada pueda provocar un levantamiento también generalizado.
Los campesinos de las Comunidades Interculturales, organización tradicionalmente alineada con el ex presidente Evo Morales (2003-2019) y el Movimiento al Socialismo (MAS), hicieron frente a los uniformados con piedras y palos, quemaron llantas y pastizales para evitar el avance del contingente.
El expresidentre Evo Morales acusó a grupos de la derechista Unión Juvenil Cruceñista de haberse trasladado a San Julián, donde habrían “protagonizado enfrentamientos junto con manifestantes ante la presencia de efectivos policiales”.
En un pronunciamiento, la Central Obrera Boliviana, principal promotora de las movilizaciones, aseguró que se ejecutan “operativos clandestinos” contra sus dirigentes, que están siendo sometidos a una “cacería humana”. En este contexto, fue aprehendido Bernabé Gutiérrez, dirigente de la organización de campesinos Ponchos Rojos y ex director de Derechos Humanos del ministerio de Defensa durante el gobierno del presidente Luis Arce (2020-2025) del MAS, acusado de instigación al uso de armas.
Según las denuncias, Gutiérrez habría difundido en redes sociales videos en los que se observa a personas encapuchadas portando armamento mientras convocan a una “guerra civil”.
* Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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