Argentina debate su sistema financiero: Otra forma de afirmación nacional
Natalia Brite* 
No es casual que el movimiento cooperativo respalde el proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social (LSF). La iniciativa busca reemplazar el decreto-ley 21526 de Entidades Financieras, que firmó el régimen dictatorial en 1977. Aquel instrumento fue un duro golpe a la entonces vigorosa economía social.
La LSF ingresó al Congreso de la Nación a través del titular del Partido Solidario, Carlos Heller, diputado nacional del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario (NEPS). Acompañan con su firma los diputados Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, Jorge Rivas y Martín Sabbatella, del mismo bloque. También respaldan la propuesta Nélida Belous, de Proyecto Progresista Tierra del Fuego; y Silvia Vázquez, del Partido de la Concertación. Actualmente, el proyecto se encuentra en tratamiento en las Comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda.
El ex presidente de Argentina y actual titular de la UNASUR y del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, expresó su satisfacción por el debate que comienza. Como diputado de la Nación, encomendó a su bloque apoyar la iniciativa.
Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también solicitó al Congreso, en marzo pasado, la necesidad de buscar "consensos para debatir la reforma financiera y tributaria".
La reformulación del sistema financiero trae emparentadas severas discusiones entre sectores políticos que representan modelos opuestos. También obliga a explicitar, tal como sucedió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los intereses de los sectores de la economía concentrada, que en nada acuerdan con la regulación de la actividad.
La oposición ya comenzó a expresarse en los medios hegemónicos. El 14 de junio, Ámbito Financiero -diario especializado en temas económicos- tituló: “Reactiva Kirchner proyecto con más controles a bancos”. En ese tono alarmista añadió la frase: “Impulsarán legisladores oficiales peligrosa iniciativa de Heller”.
Según el diario, el peligro del proyecto reside en que “se declara a la actividad financiera como un servicio público, regulado según las necesidades de los usuarios y no de los bancos; el BCRA evitará la concentración bancaria supervisando que ninguna entidad privada tenga más del 8 por ciento de los depósitos y préstamos; se crearía la defensoría en el BCRA y un departamento de atención al usuario en cada entidad”. Además, la LSF “establecería que haya servicios esenciales obligatorios para ofrecer a los sectores de menor ingreso sin costo o un mínimo de comisiones; y las entidades deberán destinar a las micro, pequeñas y medianas empresas no menos del 38 por ciento de su financiamiento al sector privado, y un 2 por ciento a los microemprendimientos”.
El portal informativo Noticias24 tituló el 14 de junio: “Intentan recuperar el proyecto Heller para apropiarse de negocios de la banca privada”. En la nota se expresa que la sanción de una nueva ley apuntaría a saciar una supuesta necesidad del oficialismo de “administrar recursos financieros líquidos”.
Por su parte, el histórico representante de la oligarquía argentina, el diario La Nación, publicó el 28 de junio el artículo “Busca estatizar el Gobierno un fondo de más de 4.200 millones de pesos de los bancos”. Allí considera un perjuicio que el proyecto de “diputados cercanos al kirchnerismo” prevea que “el BCRA administre el dinero con el que se garantizan los depósitos a la vista, que, desde 1995, es manejado por una sociedad anónima”.
Para más datos sobre el texto en discusión, sugerimos remitirse al artículo “Finanzas sí, pero para la democracia”, publicado en abril de este año por APM.
Especialistas del entorno de Heller aseguraron a APM que “los argumentos opositores son similares a los que surgieron cuando se estatizó el sistema jubilatorio. A estos mismos sectores les parecía bien que empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, manejaran a su gusto los fondos de las jubilaciones; pero que el Estado asumiera esa responsabilidad a través de la ANSES era autoritario”.
Desde la presidencia de la Comisión de Finanzas, a cargo del opositor Alfonso Prat Gay, informaron a APM el convencimiento de su bloque acerca de que el diputado “debe ser el anfitrión de la discusión” y por lo tanto “un árbitro neutral”, motivo por el cual no concedió una entrevista directa a esta agencia.
De cualquier modo, desde el bloque legislativo expresaron que “al momento de emitir el o los dictámenes de la Comisión, Prat Gay hará explícito su parecer”. Informaron que el proyecto comenzará a discutirse el martes 13 de julio cuando usuarios y consumidores -principalmente pequeños y medianos empresarios y comerciantes- se presenten en la primera reunión en agenda. Luego será el turno de las entidades bancarias y financieras en general, académicos y especialistas en la materia. También sumarán sus voces los entes reguladores de la actividad.
Se estima que las rondas de consultas insumirán al menos 45 días. Pasado ese lapso, el debate ya estaría en condiciones de llegar al recinto.
Desde el bloque oficialista, el asesor económico de Gustavo Marconato, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó a APM que “aún no hay agenda diseñada, pero como el proyecto no implica grandes partidas presupuestarias no será de largo debate en esa Comisión. Una vez que tenga el dictamen de Finanzas, el paso por Hacienda y Presupuesto será rápido”.
El diputado nacional del partido opositor Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Gerardo Milman, presentó en diciembre de 2009 otro proyecto en torno a las entidades financieras. Se titula Ley de Servicios Financieros y Derechos del Usuario de Crédito.
En diálogo con APM, el legislador expresó una visión de la actividad que es contraria a la del bloque que lidera Sabbatella: “no todos somos iguales a la hora de pedir un crédito”. Si se habla de servicio público “estaríamos obligando a los bancos a otorgarle un crédito a personas que no son solventes”. Por ello, el legislador se limita a declarar “de interés público” a la actividad financiera.
Milman privilegió el resguardo de los intereses comerciales al explicar que su proyecto promueve que “cada banco pueda elegir y especializarse en la atención a un sector de tomadores de crédito determinado”, aunque cada uno suponga un margen de renta distinto. No considera que “se deba obligar a los bancos a asistir a nichos del mercado que no representan su vocación o que no están dentro de sus objetivos comerciales”.
En diálogo con APM, el economista Abraham Gak, director del proyecto estratégico Plan Fénix y docente de la Universidad de Buenos Aires, analizó el panorama actual del sistema financiero.
Con la ley vigente existe una “libertad de decisión en la utilización de los recursos por parte de los bancos. Esto genera que se financie básicamente el consumo de las clases medias y altas a través de las tarjetas de crédito, con tasas sumamente elevadas”. Así, la inversión productiva se encuentra desprotegida.
Por otro lado, explicó Gak, “el crédito está orientado a las medianas y grandes empresas”. Aseguró que “tampoco hay una regulación de los créditos, con lo cual los bancos son prácticamente los dueños de los depósitos, cuando en realidad son de la sociedad o del Estado”.
El especialista expresó que ante esa situación, “filosóficamente se justificaría un redireccionamiento de los créditos en función de un modelo productivista”.
El economista señaló, además, que “el acceso al crédito hipotecario es casi inaccesible para sectores medios-bajos y bajos. Esto también justificaría una mayor acción estatal para delimitar el uso de los capitales que derive en la existencia de préstamos hipotecarios con tasas de interés de no más del 4 por ciento”.
En el panorama brindado por Gak, y en las declaraciones vertidas por dirigentes y medios opositores, subyacen la relevancia política del proyecto de LSF y la pertinencia de que la autoría del mismo recaiga sobre un dirigente cooperativista.
A mediados de 1960 había cerca de 1000 cajas de crédito regadas por casi todo el territorio nacional, llegaron a representar el 10 por ciento de los depósitos en el país, y conformaron una vastísima red de servicios cuasi-bancarios que atendía a millones de personas.
Eran entidades de conformación y administración popular. A través de ellas, los ahorros de los ciudadanos financiaban emprendimientos de sus vecinos. Repelían las premisas capitalistas y fueron reivindicadas por los adeptos al “fantasma que recorría” el mundo en aquellos años: comunistas y socialistas. Esta forma de asociación tuvo como protagonistas a los sectores bajos que no podían acceder al sistema bancario de la oligarquía.
Las dictaduras cívico-militares de Argentina sintieron la necesidad de acabar con ellas, y así lo hicieron. Primero fue el presidente de facto Juan Carlos Onganía, quien en 1966 dictó la ley 16898 que estableció el control del Banco Central sobre las cooperativas de crédito, les prohibió sostener cuentas corrientes obligándolas a inscribirse como entidades financieras no bancarias y a devolver los depósitos a la vista en una semana.
Según la historiadora Susana Brauner “esa medida significó la liquidación de alrededor del 10 por ciento de las cooperativas en sólo 11 meses de vigencia, porcentaje que se incrementó con creces en los años venideros”.
En 1976, irrumpió en el poder una nueva dictadura cívico-militar. El gobierno de facto encabezado por el genocida Jorge Rafael Videla desmembró por completo el aparato productivo nacional y marcó las primeras huellas para la instauración del proyecto neoliberal dictado desde Washington.
Para llevar a cabo ese cometido, el régimen que se extendió de 1976 a 1983 tuvo dos decretos-ley fundamentales: una fue la ley de radiodifusión, recientemente reemplazada por una normativa democratizadora y antimonopólica; y la otra fue la aún vigente Ley 21526 de Entidades Financieras.
*Columnista de la Agencia de Prensa del Mercosur