Problemática pesquera en Argentina: acuerdos turbios y precarización laboral
Nuria González*
El conflicto entre trabajadores portuarios y empresarios del sector tiene como base fundamental los acuerdos comerciales que se han hecho a nivel nacional con países desarrollados como España.
No hay dudas de que Argentina cuenta con una extensa costa marítima, lo que genera grandes riquezas, pero también problemas. Entre estos problemas se pueden resaltar principalmente tres, altamente relacionados entre si. El primero es la falta de controles en la Zona Económica Exclusiva de pesca (las 200 millas marinas); el segundo es la sobreexplotación de pesca de la merluza y el tercero, pero no por eso menos importante, la precarización laboral de los trabajadores en tierra.
Argentina ha delimitado su Zona Económica Exclusiva (ZEE) a través de la ley 17.094, sancionada el 10 de enero de 1967, donde se establece la soberanía nacional sobre el mar Argentino a 200 millas de la costa, y sobre el subsuelo marítimo. En septiembre de 1991 se sancionó la ley 23.968 sobre espacios marítimos, en la cual se expresa el control que debe haber sobre la zona exclusiva de pesca, como así también en la aduana correspondientes a proteger los recursos naturales nacionales.
Mediante estas leyes el Estado argentino limita la pesca a barcos con bandera argentina en aguas próximas a las costas, que además es la zona donde se concentran la mayor cantidad de especies. El problema surge cuando analizando el comportamiento de ciertas especies como la merluza, se puede comprobar que se desarrollan entre la milla 190 y 205, dificultando el control del recurso.
Argentina, a raíz de la guerra con Gran Bretaña por las Islas Malvinas en 1982, ha perdido su dominio en las aguas aledañas a las islas, que por lo tanto se ha convertido en una zona de total exclusión para la flota argentina. Si bien se han firmado tratados bilaterales comerciales entre Argentina y países como Rusia o Bulgaria, no se ha tenido el éxito esperado. A cambio de pescado extraído de esa zona, Argentina permitía la libre circulación de sus socios en su zona exclusiva.
En cuanto a la zona adyacente a las 200 millas Roberto Maturana, Oficial de Marina mercante e investigador del tema explica que “esta zona comenzó a convertirse en otro problema, también a partir de la guerra de Malvinas, debido a la concentración de flotas pesqueras extranjeras que venían atraídas por la falta de limitaciones en la zona de exclusión declarada por los ingleses”.
En ese marco, Argentina ha hecho acuerdos con la Unión Europea (UE), y principalmente con España para permitir pescar en sus costas sin ningún tipo de restricción.
El 6 de mayo de 1994, luego de dos años de negociaciones, se firmó el Acuerdo sobre las relaciones en materia de peca entre la Unión Europea (en ese momento todavía Comunidad Económica Europea) y Argentina. Se firmó con el objetivo de “modernizar” la flota nacional a cambio de facilitar permisos de pesca para los españoles.
A partir de dicho acuerdo pesquero se triplicó la captura histórica y el nivel de exportaciones al costo de una inmensa depredación. La captura considerada, según el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), apta para la reproducción de la especie es de 280.000 toneladas al año; sólo en 1998 se capturaron 410.000. No obstante, el 2 de Junio de 1999 se sancionó la ley 25.109.denominada: Ley de Emergencia Pesquera Nacional, declarando la merluza común o Hubbsi en peligro de colapso. Sin embargo la depredación ilegal sigue su rumbo.
La plataforma submarina argentina es el mayor reservorio de la merluza que se consume en todo el mundo. Pero esto parecería no importarles a los gobernantes argentinos que cada vez más lejos están de generar políticas de desarrollo y consumo sustentable de los recursos naturales. Con sus decisiones políticas “alentaron la formación de empresas mixtas entre empresarios españoles y argentinos, tan venales como los funcionarios y que solo aportaron nombre y lugar físico para las instalaciones. Los “piratas (españoles) desembarcaron su tecnología de ‘primer mundo’ y están exprimiendo el mar argentino, sin reproche para ellos y para perjuicio de la Argentina” criticó Maturana.
Con la conformación de empresas mixtas lo que se consiguió es: permisos legales, ya que son tramitados por barcos argentinos, pero las mayores ganancias y la mejor calidad de lo pescado, caen en manos españolas.
A su vez, Maturana manifiesta que ante las publicaciones de la prensa a partir de 1997 -momento en que la falta de controles en el mar argentino se comenzó a vislumbrar más claramente- el gobierno se vio presionado para conseguir mejoras en el sector. Esta situación se dio en un escenario, donde un record de exportaciones de productos pesqueros fue de 1000 millones de dólares.
“Lamentablemente, también se marcó el punto de partida del vertiginoso descenso en el nivel de las capturas. No hubo una política de promoción responsable de las exportaciones, el boom exportador desembocó, en el transcurso de un año, en la mayor crisis del sector pesquero de la historia en la Argentina”, explicó Maturana.
Sin duda que es una tarea complicada demarcar límites en el mar, pero seguramente más complejo es si ni siquiera se intenta realizar. En diciembre de 1998 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) dispuso que “a fin de brindar mejores condiciones de control y seguridad a la actividad pesquera, se implementó el Sistema de Monitoreo Satelital (Monpesat) de la flota pesquera argentina”.
Un año después, la empresa española Saincel Sistemas Navales -adjudicataria del servicio de control satelital- anunció la interrupción de las prestaciones esgrimiendo “falta de pago, ausencia de propuestas concretas e incumplimiento de compromisos”. De esta manera, unos 400 buques, que antes eran monitoreados continuaron pescando sin ningún tipo de control oficial.
No quedan dudas de que todos estos acuerdos comerciales y la falta de compromiso por parte del Estado argentino, para la conservación de un recurso natural como es el mar y todas las especies que viven en él, tienen una repercusión negativa en las sociedades que dependen económicamente de la pesca. Un ejemplo es la ciudad de Mar del Plata (ubicada a 500 km de Capital Federal hacia el sur), donde todavía hoy el ingreso más fuerte que tienen de dinero proviene de la industria pesquera, seguida por la industria textil y el turismo.
En la actualidad viven aproximadamente 700 mil personas en la “Ciudad Feliz”, entre las cuales más de 17 mil personas están afectadas por la problemática pesquera de manera directa o indirecta. En una de las cinco ciudades que encabeza la lista con mayor cantidad de desocupación, los trabajadores denuncian la precarización laboral y la utilización de figuras asociativas que significan un claro fraude a la ley laboral.
“Los hacen pasar como socios cooperativos para negarles la relación de dependencia y con ello sus derechos sociales”, denunciaron representantes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) nacional y de Mar del Plata.
Estos reclamos no pudieron dejar de ser oídos durante los reiterados paros de trabajadores que se vienen realizando fuertemente desde 2006, donde se produjeron pérdidas calculadas en 180 millones de pesos. Sin embargo, es hasta el día de hoy que los reclamos de los trabajadores no son tenidos en cuenta en su totalidad. Principalmente, estos trabajadores exigían un aumento de salario a 980 pesos y la incorporación a planta permanente, ya que son los más perjudicados por las exportaciones de pescado sin procesar.
Significa que tal como baja el pescado de los buques fresqueros (aquellos que mantienen el pescado frío) es enviado al extranjero. Además, es importante saber que muchas de las labores que antes se realizaban en tierra, ahora se hacen arriba de los grandes barcos.
En marzo se llevó a cabo en Mar del Plata una jornada organizada por la Comisión Mixta y Permanente de Intereses Marítimos del Partido de General Pueyrredon, donde los legisladores locales, provinciales y nacionales escucharon a los principales actores de la pesca. Allí se habló de falta de controles, coimas y corrupción, sobrepesca, depredación, descartes de juveniles, subdeclaración de capturas, pescado en negro, plantas clandestinas, entre otros temas.
Asimismo, durante ese encuentro se observaron al menos dos importantes ejes de coincidencias centrados en la necesidad de cuidar el recurso merluza y preservar el trabajo de la gente.
"Esta sesión especial fue impulsada por la Comisión Mixta de Intereses Marítimos con el propósito de que cada sector pueda plantear su situación particular y esbozar propuestas de solución a la crisis pesquera que se acentúa en la ciudad, a raíz de la reducción del cupo de merluza hubbsi previsto en la Resolución 65/2007 de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación", explicó Ricardo Alonso, presidente de la Comisión y concejal del Frente para la Victoria-Concertación plural.
En dicha reunión todos los participantes advirtieron que el sector pesquero se encuentra a las puertas –nuevamente- de una situación delicada, que algunos no dudan en presentar como una crisis debida a la escasez del principal recurso (la merluza), todavía más grave que aquella que sufrió especialmente Mar del Plata una década atrás.
Es importante recalcar que se han presentado proyectos para una solución al conflicto pesquero. El legislador por la Provincia de Buenos Aires, Carlos Nivio, y los nacionales Gustavo Serebrinsky de Frente para la Victoria, y Vilma Baragiola de la Unión Cívica Radical, presentaron proyectos de ley que apuntan a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en tierra, desalentando la exportación de pescado sin procesar.
También en el Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata, en base a una propuesta de Alonso, avanzó un proyecto tendiente a la unificación de los requisitos para la habilitación de las plantas pesqueras. Hoy existe un tratamiento muy dispar según se trate de la actuación del Senasa o de la Municipalidad, y en tanto sigue alto el nivel de clandestinidad existe un problema de larga data y sobre el que llamaron fuertemente la atención el año pasado las protestas y movilizaciones de los trabajadores "cooperativizados".
Por su parte, el principal vocero de los fresqueros, Darío Sócrate, durante la reunión con empresarios y gobernantes, planteó la necesidad de una regulación determinando la cantidad de salidas de embarcación y no en base a las declaraciones e inspección de lo que se pesca.
En tanto que el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), pidieron mayor firmeza en los controles.
Bajo este marco, por el bien económico y social de muchas ciudades de Argentina, se espera que este problema tenga una pronta solución. Tanto gobernantes como la sociedad en su conjunto deben hacer un uso responsable y conciente de sus recursos naturales para poder contar con ellos por muchos años más.
*Alumna del Seminario “Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos”, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.