Se va la segunda (presidencia de Cristina Kirchner)
. En 2004 pude debatir en el programa de televisión “Oppenheimer presenta”, que se transmite desde Miami para toda América Latina, con quienes eran jefe del Comando Sur y viceministro del Pentágono para América Latina, el general James T. Hill y Roger Pardo Maurer. Ambos agitaron el fantasma del populismo radical en América Latina e intentaron confundirlo con el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad organizada, el lavado de dinero y las pandillas urbanas, que “amenazan la seguridad de los Estados Unidos”. Les pregunté qué estaba haciendo el Ejército de Estados Unidos dentro de Estados Unidos frente a esos problemas. Pardo Maurer enfureció.
Dijo que era una pregunta tendenciosa, porque Estados Unidos tenía “un sistema legal muy establecido”, donde las Fuerzas Armadas, la policía y la Justicia tiene roles bien definidos, a diferencia de América Latina. Esta respuesta sería más difícil de sostener hoy, cuando el Capitolio está a punto de aprobar dentro de la ley que autoriza los gastos de Defensa una sección presentada en forma conjunta por los senadores Carl Levin, demócrata, y John McCain, republicano, que permitiría que todos los acusados de terrorismo, aun norteamericanos y dentro de Estados Unidos, fueran encarcelados por tiempo indefinido en prisiones militares, sin juicio alguno.
En una votación preliminar obtuvieron 61 de los 100 votos del Senado. Glenn Greenwald, defensor de causas civiles y constitucionales y autor de dos bestsellers sobre el gobierno de George W. Bush, escribió que “para nuestra clase política y para el sector privado que la posee”, la interminable Guerra contra el Terrorismo “ es una adicción: no el medio para un fin sino un fin en sí misma”. Para Greenwald, lo peor es que esta ley no hará más que codificar lo que el gobierno ya está haciendo.
Como anunció el Senador Lindsey Graham: “Si un ciudadano norteamericano traicioná a su país, no tendrá un abogado que lo defienda”, lo cual implica violar el artículo III, sección 3 de la Constitución. En este contexto mundial, las implicaciones del proyecto de ley argentino, que tiene estado parlamentario desde octubre, son tan graves que es poco recomendable su tratamiento de apuro en sesiones extraordinarias, sin posibilidad de convocar a juristas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan algo para decir.
*Analista de Página 12