El plan nuclear argentino que espió la «inteligencia» de EEUU en los 80
Martín Granovsky – Página 12, Romina Lascano
Dcumentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revelaron que la Argentina, al igual que Brasil, estaba decidida a desarrollar un “ciclo del combustible nuclear” independiente con la capacidad de reprocesar plutonio y enriquecer uranio durante la última dictadura militar.
Como Brasil, Argentina fue uno de los pocos países de América latina que se negaron a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (NTP, según su sigla en inglés). Así, las actividades nucleares en el país fueron sometidas a una rutina de control profundo para ver si estaba involucrado en algo que sugiriera un interés en la capacidad armamentista.
Las agencias de Inteligencia norteamericanas siguieron de cerca los desarrollos, pero las perspectivas cambiaron, como la política interna argentina. Preparada después del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas –en el que Washington ayudó a Londres–, la evaluación profesaba una “gran incertidumbre” sobre las intenciones nucleares de Argentina.
Mientras “emocionalmente” el gobierno militar argentino estaba interesado en la opción armamentista, había “reducido la capacidad para cumplir este deseo”. Sin embargo, de forma correcta o incorrecta, el personal de Inteligencia asumió que la cúpula militar había “reservado cuidadosamente la opción de desarrollar armas nucleares”. Por lo tanto, si la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) decidía implementar la opción, tenía dos rutas posibles para obtener el plutonio: el desvío de combustible usado de un reactor protegido o el desvío de combustible usado de un reactor no protegido que estaba funcionando.
La estimación realizada en 1982 no menciona el proyecto de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa en Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, que, según se detalla, la Argentina comenzó en 1978 cuando la administración del ex presidente norteamericano, Jimmy Carter, cortó la venta de uranio enriquecido a los países que se negaban a firmar el NPT. Sin embargo, de acuerdo con el informe de septiembre de 1985 de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en 1981 los servicios secretos conocieron “la instalación nuclear secreta”. Mientras el gobierno militar estaba colapsando, en noviembre de 1983, el saliente jefe de la Comisión de Energía Atómica, vicealmirante Carlos Castro Madero, anunció el éxito de la capacidad de enriquecimiento y la planta de Pilcaniyeu fue dada a conocer al mundo.
Más tarde, el gobierno democrático conducido por Raúl Alfonsín tomó una “postura ambigua” sobre armas nucleares. En su valoración de 1984, la comunidad de Inteligencia estaba más segura sobre las políticas nucleares de Argentina. “Sobre la base de la evidencia discernible, Argentina no tiene un programa para desarrollar o probar explosivos nucleares”, rezaba el informe. Aunque prevenía que Alfonsín era poco probable que cambiara “los esfuerzos argentinos a largo plazo para alcanzar su meta de adquirir una amplia gama de recursos provenientes del ciclo del combustible nuclear”.
De acuerdo con eso, los militares –que todavía jugaban un rol central en el programa de energía nuclear– estaban “de acuerdo con continuar su injerencia en algunos de los programas nucleares más delicados, incluyendo el enriquecimiento y reprocesamiento de uranio”. A pesar del pedido de la CNEA, que había desarrollado la capacidad de enriquecimiento de uranio, la estimación no pudo confirmar que “el equipo autóctono funcionaba exitosamente”.
Según los archivos, un año más tarde la CIA estaba aún más definida sobre la capacidad argentina. De acuerdo con el informe de 1985, los argentinos “han alcanzado por lo menos una prueba de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa”. En otras palabras, se trataba de un sistema viable. Sin embargo, la planta de enriquecimiento no estaría “plenamente operativa hasta 1987-1988”. Mientras la evaluación de los intereses argentinos en armas nucleares no cambió, los analistas de la CIA afirmaron que “la Argentina continúa desarrollando las instalaciones y las capacidades necesarias que podrían sostener un esfuerzo en la producción de armas nucleares”.
Del reporte de la CIA, emitido en 1985, se desprende que la Argentina cooperaba en materia nuclear con algunos países, aunque destaca que muchos de los acuerdos estaban inactivos. Entre los estados que la CIA menciona se encontraban Argelia, Brasil, Chile, China, Colombia, Perú y Uruguay. Especifica que existían acuerdos entre las comisiones de energía atómica de Brasil y Argentina para la capacitación de recursos humanos e intercambio de información técnica. Detalla que en 1983 Argentina firmó con Chile un acuerdo nuclear suplementario, que en diciembre de 1981 acordó con Colombia un plan de acción de dos años, extendido en 1983 y que entrenó a científicos uruguayos en las instalaciones de la CNEA y suministró al país vecino de radioisótopos para usar en medicina y agricultura.
La central de uranio enriquecido de Pilcaniyeu fue cerrada en 1983 por ser considerada inviable a nivel económico. En tanto, Argentina y Brasil adhieren actualmente al Tratado Internacional de No proliferación de Armas Nucleares.
No fueron tan inteligentes
Los documentos desclasificados por los Estados Unidos parecen indicar un error de apreciación: los servicios de inteligencia creyeron que los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney tenían una posición ambigua ante el desarrollo de un programa nuclear de alcances militares. En realidad, Alfonsín y Sarney pudieron haber sido ambiguos en el discurso público, pero no lo fueron en su práctica| MARTÍN GRANOSVKY
En septiembre de 1985, fecha en que está datado el último de los informes revelados ayer, ambos presidentes ya habían puesto en marcha un programa de confianza mutua capaz de destruir toda sospecha sobre que el vecino respectivo estuviera en camino a la bomba atómica. Alfonsín se encontraba a punto de cumplir dos años de gobierno. Sarney, ni uno.
La Argentina no adhirió de entrada al Tratado de Tlatelolco, sobre no proliferación de armas nucleares en América latina, redactado por México en 1967 y con vigencia desde 1969. Lo hizo recién en 1994, bajo el gobierno de Carlos Menem y con Guido Di Tella en la Cancillería. Brasil lo firmó en el mismo año.
En 1968, cuando se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Argentina tampoco adhirió. La dictadura de Juan Carlos Onganía consideraba que si renunciaba a ser parte del pequeño club nuclear (los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, el Reino Unido y China) perdería la chance de fabricar un aparato disuasivo y su seguridad quedaría mocha. La Argentina adhirió recién en 1995. Brasil, en 1998.
La polémica sobre la adhesión a ambos tratados y sobre la discriminación no se debía sólo a la determinación o no de contar con armas nucleares. El punto no era solamente la proliferación el tema. Era, también, el desarme de los armados. Es decir, el desarme de las potencias nucleares. Una discusión que hoy continúa.
De todos modos, si los Estados Unidos tenían algún recelo sobre el espíritu proliferante de la Argentina y Brasil lo lógico es que lo abandonaran en 1985. Alfonsín, su canciller, Dante Caputo, y su secretario de Asuntos Especiales, Jorge Sabato, habían resuelto terminar el conflicto con Chile por el canal de Beagle. Con Brasil la Argentina no se había acercado a una guerra como con Chile en 1978, pero en sectores de las Fuerzas Armadas quedaban en pie proyectos de desarrollo nuclear en competencia con el vecino.
Para garantizar la integración y eliminar justificativos presupuestarios y políticos esgrimidos por el partido militar, en diciembre de 1985 Alfonsín y Sarney firmaron en Foz de Iguazú la Declaración Conjunta sobre Política Nuclear. Tenía tres principios. Uno, su “compromiso de desarrollar la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos”. El segundo, el “propósito de cooperar estrechamente en todos los campos de la aplicación pacífica de la energía nuclear y de complementarse en los aspectos que recíprocamente estimen conveniente acordar”. El tercero, “su anhelo de que esta cooperación sea extendida a los otros países latinoamericanos que tengan los mismos objetivos”.
Después llegarían las visitas de Sarney a la planta argentina de Pilcaniyeu y la de Alfonsín a la planta brasileña de Iperó. La relación de confianza fue una garantía más sólida de no proliferación que el TNP, Tlatelolco o cualquier compromiso con los Estados Unidos. La inteligencia norteamericana no dio cuenta de ese proceso en 1985, a pesar de que el último de los documentos desclasificados ayer estaba cerca de la fecha.
También cabe la posibilidad de que los servicios secretos de los Estados Unidos sí hubieran percibido el cambio, pero los documentos que lo prueban no hayan sido desclasificados. Lo cierto es que, más allá de Washington, los dos Estados emprendieron una política que dio otro paso en 1991 cuando pusieron en marcha el Abacc, Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. En 2011, los cancilleres Héctor Timerman y Antonio Patriota festejaron los 20 años de la Abacc.
El dossier Brasil
La información secreta de Estados Unidos sobre Brasil entre 1983 y 1985 señala la búsqueda de autonomía tecnológica e industrial del gigante sudamericano, lo que en términos nucleares significa el desarrollo de un programa propio para dominar el ciclo del combustible, incluyendo el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de plutonio. En busca de esos objetivos –de acuerdo con las agencias estadounidenses– Brasil no quería afrontar ninguna restricción y sus líderes no respondieron a Estados Unidos o a otras presiones para salvaguardar las instalaciones nucleares.
Aunque Brasil redujo su programa nuclear civil y se ha retirado virtualmente del polémico acuerdo con Alemania occidental, los servicios militares seguían adelante con una variedad de proyectos secretos nucleares R&G. De acuerdo al informe de 1985, las centrifugadoras del Instituto de Investigación de Energía Nuclear habían enriquecido uranio de forma exitosa. Asimismo, la evalución predijo las capacidades indispensables para desarrollar armas nucleares para 1990. La negativa de Brasil a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y la insistencia de que el Tratado de Tlatelolco permitía explosivos nucleares con fines pacíficos “demuestran una determinación en preservar la opción de las armas nucleares”.
*Publicado en Página 12 de Argentina