Argentina: ¿Quién cuida a nuestros enfermos psiquiátricos?
Nuria González Rouco*
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2002 había 154 millones de personas en el mundo que sufrían de depresión y 25 millones de esquizofrenia. Más de 90 millones tenían problemas de dependencia al alcohol y 15 millones a las drogas. Estudios publicados recientemente muestran que alrededor de 877 mil personas se suicidan por año, a causa de trastornos mentales sin tratamiento.
Los principales trastornos mentales y de comportamiento -la depresión, los trastornos relacionados con consumo de alcohol, las autolesiones, la esquizofrenia y el trastorno bipolar- en personas de entre 15 y 44 años de edad, representan cinco de las diez principales enfermedades que sufren las sociedades modernas.
A su vez, la OMS ha revelado que más del 40 por ciento de los países carecen de política de salud mental; más del 30 por ciento de los países carecen de un programa de salud mental; más del 25 por ciento de los países carecen de medicación psiquiátrica básica en la atención primaria de salud; y el 70 por ciento de la población mundial tiene acceso, al menos a un psiquiatra por 100 mil habitantes.
Los trastornos mentales no solamente involucran a personas adultas o ancianas, sino que también lo sufren niños y adolescentes. Aproximadamente, unos 17 millones de jóvenes de 5 a 17 años de edad de América Latina y el Caribe padecen trastornos mentales de suficiente gravedad como para requerir tratamiento.
El código Civil argentino permite la internación psiquiátrica bajo parámetros generales y ambiguos. En el artículo 482 se establece que “el demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer que, usando de ella, se dañe a sí mismo o dañe a otros”. Si bien la condición del “dañarse a sí mismo o a otros” sí cumple con los estándares internacionales, nunca llega a definir el término “demente”, que es extremadamente ambiguo y, además, altamente estigmatizante.
Luego de una reforma legal de dicho Código, se amplio la posibilidad de internación a personas que pudieran “afectar la tranquilidad pública”, a todo aquel que tuviera problemas de abuso de drogas o alcohol. Como también, a quien un juez decida que necesita asistencia psiquiátrica en vez de encerrarlo en la cárcel, la cual es la principal causa de encierro en los neuropsiquiátricos de personas drogodependientes o alcohólicos.
En Buenos Aires funcionan cuatro hospitales neuropsiquiátricos: el infanto-juvenil “Dra. CarolinaTobar García”, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Dr. Torcuato de Alvear”, los involucrados en la ley de desmanicomización en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial “José Tiburcio Borda” y el Hospital Neuropsiquiátrico “Braulio Moyano”.
El Hospital Borda fue fundado en 1863, y solamente recibe a hombres mayores de edad. Si bien tiene una capacidad para 1200 camas, esta cifra incluye las camas que son utilizadas para urgencias, admisión y para pacientes con cuadros graves de histeria o psicosis. Por lo tanto no alcanzan las camas para los 989 hombres que hoy se encuentran internados, ya sea por enfermedades crónicas, disposiciones judiciales y abandonados por sus familiares. En este sentido Daniel Cichelo, coordinador de la guardia del Hospital denunció que “hay un 60 o un 70 por ciento de los internos que no deberían estar acá”.
En tanto, para las mujeres existe el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano fundado en 1854, donde actualmente residen más de 1271 internadas. Los tiempos de internación van desde 3 meses a 5 años y medio. Del total de internados, 210 de ellos llevan entre 25 y 66 años de asilo; otros 630 pacientes tienen entre 10 y 25 años de internación.
El ritmo de vida cada vez más acelerado en las grandes ciudades genera en las personas picos de stress, lo cual muchas veces deriva en ataques de esquizofrenia o conductas bipolares. En algunos casos las familias no saben cómo tratar a estos enfermos y terminan “depositándolos” en los hospitales psiquiátricos, sin ni siquiera irlos a visitar. En el caso del Hospital Borda, los internados por autorización de la familia superan las 395 personas.
De esta manera, los neuropsiquiátricos están superpoblados y violan derechos fundamentales de las personas, atentando contra su dignidad mediante tratamientos inhumanos. Al no contar con la cantidad de camas necesarias, es muy frecuente encontrar gente durmiendo con colchones en el piso, además de no contar con las mínimas condiciones de higiene y salubridad, lo que las hace más vulnerables al contagio de cualquier tipo de enfermedad.
“Los pabellones que funcionan como dormitorios son amplios, la pintura está corroída y la falta de luz natural hace aún más deprimente el escenario. Las madera de las camas están resquebrajadas y los colchones son tan finitos que parece que en cualquier momento fueran a desaparecer”, describió Andrea Palombo quien visitó recientemente el Hospital Borda. A su vez, el mismo Cichelo confiesa que “el Borda ya no es habitable”. Con la implementación de la ley 448, y el cierre definitivo de los actuales hospitales neuropsiquiátricos, lo que se intenta es priorizar acciones y servicios de carácter ambulatorio, es decir que las internaciones no superen los 30 días en hospitales generales. Además de crear nuevas modalidades de atención alternativas a la internación como casas de medio camino, centros de capacitación sociolaboral, y talleres protegidos. Todo esto, bajo un seguimiento y supervisión de la persona externalizada para garantizar la continuidad de la atención.
En tanto, las personas que no tengan contención familiar a la hora de ser dadas de alta, deberán ser albergadas en lugares que disponga el área de Promoción Social.
La sanción de esta ley se da en un marco internacional favorable a garantizar los derechos fundamentales de los enfermos mentales, ya que está comprobado que el encierro y el aislamiento no son favorables para solucionar los trastornos mentales que se viven a diario en las sociedades modernas.
Estas políticas de desmanicomización o desinstitucionalización, se basan en informes realizados por la OMS, donde señalan que las enfermedades mentales se pueden diagnosticar y prever un tratamiento ambulatorio al igual que las dolencias físicas.
Por lo tanto estos proyectos plantean la necesidad de la inserción en la sociedad de los enfermos, como también una forma de tratamiento a su enfermedad. El encerrarlos y aislarlos, sólo provoca mayor prejuicio entre la sociedad fuera de las rejas de los neuropsiquiátricos. Es decir, que en el momento en que a un paciente se le da el alta, e intenta tener una vida “normal”, la sociedad no se lo permite por el estigma de haber estado internado. Por ser un “loco” o un “demente”.
Italia fue el primer país en promulgar, en 1978, la reforma en salud mental. Cambió los hospitales por servicios comunitarios abiertos las 24 horas. Estos centros proporcionan atención médica, rehabilitación, asistencia social y, cuando es necesario, tratamiento intensivo en los episodios agudos. Se crearon varios apartamentos protegidos para proporcionar un entorno “no médico” y acogedor a los enfermos crónicos y de mayor gravedad.
En América Latina el primer paso lo dio Brasil, donde los pacientes llevan adelante el programa y luchan para llevan a cabo la reforma, junto con los profesionales y parte de la sociedad. En la ciudad de Santos, ubicada en el estado de San Pablo, las viejas instituciones han dejado su lugar a nuevos entornos asistenciales donde los usuarios ejercen empleos remunerados en cooperativas.
En cuanto a Argentina, la implementación es un poco más complicada ya que como todo cambio no es ajeno a manifestaciones en desacuerdo. Estas visiones se fundamentan con claras y hasta realistas explicaciones. Plantean que antes de cerrar los nosocomios habría que reforzar muchas cuestiones relacionadas a la salud pública.
Se debería rever el presupuesto que el Estado brinda para el tratamiento de cada paciente y para el mantenimiento de los hospitales públicos generales; como así también la capacitación de médicos y la creación de centros asistenciales con grupos interdisciplinarios. Además de la formación de talleres donde se les enseñe un oficio para que -una vez que tengan el alta- puedan reinsertarse en la sociedad de la mejor manera posible.
Otro problema que surge es qué hacer con al gente que no tiene familiares, para las cuales el hospital es “su casa”. Bien o mal tienen un techo que los resguarda de la lluvia y el frío, un plato de comida caliente y afecto que tanta falta les hace para sobrellevar su soledad. Asimismo comparten su tiempo con otras personas que están en la misma situación que ellos y, lo más importante, no se sienten discriminados.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde la sanción de la ley data del 27 de julio de 2000, todavía no se han hecho avances al respecto. Según una estudiante de psicología que ha acudido a charlas en el hospital Borda “actualmente existe solo una casa en Capital Federal donde se albergan a pacientes cercanos a ser dados de alta”. Además no deben ser alcohólicos ni drogodependientes, y por su parte el gobierno les da 800 pesos mensuales a cada paciente externalizado para comprar alimentos y compartir impuestos.
A su vez, se dice que “el proyecto de desmanicomización, apunta al cierre de los hospitales neuropsiquiátricos y la privatización de la salud mental, tal como ya se viene haciendo con la derivación de pacientes a las clínicas privadas, por las que el gobierno de la Ciudad paga alrededor de 3.000 pesos mensuales”. Es decir que se traspasa dinero que podría ser utilizado en beneficio del sector público, al privado.
Los médicos que trabajan en estas instituciones hacen énfasis en que las condiciones sociales y económicas que en la actualidad se encuentra Argentina, no son favorables para una externalización de pacientes con trastornos mentales.
Distintos análisis, sostienen que las condiciones en las que viven los internados de los hospitales neuropsiquiátricos argentinos no son las mejores. Las denuncias por violación a los derechos humanos, una red de prostitución que utilizaba a las internadas en “el Moyano”, y presuntos experimentos farmacológicos, están a la orden del día. No es necesario ser un especialista para ver cómo la infraestructura se viene abajo, o que la gente duerme con colchones en el piso, sin las mínimas condiciones de salubridad.
Sin embargo, cabe preguntar: ¿qué situación les esperaría fuera de esos lugares?
Algunos sostienen, que el privar a una persona de su libertad por una discapacidad -mental en estos casos- es la principal violación de los Derechos Humanos. Fuera de las paredes de las instituciones psiquiátricas, la discriminación, el perjuicio y la falta de solidaridad que lamentablemente caracterizan a nuestras sociedades, seguramente no son el remedio más saludable para personas con trastornos mentales.
Hay muchas cosas que cambiar en la Ciudad de Buenos Aires antes de cambiar los neuropsiquiátricos por casas de medio camino o centros asistenciales sin internaciones prolongadas. Mientras tanto, es un deber de cada Gobierno dar atención real a los internados. Es necesario el cuidado de las instalaciones, la solución de problemas salariales que hay con los trabajadores de la salud mental, como también la creación de talleres o actividades que de a poco ayuden a los internos a reinsertarse en la vida social.
Especialistas coinciden en que la realidad actual argentina (en el caso de la ciudad de Buenos Aires) demuestra que en unos años más la desmanicomización puede llegar a ser una ley nacional. Hasta el momento sólo hay leyes provinciales vigentes en las provincias de Río Negro y San Luís.
El objetivo futuro -quizá utópico- tendría que ser que las personas que sufren una enfermedad mental puedan caminar por la calle sin el karma de haber sido encerrados en un “loquero”.
*Alumna del Seminario “Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos”, que se dicta en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.