Argentina – El debate intelectual, un aporte para traducirse en acciones
Eduardo Lucita, Guillermo Almeyra
El mundo de las ideas se ha visto sacudido, en plenas vacaciones y bajo un verano que no da respiro, por la aparición de núcleos de intelectuales que interpelan la realidad desde distintas orientaciones políticas. Al ya conocido colectivo denominado Carta Abierta, se han sumado ahora Argumentos para la igualdad, y Plataforma 2012, y antes La Asamblea de Intelectuales, que a diferencia de los anteriores está integrada por quienes sostienen una posición decididamente anticapitalista.| EDUARDO LUCITA – GUILLERMO ALMEYDA.*
Cabe preguntarse cual es la razón del surgimiento de estos agrupamientos que no constituyen expresiones meramente académicas sino fuertemente políticas.
Es conocido que Carta Abierta nació en el 2008, al calor del conflicto por la resolución 125, como apoyatura al gobierno nacional al que veían amenazado por una acción que suponían «destituyente» motorizada por la oposición de derecha subordinada a los intereses corporativos del capital agrario. También lo es el origen de La Asamblea de Intelectuales, la misma se referencia en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y surgió en el marco de la campaña electoral por superar el piso antidemocrático fijado como requisito en las primarias de las últimas elecciones presidenciales y que tuvo repercusión en los ambientes universitarios.
Menos conocido pero más mediático es Plataforma 2012, que se referencia en la oposición mayoritaria Frente Amplio Progresista (FAP), aunque también esta integrado por intelectuales que forman parte de Proyecto Sur. Por último Argumentos por la Igualdad, que no se diferencia mayormente de Carta Abierta salvo porque su apoyo al kirchnerismo no es directo sino a través de Nuevo Encuentro (NE) y que nuclea a intelectuales, pero también a dirigentes sindicales.
Sin embargo no pareciera ser que la sola referenciación política explique este florecer de la intelectualidad más politizada, sino que seguramente responden a algo más profundo. Esto es, no surgen en el «aire» como diría el filósofo italiano Antonio Gramsci, por el contrario expresan lo que se está sustanciando en las bases mismas de la sociedad, cruzada por debates e interpelaciones acerca del rumbo del país, sus posibilidades y su futuro, el modelo, sus aciertos y sus incongruencias.
Agenda compartida
No pasa inadvertido al lector interesado que los tres primeros agrupamientos contienen y comparten, aún con diferencias y omisiones, argumentaciones y críticas de carácter progresista sin abandonar o transgredir el sistema del capital.
Así, han expresado su preocupación por la extensión de la soja a costa de los campesinos y de la alimentación popular; por la degradación ambiental y la agresión a los pobladores originarios; por la contaminación y el derroche de los recursos hídricos que causa la gran minería; por la media sanción de la llamada Ley Antiterrorista; por la impunidad en los casos de luchadores sociales asesinados; por distintas formas represivas de las huelgas y luchas populares; por la hipocresía con que los gobernantes, jueces y médicos violan la ley e impiden abortar, por ejemplo, a una niña de 11 años violada. Promueven también una mayor igualdad en la sociedad.
Toda una agenda de temas progresistas que, quienes nos identificamos en una perspectiva anticapitalista, no dejamos de compartir, aunque se difiera en las caracterizaciones.
Reflejos de la sociedad
No desconocemos que la igualdad bajo el sistema del capital no es posible, precisamente porque el capitalismo se sustenta en esa desigualdad y tiende a recrearla sistémicamente, pero es posible juntar fuerzas para atenuarla.
Por eso mismo parece un grueso error no valorar positivamente el surgimiento de estos agrupamientos y del debate que está implícito en ellos y entre ellos, como también lo sería poner el acento en el posible doble discurso de quienes allí se nuclean. Caracterizaciones y actitudes de tipo aparentemente purista resultan absolutamente estériles y paralizantes.
Por el contrario, pensamos que los diversos grupos de intelectuales representan o expresan determinados sectores políticos en la lucha intercapitalista, que la crisis mundial estimula también en nuestro país. Sus críticas o buscan convencer al gobierno para que corrija parcialmente o haga una política diferente a la actual, lo que entraría en contradicciones con su carácter y sus intereses, o buscan debilitarlo para reemplazarlo posteriormente por un sector que, lo más probable, termine aplicando políticas similares a las que ese agrupamiento critica.
Entendemos que estos posicionamientos lejos de constituir maniobras telecomandadas por grupos de poder, expresan también en su seno la preocupación legítima y democrática de muchos intelectuales que los integran o que forman parte del ambiente donde ellos actúan. Sin embargo el punto central para nosotros es que reflejan, en menor o mayor medida, deformadamente o no, la presión de los sectores oprimidos y explotados en defensa de sus conquistas, su nivel de vida, los bienes comunes y las cuestiones democráticas.
Acciones en común
Es en este marco más general que es posible impulsar un conjunto medidas que seguramente contarían con el apoyo de muchos de los intelectuales que, reconociéndose de un cuerpo teórico anticapitalista, no tienen un grupo de referencia o que incluso integran la Asamblea del FIT.
Por ejemplo, para reducir la injusticia social se pueden aunar esfuerzos por modificar las leyes tributarias, que hoy descansan sobre los impuestos indirectos, por revisar los subsidios a las grandes empresas y también las exenciones impositivas que las benefician y por reponer los aportes patronales a la seguridad social eliminados en los ’90.
Para ejercer justicia contra los asesinos y opresores, se pueden iniciar acciones comunes de denuncia y exigencias de aplicación de la ley. Como también contra la gran minería y la solidaridad con los pueblos hoy reprimidos por rechazarlas; en defensa de los pequeños campesinos y poblaciones originarias amenazados por los sojeros, sumando a ellos el esfuerzo común.
La Ley Antiterrorista puede ser enfrentada en conjunto para evitar su sanción definitiva por el Senado o para impulsar su veto, y los jueces y gobernantes ultraclericales que se niegan a cumplir con las leyes que protegen a las mujeres más pobres pueden ser repudiados y dadas a conocer sus figuras y por campañas que les quiten su anonimato e impunidad.
En definitiva, la coyuntura política brinda una oportunidad para que, manteniendo las diferencias y las identidades políticas existentes, se busquen los puntos en que se pueda construir una acción política común por el sostenimiento y defensa de los derechos de los trabajadores y sectores populares, de los bienes comunes y la ampliación de la democracia.
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* Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda). Guillermo Almeyra es historiador y periodista.
En www.argenpress.info.