Argentina, tierra y casa: necesidades, no derechos
Era ocho de diciembre —hace un año—, día de la virgen. Bernardo Salgueiro había ido a marcar su lote donde construir una vivienda para su familia, pero terminó asesinado por una fuerza de seguridad del Estado. Igual suerte corrieron Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez. Usted, lector informado que conoce el hecho, ¿acaso recordaba esos nombres?). | COLECTIVO EDITORIAL.*
El caso fue conocido por el escándalo ocasionado por la ocupación de un predio estatal en la sobrevaluada Capital Federal, más que por las muertes mismas De un año a esta parte hubo otros nombres propios, otras historias de desamparo, de familias desposeídas velando sus muertos por defender un pedazo de tierra: Benigno López de la comunidad qom La Primavera de Formosa y Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan Velázquez, en otro asentamiento precario en tierras de la empresa Ledesma, en General San Martín, Jujuy.
Es que “las ocupaciones de tierras y viviendas han representado en la historia reciente la forma más común de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores populares” en nuestro país, explica la relatora de Naciones Unidas en temas de Vivienda Raquel Rolnik. El gobierno —el de la Ciudad de Buenos Aires o el nacional— aquella vez de la ocupación tan escandalosa en la capital debe haber dado una respuesta a las familias, en vez de promesas y de nuevo el abandono… Entonces el gobierno —el de la ciudad o el nacional— debe haber creado un Ministerio Nacional de la Vivienda y el Hábitat en vez de un Ministerio de Seguridad para controlar mejor a las fuerzas intervinientes en futuros desalojos…
Estamos acostumbrados. Sin embargo, si por un segundo tomamos dimensión histórica, el dato es apabullante. Según el Banco Mundial en 2010 el 50,9% de la población mundial vivía en zonas urbanas. Por primera vez en la entera historia de la humanidad más de la mitad de nosotros está urbanizado.
Este hecho, que acarrea consecuencias sociales, culturales, económicas, de salud pública, políticas, educativas y en tantos otros terrenos se entrelaza con otro que completa su significado. De los 7.000 millones de personas que las Naciones Unidas calculan que somos, unos 200 millones carecen de vivienda y 1.200 millones viven en casas “inhabitables o indignas”, siempre según las particulares definiciones de los diseñadores de estadísticas. Entre ambas cifras representan un 20% del total: una genuina urbanización capitalista, ¿símbolo de progreso y civilización?
Hace un año en nuestro país 13.333 personas fueron censadas tras ocupar el Parque Indoamericano de la ciudad de Buenos Aires, buscando un acceso a su propia vivienda. Según cifras oficiales, sólo en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 850.000 familias que padecen problemas de vivienda y de acceso a la propiedad de la tierra y más de 800 villas y asentamientos, muchos de ellos establecidos en los últimos diez años. Además de la inmigración de los países hermanos limítrofes, su crecimiento tiene que ver con la continuación de las transformaciones en el campo argentino.
La expansión de la frontera agraria y el modelo de la agricultura industrial transgénica implican la expulsión de campesinos, pequeños productores y comunidades indígenas que habitaban tierras anteriormente improductivas o poco rentables. Su destino es engrosar los cordones de miseria de las grandes urbes.
Las autoridades nacionales tienen una forma muy particular de hacerse cargo de la situación. Tras la ocupación del Indoamericano, que incluyó el asesinato todavía impune de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez por la sinergia de las balas federales y metropolitanas, la respuesta más directa fue la creación del Ministerio de Seguridad. ¿No hubiera sido posible y más lógico crear un Ministerio de la Vivienda? Las autoridades locales, por su parte, directamente acudieron a los peores imaginarios xenofóbicos de la población para esconder sus responsabilidades.
En Soldati, por otra parte, el cementerio de autos sigue ahí y las soluciones prometidas quedaron sólo en promesas. ¿Cuándo figurará en las consabidas encuestas de preocupación ciudadana la opción del techo propio? Quizás entonces desde la política cambie la percepción del problema y en los grandes diarios pase de la sección policiales a la de economía, política o interés general.
Para completar el cuadro es necesario recordar que además existe una causa judicial abierta contra varios de los referentes sociales involucrados en la toma. El cóctel incluyó balas policiales y causas judiciales. Mónica Ruejas, Alejandro “Pitu” Salvatierra, Diosnel Pérez Ojeda y Luciano “Tano” Nardulli están imputados por usurpación en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero el problema habitacional no es sólo exclusivo de los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo sino que, de manera menos brutal, también involucra a grandes franjas de las clases medias.
En las ciudades los alquileres aumentan de acuerdo al más genuino apetito del negocio inmobiliario, sin una firme regulación estatal que los frene y establezca condiciones razonables. En el caso de la compra de propiedades la cosa es aún más difícil. Los precios crecen permanentemente, fogoneados por inversores que encuentran en los “ladrillos” un destino rentable y seguro para sus ganancias, teniendo en cuenta la incertidumbre actual de las apuestas financieras y la endémica falta de vocación del empresariado argentino de reinvertir en la producción.
En algunas grandes ciudades como Rosario, centro del complejo sojero, la relación entre la renta de los campos y la construcción de grandes y lujosas torres es directa y hasta obscena. ¿Cuántas de esas viviendas van a permanecer vacías mientras millones no pueden acceder a la propia? La utilización de la vivienda como mercancía no sólo desvirtúa y desarregla el diseño y la planificación del espacio urbano sino que también choca contra una de las necesidades más arcaicas y elementales de la reproducción de la vida humana.
El crédito hipotecario, por otra parte, es mínimo y en condiciones usurarias. La banca pública lanza espasmódicas campañas destinadas a un restringido sector de la clase media mientras la banca privada, liberada de cualquier regulación al respecto por la legislación vigente proveniente de la dictadura, prácticamente ignora este segmento comercial.
Distintos analistas calculan el déficit de viviendas argentino en alrededor de tres millones. Aún teniendo en cuenta las políticas activas del Estado nacional en la construcción de soluciones habitacionales, el resultado evidentemente es insuficiente. ¿Habrá llegado el momento de pensar en una reforma urbana que disponga la prioridad del uso social de las propiedades antes que su atesoramiento como una mercancía más?
* www.marcha.org.ar