Argentina y Malvinas: Contra el garito colonialista
Y agrega: “Cualquier planteamiento que debamos realizar a la República Argentina cuenta con los canales necesarios para ello. Pero los aspectos bilaterales constituyen otro capítulo y no es ni intelectual ni políticamente válido confundirlos en este caso. Parece además sorprendente que para algunos actores políticos resulte un atentado a la soberanía la eventual receptividad a los planteos de un vecino, como Argentina (respecto de las Malvinas), pero no sería atentado a la soberanía ceder ante las pretensiones administrativas de los colonos respecto de los pesqueros”.
En cuanto al supuesto perjuicio económico para Uruguay, que consistiría en el lucro cesante de los operadores portuarios, “cabe señalar que no todos los pesqueros del Atlántico Sur navegan bajo el irregular pabellón de conveniencia otorgado por los colonos. Es seguro que éste sea un porcentaje muy menor del total y que el lucro cesante sea en consecuencia, de existir, marginal. Por otra parte, la reciente declaración del Mercosur en la Cumbre de Montevideo, asegura que todos los países de la región actuarán según este mismo criterio”.
Añade el documento: “Pero lo cierto es que el argumento, más que económico, posee implicaciones de naturaleza política e implica cohonestar el expediente de la administración colonial dependiente del Reino Unido, que extiende permisos de uso de una bandera de conveniencia, que no se corresponde a ningún Estado soberano –ni siquiera autónomo o estatal–, desde que las Islas integran el listado de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. Se trata pues de una medida adoptada en el marco del diferendo con Argentina. Dichas embarcaciones podrían navegar bajo cualquier otro pabellón, accediendo así a los puertos nacionales”.
Para reforzar la argumentación, el documento de los dirigentes blancos recuerda que “las Islas Malvinas constituyen parte integral e indivisible del territorio argentino. Fueron ocupadas en 1833 por Gran Bretaña, que ejerce desde entonces una posesión de facto. Dicha ocupación fue siempre contestada y ningún derecho puede derivarse de la mera prórroga material de esa acción ilegítima, así como de supuestos actos de imperio dictados por los ocupantes”.
También rescata la resolución 2065 de las Naciones Unidas, dictada el 16 de diciembre de 1965, que “invitó a los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones, lo que ha sido objeto de incumplimiento contumaz por parte de la potencia ocupante”.
En uno de sus párrafos más contundentes afirma: “El puerto de Montevideo no puede ser un garito colonialista, expresó una vez Wilson Ferreira Aldunate, honrado por la Universidad Nacional de Lanús con el premio Malvinas Argentinas. Y Alberto Methol Ferré alertaba sobre el que se nos convierta en un Hong Kong rioplatense, plaza fuerte de custodia y emplazamiento neocolonial. Por no mencionar a Artigas, en su apelación constante a los Americanos del Sur y al mismo fundador del Partido Nacional Manuel Oribe, víctima de bloqueos de potencias extranjeras por su defensa de la soberanía americana. Estas y otras voces relevantes de nuestra historia en diversos partidos políticos y corrientes históricas e intelectuales nos llaman hoy la atención sobre los riesgos y distorsiones propios de una lectura parroquial y aldeana de la realidad internacional”.
Los dirigentes blancos llaman a que sea “objeto de concertación” lo que definen como “política platense”.
Mujica no lo diría de otra manera. Con orígenes en las raíces blancas del interior uruguayo, el cofundador del movimiento tupamaro y ex dirigente de los cañeros de Bella Unión como Raúl Sendic, el líder tupamaro histórico, el actual presidente suele hacer suya la visión de la historia que critica las fricciones del siglo XIX entre Montevideo y Buenos Aires.
Más allá de la historiografía, la novedad principal es que Mujica eligió mantener una relación privilegiada con la Argentina como condición nacional uruguaya. En 2010 no sólo levantó la bolilla negra que impedía la designación de Néstor Kirchner como secretario ejecutivo de la Unasur, bolilla negra esgrimida por Tabaré, sino que junto con el canciller Luis Almagro tuvo la paciencia de esperar que la Argentina resolviera por sí misma el conflicto generado con Uruguay por la desproporción de un pequeño grupo de habitantes de Gualeguaychú.
Del lado argentino, Cristina Fernández de Kirchner, el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el canciller Héctor Timerman dieron por cerrado el conflicto político de los puentes y entendieron que el litigio no podía hipotecar las relaciones con Uruguay. Un buen ejemplo de política platense.
*Analista del diario Página 12, Argentina